
Hace poco más de un mes, varios medios de comunicación hicimos eco de una estadística que ya desde hace un tiempo se anticipaba: el 2024 fue un año especialmente sangriento para el Perú, con 2,011 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Ello implicaba un aumento de 34% respecto del año anterior, pese a la aplicación y ampliación de estados de emergencia a mansalva hacia la segunda mitad del año. La policía informó una cifra aún mayor, 2,126 homicidios en el 2024, de los cuales más de la mitad fueron actos de sicariato.
Con el evidente aumento de las extorsiones y de la violencia diaria, a nadie, en el fondo, le sorprendió una cifra tan dramática. Al único que pareció agarrarlo a contrapié, más bien, fue al propio ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien en la última semana cuestionó su importancia y, luego, su veracidad. Según se infiere de las declaraciones de Santiváñez, indicadores más relevantes que los homicidios podrían ser las requisitorias de capturados, los detenidos, las bandas criminales desbaratadas, entre otros. El ministro confunde aquí, de forma grosera y deliberada, los medios con los fines de su institución. ¿De qué valen las capturas, detenciones y otras actividades de la policía si no, es precisamente, para reducir la violencia, sobre todo homicida?
Además, Santiváñez insiste en que las cifras de homicidios reportadas no son confiables. “¿Quién te dice que las cifras del Sinadef son reales?”, se preguntó ante un periodista esta semana. “Hemos detectado más de diez casos de homicidios no existentes inscritos en el Sinadef, presumiblemente por personal policial, lo que significa que el sistema ha sido absolutamente manipulado”, declaró en otro momento. Por su lado, el ministro de Salud, César Vásquez, ha respaldado el registro del Sinadef y apuntó, más bien, al fortalecimiento que ha tenido el sistema en los últimos años.
Para la ciudadanía, que día a día ve con sus propios ojos el avance de la violencia y el sicariato, no puede sino sonar a burla que el responsable máximo de la seguridad interna minimice el problema. Un avance de 34% en la cifra de homicidios en el año es tan escandaloso –y a la vez creíble– que algunos malos registros, si los hubiesen, no pueden cambiar la terrible figura de un país a merced de criminales y de un ministro que pretende resolver el problema cerrando los ojos propios y ajenos.

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