Editorial: La sentencia de los votos

El lunes 30, el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, deberá analizar el pedido del equipo especial Lava Jato para aplicar, como medida preventiva, la suspensión de las actividades políticas del partido Fuerza Popular por dos años y medio. Una acción que, como es evidente, le impediría a la agrupación participar en los comicios del 2021.

Como se sabe, la fiscalía se encuentra investigando al partido fujimorista, a su lideresa Keiko Fujimori y a otros de sus miembros por los delitos de lavado de activos como integrantes de una presunta organización criminal. Así, se les imputa haber recibido US$1,2 millones de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas de los años 2011 y 2016 y el ejercicio de distintas medidas para que la naturaleza de esos aportes no se transparentase.

Los argumentos del referido grupo de trabajo del Ministerio Público para pedir la suspensión del conglomerado fujimorista son múltiples y se sustentan en el supuesto uso de este como herramienta para la comisión de los crímenes descritos y en la posibilidad de que se haya “instrumentalizado” el mismo para obstaculizar las acciones de la justicia. En concreto, señalan que uno de los fines de Fuerza Popular, de alcanzar el poder, sería retribuir el dinero que habría recibido ilícitamente y emplear su fuerza en el Parlamento para obstruir acciones judiciales en contra de sus miembros.

Desde este Diario, en el transcurso del Caso Lava Jato, hemos tomado muy en serio los avances que el equipo encargado ha ido presentando sobre diversos personajes. Como medio de comunicación, nos ha sido imperativo que el lector sepa de qué se acusa a las personas por las que alguna vez votó o por las que podría votar. Dicha información es clave para que los ciudadanos puedan decidir si castigan o premian a algunos políticos en el próximo proceso electoral. Ese es, en fin, el terreno donde los partidos deben fortalecerse o morir, no en los tribunales.

No hay duda de que la investigación que se le sigue a la señora Fujimori y a algunos de sus adláteres es grave, pero también es cierto que la fiscalía aún no concreta una acusación contra ninguno de ellos, ni mucho menos una condena. La suspensión de la organización, más que una medida preventiva, podría entenderse como una sanción adelantada, especialmente si se concreta a poco de los comicios del 2021. Sin mencionar que le quitaría a quienes puedan sentirse representados políticamente por el partido la posibilidad de elegirlos.

La ciudadanía, por su lado, ya ha dado señales de cómo evalúa el desempeño de Fuerza Popular, tanto en el Parlamento disuelto como en la arena judicial. De hecho, en enero de este año obtuvo 58 curules menos de las que consiguió en el 2016. En ese sentido, cualquier preocupación que pueda haber por que vaya a volver a tener la fuerza suficiente para plantear obstáculos a la justicia podría ser descaminada.

El equipo especial Lava Jato, y lo hemos dicho en más de una ocasión, se ha caracterizado por la independencia con la que conduce sus pesquisas –que han incluido a políticos de todo lado del espectro ideológico y a empresarios de toda índole–. La posibilidad de que las medidas que buscan implementar tengan impacto directo en una contienda política puede echar dudas sobre esa imparcialidad y alimentar los discursos de quienes buscan sabotear su trabajo. Especialmente si parte de la preocupación se sustenta en cómo usaron el poder político y, en consecuencia, en cómo lo usarían de volver a ejercerlo, cuando el desenlace de la elección aún es incierto y materia de especulaciones que solo conciernen a los que analizan la política.

En suma, el partido fujimorista, y cualquiera que pueda hallarse en trances similares, no debería ser librado de la sentencia que vayan a dictar los votos en el 2021.