Cancelado contumaz

En una resolución emitida el 28 de enero pasado, la Corte Suprema ratificó en segunda instancia –es decir, de manera definitiva– la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro) y ordenó el cierre de todos sus locales. Como se sabe, poco tiempo antes el mismo Poder Judicial había dictado esas medidas en primera instancia. La corte confirmó en esta ocasión que, como las siglas con las que se identifica a la mentada organización política sugieren, Antauro Humala era el líder del colectivo y promovía en sus mensajes atentados contra la vida. Una circunstancia que recuerda la condena que este cumplió por homicidio agravado, rebelión y otros delitos en el contexto del ‘andahuaylazo’ de enero del 2005.

Este Diario, sin embargo, ha comprobado que el cancelado partido sigue realizando actividades en su sede principal del jirón Quilca, en el Centro de Lima. Durante este mes, en efecto, ha celebrado allí no menos de cuatro eventos y, en un caso, con la participación del propio Antauro Humala.

Consultado sobre el particular, el representante legal de la agrupación, Rubén Ramos Zapana, dijo a El Comercio que cerrarán sus locales cuando los notifique el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mientras no haya una notificación de ese origen, argumentó, ellos no están obligados a proceder con el cierre. Es preocupante, desde luego, que la Corte Suprema no haya notificado todavía su resolución a la referida institución y que el partido de Humala figure aún en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Pero la verdad es que la sentencia judicial que nos ocupa tendría que haber sido ejecutada de inmediato.

La agrupación, mientras tanto, ha presentado un recurso de casación ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema para invalidar el fallo que pesa sobre ella, pero al ser esa misma corte la que resolvió el caso en segunda instancia, es meridianamente claro que el recurso será declarado improcedente. Como sostiene el abogado penalista Vladimir Padilla, el disuelto partido está actuando de mala fe al decir que todavía no le han declarado la nulidad. Estamos simplemente ante una organización cancelada contumaz. Esto es, que pretende ignorar los mandatos judiciales que pesan sobre ella o rebelarse contra ellos. Una característica que comparte, por cierto, su sedicioso líder.

Se trata, sin embargo, de una maña postrera que pronto quedará desbaratada. Sobre todo si la Corte Suprema se apresura a notificar de su decisión al JNE.