Los sorprendidos

La semana pasada, personal de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP y del Ministerio Público allanó una serie de inmuebles vinculados a Voluntad Transformadora, un grupo que al menos desde el 2019 hacía abierta apología del terrorismo en La Libertad, principalmente entre menores de edad, y detuvo a sus cabecillas. De estos últimos, el principal sería Juan Santos Romero, que estuvo preso por terrorismo entre 1994 y el 2006 y que logró afiliarse al partido político Alianza para el Progreso (APP) hasta en cuatro ocasiones.

En efecto, tal y como informó este Diario, en el 2009, apenas tres años después de haber abandonado el penal Picsi de Chiclayo, Santos fue incluido en un documento que APP remitió al entonces director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) para informar sobre la actualización de su padrón de afiliados. Lo mismo ocurrió un año después, en el 2010. En el 2011, Santos intentó pasarse a las filas del Movadef, la organización de fachada de Sendero Luminoso, pero, como todos sabemos, las autoridades electorales rechazaron la inscripción de este organismo.

Santos volvió entonces a su antiguo partido, donde todo hace indicar que lo recibieron sin ningún problema. Por último, su nombre aparece en el padrón que el partido fundado por César Acuña remitió al ROP en el 2017, apenas dos años antes de que Voluntad Transformadora empezara a difundir su mensaje de odio y de mentiras exactamente en la misma región en la que nació APP.

En el partido, sin embargo, buscan hacerse los desentendidos y aseguran que fueron sorprendidos por Santos. “Nos ha tomado por sorpresa”, afirmó el secretario general de la agrupación, Luis Valdez, quien además optó por echarle la culpa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) –que es, como sabemos, el ente encargado de administrar el ROP– por haber permitido esta situación. “Estamos solicitando al JNE cómo ha podido inscribir a una persona en estas condiciones [porque] la inscripción la hace el JNE, que debería tener algún tipo de filtro”, sostuvo.

Las excusas de Valdez, sin embargo, no resultan convincentes. En primer lugar, porque basta con una revisión rápida de las redes sociales de Santos para darse cuenta del mensaje contra la democracia y la memoria que frecuentemente diseminaba. Y, en segundo lugar, porque no es la primera vez que el partido de Acuña lleva entre sus filas a personajes con antecedentes que harían sonar las alarmas en cualquier organización mínimamente preocupada por elevar el nivel de la política peruana.

Recordemos que en el 2021 este Diario detectó que una de las postulantes de APP al Congreso, Yeni Quispe Quiquijana, tenía antecedentes por narcotráfico. Un año antes, la policía la había detenido con 11,9 kilos de cocaína en Tacna y la había mandado a prisión hasta que la pandemia la liberó mediante un decreto que buscaba reducir el hacinamiento en los penales para evitar los contagios. Tal y como ahora, en aquella ocasión en APP optaron por hacerse los sorprendidos y hasta llegaron a sostener que habían confiado “en la palabra” de Quispe.

Pero los antecedentes no acaban allí. En el 2016, la organización postuló a Benicio Ríos y a Edwin Donayre al Parlamento, pese a que ambos arrastraban en ese momento sendos procesos judiciales que a la postre terminarían enviándolos a prisión y, con ello, demostrando que los filtros del partido eran inservibles. Una situación que se repitió en el Congreso complementario del 2020, cuando Humberto Acuña fue condenado en segunda instancia mientras ocupaba una curul y que, una vez más, se ha dado en el actual Parlamento con el legislador Luis Picón, detenido hace unos días en Lima tras ser condenado por un juzgado en Huánuco.

La presencia de Santos entre sus filas, no obstante, es un escándalo incluso para los bajos estándares que ha mostrado APP al momento de seleccionar a sus afiliados o a sus candidatos.

Pero solo en dicho partido pueden pretender hacerse los sorprendidos con la situación pues, visto lo visto, al resto del país no nos sorprende en absoluto.