Editorial: ¿Nada que declarar?

Debido a los destapes sobre asuntos turbios (o abiertamente delictivos) que marcaron el perfil de la anterior representación nacional y el posterior despliegue de blindajes que el país contempló indignado, la palabra ‘transparencia’ fue de seguro una de las más socorridas durante la campaña para las elecciones parlamentarias que se celebraron el pasado 26 de enero.

Pero así como existe un dicho que afirma que “una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón”, debería existir otro que proclamase que “una cosa es la campaña y otra cosa, la elección”, pues ya con la curul asegurada, no pocos de los beneficiados por el voto popular han empezado a mostrar síntomas de una cierta renuencia a cultivar la transparencia que tanto mentaron cuando trataban de persuadir a la ciudadanía de respaldarlos en las ánforas.

El comportamiento en cuestión se ha puesto de manifiesto a propósito de la presentación de las declaraciones de bienes y rentas, y la de intereses, que se les demanda a los futuros legisladores. Como se sabe, la primera consiste en un registro “de los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos, propios del obligado y comunes del matrimonio”, así como de los derechos o participaciones que estos “mantengan con empresas, corporaciones, sociedades, asociaciones, fundaciones o cualquier otra forma asociativa privada”. Y es obligatoria para jurar el cargo de congresista.

La segunda, en cambio, incluye, entre otros ítems, información sobre empresas en las que el declarante “posea alguna clase de participación patrimonial”, sobre las representaciones, poderes y mandatos que le puedan haber otorgado personas naturales o jurídicas, sobre su participación en directorios y cuerpos colegiados semejantes, sobre empleos y asesorías en los sectores público y privado, sobre intervenciones en comités de selección de licitación pública y, finalmente, sobre las actividades y ocupaciones de quienes integran su grupo familiar. Y su presentación no es obligatoria para jurar el cargo, pero sí tendría que entregarse para el 20 de marzo.

Como resulta evidente, el objetivo de ambas es que todos estemos enterados de antemano de los posibles conflictos de interés en los que podría incurrir un parlamentario mientras se desempeña como tal. Es decir, la transparencia.

De acuerdo con la presidenta de la Junta Preparatoria, Mónica Saavedra (de Acción Popular), sin embargo, hasta hace dos días, solo 80 de los 130 congresistas electos habían cumplido con presentar el primero de los referidos documentos. En lo que concierne al segundo, por otra parte, no llegaban a cinco. Y existe una resistencia en parte de la próxima representación a hacerlo en ocasión alguna.

Las razones esgrimidas para ello tienen que ver en general con lo engorroso del trámite y con la circunstancia de que el origen de la exigencia es un decreto de urgencia emitido por el Gobierno. El candidato a la presidencia de la Mesa Directiva, Manuel Merino (de Acción Popular también), por ejemplo, ha advertido: “Tras la juramentación, los voceros deberán, en conjunto, tomar la determinación [de] si se presenta o no”.

La verdad, no obstante, es que si la obligatoriedad de algunas de estas declaraciones es suprimida o el rigor de algunas de las precisiones que requieren es relajado, se habrá perdido un valor esencial de la renovación política que este proceso buscaba y se estará enviando una pésima señal a los ciudadanos que con tanta desconfianza acudieron recientemente a las urnas. ¿Es que acaso los legisladores en ciernes pretenden que los ciudadanos asumamos de pronto que, como algunos de los viajeros que prefieren ahorrarse el trámite de la aduana, no tienen nada que declarar?

Ojalá aquellos que sí comprenden la dimensión de este problema hagan reflexionar a sus colegas antes del cumplimiento de los plazos que hemos señalado, porque si no, habremos empezado mal. Y ya se sabe cómo acaba lo que mal empieza.