Editorial: Dependencia central

El aparato público peruano, huelga decir, no es pródigo en instituciones sólidas y eficientes. Muchos ministerios y organismos públicos independientes suelen tener alta rotación de funcionarios, políticas erráticas y poco efectivas, baja credibilidad y liderazgos cuestionables.

Este no es, por supuesto, el caso de todas las instituciones públicas. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a su lamentable papel en el escándalo relacionado a la aplicación irregular de vacunas, es una institución sólida y seria. Lo mismo se debe decir del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quizá la principal isla de excelencia del sector público. Si el Perú ha mantenido la inflación más baja de la región entre los países no dolarizados durante las últimas dos décadas, un tipo de cambio estable, y en general una macroeconomía sana, le debe mucho al buen manejo del BCRP.

Por eso no dejan de llamar la atención los cuestionamientos que recibe la institución –y en ocasiones su presidente, Julio Velarde– de parte de diferentes partidos en competencia electoral. Ayer, la candidata presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza, señaló, a propósito de la continuidad del directorio del BCR y de su presidente en un eventual gobierno suyo, que cree que “es importante renovar a los funcionarios públicos en función de su capacidad”, dado que “no puede haber vacas sagradas ni intocables en el Estado Peruano”. Añadió que le parece “bastante sospechosa” la “obsesión por un personaje que merece mi respeto más allá de las diferencias que podamos tener”, en clara referencia a Velarde.

Las declaraciones, por sí solas, son una afrenta innecesaria a un servidor público que ha cumplido con eficiencia y transparencia su labor; pero el asunto trasciende la permanencia de funcionarios. Paradójicamente, la candidata de JPP manifiesta su compromiso constitucional con la independencia del BCRP al mismo que tiempo que direcciona parte de su actuación. De acuerdo con su plan de gobierno, para reactivar la economía y el empleo se aplicarán políticas monetarias con “tasa de interés de referencia cero y mayores dosis del programa Reactiva Perú”, asuntos que son de plena competencia del BCRP. Unas semanas atrás, la misma aspirante presidencial había manifestado que, en un contexto de bajos recursos fiscales, la emisión de dinero del BCRP sería “una posibilidad que se evaluará en su momento”. Como se sabe, este fue precisamente el tipo de política que llevó a la hiperinflación en la década de los ochenta.

JPP no ha sido el único partido que ha deslizado la posibilidad de interferir con el trabajo del BCRP. Podemos Perú propone que el BCRP compre “todas las deudas de consumo hasta S/35.000”, mientras que Victoria Nacional y Fuerza Popular abogan por expandir el rango de acción del BCRP para darle más responsabilidades que deberá cumplir en función a las ideas de cada partido. Sin duda, curiosa manera de respetar la independencia del máximo ente en política monetaria.

Vale recordar que, de acuerdo con la Constitución y con la Ley Orgánica del BCRP, ningún poder del Estado puede interferir con sus decisiones. Si bien el nombramiento del directorio depende del Congreso y del Ejecutivo, dictar sus políticas de antemano es una flagrante intromisión a su labor e independencia.

Son muy pocas, decíamos, las entidades públicas con la credibilidad y seriedad del BCRP. Sus logros son patentes. Poner en entredicho la fortaleza institucional de uno de los principales pilares de la estabilidad económica por un golpe efectista de campaña es un riesgo que el país no se puede correr. Más bien, si algo pueden prometer los partidos políticos en campaña sobre el BCRP es que nombrarán a personas idóneas, técnicas e independientes, para conformar su directorio. Lo demás, de acuerdo con las normas constitucionales, debería ser simplemente silencio.