Una ley criminal

Esta semana, se promulgó una de las peores normas aprobadas por este Congreso (y eso, como sabemos, es mucho decir). En síntesis, la ley elimina del Código Procesal Penal uno de los tres supuestos por los que un juez podía decretar la detención preliminar de una persona: cuando, sin darse una circunstancia de flagrancia, existían “razones plausibles para considerar que ha cometido un delito” y, al mismo tiempo, hubiera “cierta posibilidad de fuga”. A partir de ahora, los magistrados solo podrán ordenar esta medida bajo dos únicos supuestos: para casos de flagrancia y para fugas de centros de detención.

El cambio ha levantado un vendaval de críticas y no es para menos. La detención preliminar ha sido una herramienta clave para evitar que numerosos investigados se fugaran mientras los fiscales avanzaban con sus investigaciones y evaluaban si solicitaban a un juez que dictara prisión preventiva (esto, además, en tiempos en los que a las autoridades se les escapan todo tipo de imputados, desde el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, hasta el excongresista Michael Urtecho). Si esta norma hubiera entrado en vigor tiempo atrás, las autoridades no hubieran podido, por ejemplo, capturar al asesino confeso de la niña de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda en Villa María del Triunfo el fin de semana. Tampoco podrían haber detenido a integrantes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua y Los Hijos de Dios. Y ni qué decir del golpe que hubieran sufrido casos como los de Los Waykis en la Sombra, Puente Tarata, Los Cuellos Blancos del Puerto y un largo etcétera.

Además, este atentado en la lucha contra el crimen tiene el sello de bancadas cuyos líderes se encuentran en problemas con la justicia y podrían eventualmente beneficiarse de él: su origen se encuentra en proyectos de congresistas de Perú Libre y Fuerza Popular, fue incluido en un dictamen en la Comisión de Justicia presidida por el partido del prófugo Vladimir Cerrón y aprobado en el pleno con 94 votos provenientes de bancadas como Podemos Perú, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial, fujimoristas y cerronistas. Y ha sido promulgado gracias a un gobierno que prefiere hacer de la vista gorda antes que entrar en conflicto con la representación nacional.

No es la primera vez que el Congreso pone trabas a la labor de jueces y fiscales. Desde subir los requerimientos para ejecutar allanamientos hasta aprobar sanciones por filtraciones de información reservada, los parlamentarios dejarán sus escaños en el 2026 con una serie de obstáculos para la lucha contra el crimen. Ojalá en la plaza Bolívar alguien se dé cuenta de que deben desmantelar esta ley criminal antes de que empiece a causar estragos.