Editorial: El régimen del error

En medio del escándalo en que está envuelta por las coimas que pagó en nuestro país –al igual que en tantos otros de Latinoamérica y África– para obtener licitaciones de obras públicas a lo largo de no menos de 15 años, la empresa constructora brasileña Odebrecht divulgó hace dos días, en su página web peruana, un comunicado en el que desliza una caracterización de su conducta tendenciosa e inaceptable.

En el documento, efectivamente, Odebrecht señala que “es necesario pedir profundas disculpas a la sociedad” (debemos suponer que se refiere a la que conformamos los peruanos) y a sus casi 10 mil trabajadores “por los graves errores cometidos por ex dirigentes”. Y, además, reitera “su firme determinación en buscar alternativas para que los proyectos en marcha sigan adelante”.

Con ello, la empresa sugiere, primero, que los actos de corrupción no fueron deliberados, sino casuales (¿o es que acaso los errores pueden ser voluntarios?). Segundo, que los mismos no obedecieron a una política orgánica de la compañía y fueron, más bien, consecuencia de las decisiones de ciertos ‘ex dirigentes’. Y, tercero, anuncia su deseo de seguir operando en el país.

Lo cierto, sin embargo, es que los sobornos fueron un instrumento del que Odebrecht se valió consciente y sistemáticamente para sacar adelante sus proyectos, y que involucraron a una cadena de mando que, de no ser por su entraña profundamente delictiva, tendría que ser llamada ‘institucional’.

Apoyan a este argumento el hecho de que el principal inculpado en todo el proceso que se sigue en Brasil por este escándalo sea el ex CEO de la empresa Marcelo Odebrecht (quien viene participando de una ‘delación premiada’), así como la comprobación de que existió un auténtico departamento de la compañía dedicado a montar y ejecutar las operaciones dolosas.

Como ha dado a conocer el acuerdo entre Marcelo Odebrecht y la justicia americana, en efecto, alrededor del 2006 la constructora erigió una maquinaria dedicada a administrar y pagar los casi US$788 millones que le permitieron hacerse con más de cien proyectos en 12 países –el Perú incluido–. Esta oficina especializada –bautizada como ‘División de Operaciones Estructuradas’– gestionaba las coimas utilizando programas informáticos para llevar el conteo del dinero y programar los pagos a políticos y autoridades. 

Del mismo modo, Odebrecht preparó un esquema minucioso para blindar su ‘departamento de sobornos’ y mantenerse fuera de los radares de la justicia. Así, los pagos eran tamizados por hasta cuatro ‘niveles de seguridad’ y licuados en entidades ‘offshore’ y bancos de paraísos fiscales con el fin de enturbiar la ruta del dinero para que sea imposible de seguir. Esta preocupación por ocultar los sobornos llevó a la empresa a adquirir, entre 2010 y 2011, la sucursal de un banco austriaco en Antigua para facilitar las transacciones de coimas. En paralelo a este sistema, la constructora recurrió también a un esquema de pagos menos sofisticado compuesto por los doleiros; personas que transportaban el dinero en efectivo en maletines y mochilas para realizar los pagos directamente.

Todo eso no solo se sabe, sino que está documentado y admitido. Ni ‘errores’ ni iniciativas de ‘ex dirigentes’, entonces: lo que ocurrió no tuvo nada de fortuito; fue, más bien, un régimen minuciosamente calibrado y orquestado desde arriba.

Recién en una entrevista con este Diario y enfrentado a la pregunta de si los sobornos de Odebrecht calificaban como errores y no como delitos, Mauricio Cruz, el nuevo representante de la constructora brasileña en el Perú, admitió ayer que se trataba de delitos. Pero entonces, cabe preguntarse por qué intentaron inicialmente camuflar sus culpas con eufemismos y desplazamientos de la autoría de los delitos. ¿Es así como Odebrecht pretende hacer “todo lo posible para exponer y aclarar en detalle todos los hechos, haciendo que la justicia llegue a todos los involucrados, permitiendo también el pago de la justa reparación al Estado”?

La verdad es que si todo lo que la constructora brasileña ya había hecho no fuera suficiente para segar sus posibilidades de seguir operando en el país, estas ‘disculpas’ con sabor a maniobra exculpatoria podrían terminar de sepultar sus esperanzas.