Los mineros y los azuzadores

Esta semana, la avenida Abancay, una de las más importantes de Lima y donde se ubica el Congreso de la República, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre la policía y mineros informales que llevan días ocupando la zona. No es la única vía que este colectivo ha cortado (hasta ayer, permanecían bloqueadas carreteras en Cusco, Arequipa, La Libertad y Apurímac), pero sí la más emblemática, pues busca presionar a los congresistas para que se plieguen a sus demandas.

¿De qué demandas hablamos? Aunque son varias, hay tres principales: que se anule el decreto del Ejecutivo que canceló más de 50.000 registros del Reinfo, que se extienda la vigencia de esta herramienta más allá del 31 de diciembre del 2025, y que se apruebe la ley MAPE. Sin embargo, habida cuenta de que los especialistas han remarcado que esta última norma, tal y como ha sido planteada, no sería otra cosa que un Reinfo 2.0, al final todas las demandas confluyen en una sola: que se les permita seguir operando como una gran mayoría de ellos ha venido haciéndolo, sin fiscalización, sin obligaciones ambientales y sin sanciones penales cuando se vinculan y entrelazan con el crimen organizado.

Sin embargo, hay que mencionar que los responsables por la situación que atraviesa el país no se encuentran a un solo lado de la avenida Abancay, pues en el Congreso los mineros han encontrado una veta a la que pueden sacarle mucho provecho en la forma de legisladores a los que no les preocupa salir retratados como aliados de la informalidad. Ya hablamos días atrás del caso de Paul Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Energía y Minas y encargado de preparar el predictamen de la ley MAPE que esta semana trató de impulsar al caballazo. Pero hay otros legisladores que merecen ser señalados: Alex Paredes, Katy Ugarte, Elizabeth Medina, Segundo Quiroz (del Bloque Magisterial, igual que Gutiérrez), Segundo Montalvo (Perú Libre), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Guido Bellido, José Luna Gálvez y Darwin Espinoza (Podemos Perú).

¿Qué buscan estos legisladores, que en los últimos días no han dudado en recibir en sus despachos a mineros informales, azuzarlos para que sigan presionando a la representación nacional o presentando proyectos para materializar sus pedidos? La respuesta no parece difícil de aventurar: obtener el favor de un grupo tan atractivo electoral como económicamente. Una recompensa por la que no les importa alentar el caos y los bloqueos, ni apadrinar una actividad que viene devastando ríos y desangrando provincias.