Me aseguro

¿Qué harán los congresistas cuando acabe su período constitucional en poco más de un año? Algunos aspirarán sin duda a la reelección en las cámaras de diputados o senadores, pero parece que una brisa de realismo debe haber llegado a más de uno en el hemiciclo y empieza a asentarse la idea de que su ínfima popularidad sugiere que deben más bien buscar otro trabajo cuando llegue el momento. Al menos eso es lo que se podría inferir de la propuesta para incorporar la figura de “equivalencia” en la Ley 31419 para que el período como legislador se contabilice como años de experiencia, tal como reveló El Comercio.

Como se recuerda, a inicios del 2022, este mismo Congreso –en un contexto de cuestionables nombramientos del gobierno del presidente Pedro Castillo– aprobó requisitos mínimos para asumir cargos como viceministro, secretario general de ministerio, titular de órgano colegiado del Poder Ejecutivo o gerente municipal, entre otros. Pero con el 2026 a la vuelta de la esquina, los legisladores y sus asesores habrían razonado que, pensándolo bien, quizá fueron demasiado estrictos entonces, y que la experiencia relevante en realidad debería incluir su propia experiencia laboral.

La incorporación tiene una inevitable lectura oportunista. ¿Qué habilidades podría haber cosechado un parlamentario o asesor del Congreso que los califiquen luego para, por ejemplo, supervisar las publicaciones del Ministerio de Cultura o revisar contratos de compra en una municipalidad? Hay una discusión razonable sobre en qué medida la exigencia de ciertos requisitos formales es positiva o no para oxigenar la administración pública pero, si estos requisitos van a existir, al menos deben tener alguna relevancia para el cargo por llenar. La función de congresista o asesor legislativo por supuesto que otorga experiencia, pero evidentemente no los convierte en técnicos expertos en todos los sectores del aparato público, como parecen querer normar.

La iniciativa legislativa para facilitar estas contrataciones posteriores –cortesía esperada de su mismo partido de llegar este al poder– fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado. Sin embargo, fue luego observada por el Ejecutivo debido, según el Gobierno, a la falta de coherencia normativa, la falta de sustento y la falta de justificación. Queda ahora en cancha de la Comisión de Constitución el debate de la insistencia.

Los excongresistas, qué duda cabe, tienen derecho a buscar espacios para trabajar llegado su momento. Solo que no tienen derecho a abrirse ellos mismos todas las puertas del aparato estatal preventivamente.