El cinismo político tiene rostro y nombre en el Perú: Martín Vizcarra. El expresidente, que acumula tres inhabilitaciones vigentes impuestas por el Congreso de la República, ha sido inscrito como precandidato a la primera vicepresidencia en la lista que encabeza su hermano Mario Vizcarra para las elecciones internas del partido Perú Primero. Esta maniobra no solo constituye un engaño político, sino un abuso de la ley que pretende burlar el ordenamiento jurídico y engañar a la población.
Las tres inhabilitaciones que pesan sobre Vizcarra son contundentes. La primera, aprobada en abril del 2021 con 86 votos a favor y ninguno en contra, lo inhabilitó por diez años tras revelarse que se vacunó contra el COVID-19 en secreto mientras ejercía la presidencia, en el escándalo conocido como el ‘Vacunagate’. La segunda sanción llegó en mayo del 2022, cuando el Legislativo lo inhabilitó por cinco años debido a sus vínculos con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de PPK, al no haber renunciado a su condición de miembro de directorio y gerente de operaciones de la empresa C y M Vizcarra. La tercera inhabilitación fue impuesta recientemente en junio del 2025 con 67 votos a favor, por haber disuelto el Congreso el 30 de setiembre del 2019.
Como si estas sanciones no fueran suficientes, el Jurado Nacional de Elecciones confirmó en junio pasado el retiro de Vizcarra del padrón de afiliados de Perú Primero como consecuencia directa de sus inhabilitaciones. Es decir, ni siquiera milita en la agrupación con la que pretende postular, un requisito indispensable según la legislación electoral peruana. Sin embargo, esto no ha impedido que el partido lo inscriba provisionalmente como precandidato, alegando que esperan una decisión favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que restituya sus derechos políticos.
Esta no es la primera vez que Vizcarra intenta jugar con las expectativas de sus seguidores. En las elecciones del 2021, fue el candidato más votado al Congreso con más de 165 mil votos, pero no pudo ocupar el cargo debido a una de las tres inhabilitaciones –la del ‘Vacunagate’– que ahora lo impide participar en esta contienda electoral. Aun así, continúa haciendo campaña como si las sanciones no existieran, vendiendo un cuento que sabe imposible.
Es momento de tomar la palabra al presidente del JNE, Roberto Burneo, quien ha sido enfático en advertir que las candidaturas de personas inhabilitadas “no van a pasar”. Al respecto, especialistas en derecho electoral han sido contundentes al calificar esta estrategia como un “engaño a la población” y un “abuso de la ley”.
Las elecciones del 2026 serán las más complejas de las últimas décadas por la cantidad de partidos políticos, candidatos, nuevas reglas electorales y un Legislativo bicameral. En este contexto, lo mínimo que podemos exigir a los actores políticos es responsabilidad y respeto por la ley. Vizcarra, con su historial de mentiras y maniobras, no solo falta al respeto a las instituciones democráticas, sino que estafa a sus propios seguidores. La ciudadanía merece transparencia, no más cinismo de un exmandatario especialista en ello.
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