La herencia de la gestión Soto

Las gestiones que antecedieron a la del parlamentario Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) en la presidencia del Congreso fueron tan mediocres que dejaron una valla alta para quien quisiera hacerlo peor; el todavía titular del Legislativo, sin embargo, lo ha conseguido. Mientras él ha estado al frente del mencionado poder del Estado, efectivamente, no solo se ha continuado con las actitudes indulgentes frente a mochasueldos, ‘Niños’ o representantes con vocación turística que caracterizaron las gestiones anteriores, sino que se han impulsado iniciativas muy cuestionables, cuyos efectos no tardaremos en conocer.

Buenos ejemplos de ello son dos normas aprobadas recientemente por la representación nacional: una referida al crimen organizado y la otra, a los delitos de lesa humanidad.

En lo que concierne a la primera, de acuerdo con los especialistas, lo que se verá seriamente afectado es la lucha contra ese tipo de crimen en al menos un centenar de casos. Singularmente, en los casos cuya estrategia demanda un allanamiento. En su columna del domingo pasado, nuestro colaborador Federico Salazar explicó bien los problemas derivados de la exigencia, planteada por esa ley, de que el abogado de los allanados esté presente en el lugar antes de iniciarse la diligencia propiamente dicha. Lo que se estropea, como es obvio, es el elemento de sorpresa, esencial para la captura de información u objetos que más tarde puedan gravitar en el proceso que eventualmente se inicie a raíz de los hechos que motivaron el allanamiento en cuestión. Además, la circunstancia de que esta iniciativa haya sido aprobada por un Congreso integrado por bancadas en las que los parlamentarios mismos o los líderes de los partidos a los que estas pertenecen están bajo investigación por diversos delitos da una idea de las dimensiones del conflicto de interés que ella comporta.

En lo que toca a la ley que precisa las características de los crímenes de lesa humanidad –y echamos aquí mano del verbo ‘precisar’, porque es el que se utiliza en el texto de la norma–, ya el Ministerio Público ha advertido que pondrá en riesgo varios (y emblemáticos) procesos en curso, como los de la masacre de Soras, Madre Mía, Putis, Pativilca y también el que comprende al exministro del Interior y excongresista Daniel Urresti (actualmente en prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988). En realidad, serían más de 500 las víctimas a las que la “precisión” afectaría; sobre todo, aquellas que están relacionadas con asesinatos y masacres ocurridas en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Los juicios derivados de esos hechos, vale la pena insistir, no son importantes solo por el resarcimiento de las familias de las víctimas, sino también porque acercarse a la verdad en las materias que abordan es una forma de sanar las heridas que dejaron. Los procesos judiciales son una herramienta irremplazable para la reconstrucción de los hechos, pues los magistrados pueden citar a testigos y ordenar diligencias, prerrogativas de las que el periodismo de investigación no dispone.

Ambas normas, desde luego, podrían y deberían ser observadas por el Ejecutivo, pero las evasivas de la presidenta Dina Boluarte ante las preguntas sobre el particular que la prensa le planteó en su reciente aparición pública hacen temer que eso no sucederá. Lo único que observan la mandataria y sus ministros desde hace tiempo es un comportamiento de sumisión y apocamiento frente a la mayoritaria coalición parlamentaria que está detrás de estas y otras iniciativas igualmente perniciosas.

Cuando, dentro de dos semanas o menos, se elija al sucesor de Alejandro Soto en la presidencia del Legislativo, nos quedaremos con la pobre herencia de su gestión. Y, lamentablemente, no hay razones para abrigar mucho optimismo a propósito de quién vaya a tomar la posta respecto de lo que parece ser ya una tradición en este Congreso, de legislar anteponiendo los intereses propios en desmedro de los de la nación, incluso pasando por encima de las observaciones técnicas y las críticas que instituciones y organismos de la sociedad civil puedan formular.