El intérprete de las cifras

Desde que ofreció dar un paso al costado si su estrategia contra la inseguridad ciudadana no daba resultados, el titular del Interior, Juan José Santiváñez, ha venido haciendo malabares retóricos para que las cifras encajen en su narrativa. Lamentablemente, estas no lo acompañan (el año pasado se registraron más de 2.000 homicidios; es decir, cinco cada día), pero no por ello el ministro tira la toalla.

Luego de poner en duda las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (“¿quién te dice que las cifras del Sinadef son verídicas?”, le dijo al periodista Omar Mariluz en octubre pasado) y de sostener –sin pruebas– que el sistema estaba contabilizando los atropellos como homicidios, al integrante del equipo ministerial se le ocurrió un nuevo argumento; uno que, curiosamente, ya no niega la veracidad de las cifras, sino que trata de justificarlas. “Definitivamente toda pérdida de vida es lamentable, pero de los fallecidos [por homicidio], más del 70% eran personas con antecedentes penales porque los criminales están pelándose por el control del mercado”, explicó la semana pasada durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso. Una aseveración que bien podría sintetizarse en la frase: “Esos muertos no nos interesan”.

Más allá de que la precisión de la cifra todavía es motivo de debate (este Diario, de hecho, ha tratado de encontrar su fuente sin éxito), la sola invocación entraña varios problemas. El primero de ellos es que, hasta donde sabíamos, la misión del Ministerio del Interior consiste en resguardar la seguridad de los peruanos, independientemente de si estos tienen o no antecedentes. En un Estado de derecho, las autoridades no pueden contemplar que una persona asesine a otra bajo el argumento de que esta última ‘se lo merecía’. Más bien, al plantear la situación de esta manera, el ministro está dejándoles saber a los criminales que pueden continuar acribillándose entre ellos sin problemas.

En segundo lugar, si existen enfrentamientos entre bandas para controlar territorios, es precisamente porque en esos lugares el Estado ha sido desplazado por el crimen. Y esa es una responsabilidad directa del sector que Santiváñez encabeza y del gobierno del que forma parte. Además, los asesinatos entre grupos criminales no ocurren en un universo paralelo; estos toman parte en sitios urbanizados, lo que supone un riesgo para sus habitantes y contribuye a generar la imagen de que la delincuencia se ha desbordado.

Finalmente, haría bien el ministro Santiváñez en dejar de darle vueltas a las cifras y aceptar que estas retratan una realidad que cualquier peruano de a pie podría constatar. Su labor, después de todo, no es interpretar las estadísticas de homicidios; es trabajar para reducirlas.