Asistencia fantasma

La función de un congresista consiste en legislar, fiscalizar y ejercer labores de representación. Para ello, es imprescindible que los legisladores asistan y realicen su labor en las comisiones ordinarias a las que pertenecen, puesto que estas son el corazón del trabajo legislativo: allí se analizan proyectos de ley, se fiscaliza al Ejecutivo y se escuchan las opiniones técnicas que advierten los posibles impactos negativos de las propuestas a las que nos tienen acostumbrados nuestros legisladores. Sin embargo, el actual Parlamento parece no tener claro esta importancia.

Un informe de El Comercio llevó a cabo un análisis de 217 sesiones de comisiones ordinarias realizadas en lo que va del 2025 y reveló una imagen lamentable: solo cinco congresistas asisten en promedio de manera presencial a los debates legislativos y, en al menos 20 sesiones, los presidentes de comisión sesionaron solos ante la inasistencia física de sus colegas.

Esta cifra no es solo una estadística alarmante, sino también el reflejo de una cultura parlamentaria que ha alterado el sentido de lo que significa una representación democrática. La asistencia no presencial, implementada como una herramienta durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 en el 2020, se ha convertido en la excusa perfecta para que los legisladores eludan sus responsabilidades. Y es que, si bien el pleno del Congreso retornó a la presencialidad obligatoria en abril del 2024 –aunque la propia presidencia del Legislativo a cargo de Eduardo Salhuana ha tenido una oportuna flexibilidad al respecto manteniendo una sesión presencial y una semipresencial del pleno cada semana–, las comisiones ordinarias permanecen como espacios fantasmales. Esto, a la larga, deriva en un importante número de leyes aprobadas sin un análisis profundo, sin debate real y con errores que, como se ha observado en diversos casos, el propio pleno corrige luego incluso de que se hubiesen promulgado.

Como hemos señalado anteriormente, el Parlamento actual ha mostrado una preocupante tendencia al abandono de sus funciones constitucionales. Ya lo vimos con el caso de la congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien pretendía extender indefinidamente su licencia para permanecer en el extranjero, participando solo virtualmente.

Las propuestas de la congresista Lady Camones (APP) de establecer un mínimo de 70% y la del propio Salhuana –realizada tras la publicación del referido informe– que plantea un mínimo de 50% de asistencia presencial en las sesiones de comisión resultan sensatas, pero no debería ser necesaria una norma para obligar a los legisladores a cumplir adecuadamente el trabajo para el que postularon y fueron elegidos por la población para cumplir.

Actitudes como esta explican la alta desaprobación que registra el Congreso, puesto que evidencian un desprecio por el mandato ciudadano y la falta de compromiso para con sus funciones. El Parlamento debe entender que la democracia no se ejerce desde la asistencia fantasma y el poco compromiso con su labor, sino con responsabilidad; es decir, tomándose en serio el cargo y las funciones para los que fueron elegidos.