Esta semana, comerciantes de se reunieron frente al . El motivo de su protesta era la Ley 31980, aprobada en enero pasado por el Congreso y que, según los manifestantes, una vez que entre en vigor, el próximo año, restringiría las actividades permitidas en el de (que incluye a Mesa Redonda) a solo cuatro. “Han sacado una ley con la que solamente cuatro rubros van a ser manejados: hotelería, restaurantes, librerías y artesanías”, indicó en RPP Luis Castañeda, secretario de organización de la Cámara de Empresarios del emporio comercial, y añadió que se verían perjudicados “más de 20.000 negocios, más de 100.000 trabajadores”.

El problema, sin embargo, es que en ninguna parte de la referida ley se menciona dicha posibilidad. Tampoco en el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima aprobado en el 2019. La ley no puede modificar los índices de uso, porque estos se modifican por ordenanza. Es decir, son competencia municipal y no del Congreso. Tampoco restringe actividades a solo cuatro rubros comerciales. Siguen siendo los mismos de siempre. Lo que sí hace la ley es dar beneficios tributarios para ocho rubros, entre ellos, hoteles, restaurantes, cines, teatros y viviendas.

El malentendido, no obstante, ya ha motivado de parte de un sector del Congreso una propuesta que, por tratar de congraciarse con los manifestantes, amenaza con poner en riesgo las labores de recuperación del Centro Histórico de la capital. Ayer, la parlamentaria () presentó un proyecto de ley que propone derogar en su totalidad la Ley 31980, que contiene una serie de herramientas claves para las labores de recuperación y preservación del patrimonio que viene realizando . Y el presidente del Congreso, , comentó que, tras reunirse con representantes de Mesa Redonda, van a plantear un proyecto que “corrija” la ley actual.

Así, en el Congreso parecen apurados por cambiar una norma sobre la base de una premisa inexacta. Y, en ese empeño, amenazan con llevarse de encuentro una norma que es importante para las labores de rescate del patrimonio de Lima. Harían bien los congresistas en informarse mejor y darse cuenta, además, de que si la ley se deroga van a generar un pésimo precedente para la inversión privada. El desconocimiento de los legisladores no puede minar la recuperación del Centro Histórico de nuestra capital.

Editorial de El Comercio

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