Editorial El Comercio

Mathias Cormann, secretario general de la , visitó el país la semana pasada para hacer entrega del informe “Estudios económicos de la OCDE: 2023″ y comunicar los avances en el proceso de integración del Perú a este grupo. Como se sabe, la OCDE es una organización de países mayoritariamente ricos que promueve y comparte mejores prácticas de políticas públicas e institucionalidad entre sus miembros. El Perú ha manifestado su interés en unirse desde, por lo menos, el 2015, y en enero del 2022 el consejo de la OCDE decidió iniciar conversaciones para su adhesión.

Ya el año pasado la organización había emitido una hoja de ruta para el Perú. Ahora, el nuevo documento de revisión de la OCDE es más bien un sólido diagnóstico de la situación económica y social del país en conjunto con ciertas recomendaciones. El informe reconoce los enormes avances que ha tenido el Perú en las últimas décadas en términos de crecimiento del PBI, reducción de la pobreza, consolidación macroeconómica, entre otros, pero resalta también varios espacios de mejora. Entre estos destacan, por ejemplo, la política regulatoria, la calidad del gasto público, el combate a la informalidad, la necesidad de mayor recaudación fiscal y la inversión en infraestructura, salud y educación.

De acuerdo con Cormann, en los siguientes meses “habrá 24 comités que harán una revisión exhaustiva de 360 grados de las políticas y prácticas del Perú para hacer recomendaciones sobre qué más se necesita hacer”. Así, si el país desea continuar en esta evaluación, el trabajo por delante será largo. De hecho, posiblemente el principal beneficio de una eventual adhesión a la OCDE, más que la membresía en sí misma, sea el proceso de adecuación de las políticas internas a estándares modernos en materia tributaria, laboral, ambiental, de competencia, etc. El Perú tiene mucho que ganar en la implementación de reformas largamente postergadas y el acceso a la OCDE podría ser una justificación suficientemente potente para emprenderlas.

Fuera del ámbito técnico, es en el espacio político en donde se encontrarán los principales cuellos de botella. Desde el Ejecutivo, y a pesar de la recepción de Cormann por parte de ministros de Estado, el Gobierno no parece especialmente proclive a empujar grandes reformas y mucho menos aquellas que le puedan costar puntos políticos con la ciudadanía o con el Congreso. Este último, por su lado, ha impulsado más retrocesos que avances en sectores claves como educación o combate a la corrupción. A menos que se gane desde ambos poderes del Estado mayor disposición para adoptar las recomendaciones más relevantes, la visita del señor Cormann habrá sido en vano.

Es común, pues, escuchar la crítica respecto de que el Perú no tiene las credenciales para acceder a un club como el de la OCDE. Pero de eso trata precisamente este trabajo: de empujar desde frentes coordinados, con objetivos concretos, para mejorar la institucionalidad democrática, la potencia del Estado, la competitividad del sector privado, entre otros. Si este esfuerzo es exitoso, ya se habrá logrado lo más importante –con entrada a la OCDE o no–.

Van ya por lo menos ocho años desde que el Perú quiso iniciar esta ruta y se percibe que, en realidad, en más de un sentido, hoy el país está más lejos que antes de cumplir con las condiciones para unirse al mundo desarrollado. Es una buena noticia que la parte técnica de análisis de las mejores prácticas globales pueda seguir avanzando con informes y visitas de alto perfil de la OCDE, pero serán al final los políticos nacionales de quienes dependerá implementar o no lo recomendado. Y, en ese sentido, a juzgar por lo sucedido en los últimos años, las expectativas deberán ser, a lo mejor, modestas.

Editorial de El Comercio

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