Culpable, condenado y prófugo

Pocos recuerdan hoy que el motivo por el que una eventual vacancia o renuncia de la presidenta Dina Boluarte desencadenaría elecciones adelantadas es que la candidatura de Vladimir Cerrón, quien era el segundo vicepresidente en la plancha que conformaba con Pedro Castillo para las elecciones del 2021, fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Una condena en segunda instancia por delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, impidió su participación en los comicios. Tampoco se recuerda que los mismos cargos explicaron que, en el 2019, el Consejo Regional de Junín decidiera suspender a Cerrón del cargo de gobernador regional tras una condena de más de cuatro años por realizar pagos irregulares en obras de saneamiento de La Oroya.

Los líos con la justicia de Cerrón, pues, no son nuevos, pero esta semana han cobrado aún mayor seriedad para el presidente y fundador de Perú Libre. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Junín lo halló culpable “del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión en agravio del Estado-Gobierno Regional de Junín”, por la licitación del aeródromo wanka (2013-2014). Cerrón había sido condenado ya en primera instancia por este caso en febrero de este año, tras comprobarse que él y sus cómplices concertaron para la suscripción de un contrato por la construcción del aeródromo a pesar de que este no contaba con la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil. La ejecución de la pena de cárcel fue suspendida hasta que no se confirmase en segunda instancia, lo que acaba de suceder. La corte pide que la sentencia ahora se ejecute de forma inmediata.

La nueva sentencia dictada por otro tribunal independiente solo confirma lo que se sabe desde hace ya un buen tiempo: que Cerrón no es un perseguido político ni mucho menos, sino un delincuente más de esos que usan la confianza de sus electores y el cargo público para enriquecerse y acumular poder. El líder de Perú Libre podrá insistir en la existencia de un complot judicial en su contra –otros igual de culpables lo han intentado antes–, pero no ha sido capaz de rebatir en varios casos e instancias diferentes las evidencias de corrupción que dejó en su paso por el Gobierno Regional de Junín.

Al cierre de esta edición, Cerrón se encontraba prófugo. En vista de la inminencia del fallo y del perfil del imputado, no queda claro por qué la policía no tomó acciones para conocer el paradero del líder de Perú Libre durante estos días y prevenir la actual situación. Su abogado, Luis Mayhua, comentó ayer que su patrocinado está en Lima y que se entregaría “en las próximas horas”, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

De confirmarse su escape, Cerrón se sumaría a la lista de prófugos ligados al gobierno de Castillo –junto con el sobrino presidencial Fray Vásquez y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva–. Su caso, no obstante, es particular, porque se trata de una persona con fuerte ascendencia sobre una bancada en el Congreso. “Cuestionamos la persecución contra el líder de Perú Libre, la politización del Poder Judicial dominado por los caviares, la intromisión en la autonomía de los jueces. Cuestionamos la instrumentalización política del aparato judicial, cuyo objetivo es perseguir al doctor Vladimir Cerrón”, dijo, por ejemplo, la vocera de Perú Libre, Margot Palacios, al conocer el fallo. En esta medida, hacia adelante el riesgo institucional en realidad no es tanto que se vaya a manipular la fuerza judicial en contra de Cerrón, sino más bien que él pueda manipular la fuerza política que le confiere su bancada a su favor.