La vacada ciega

Había que ver la convicción con que la presidenta Dina Boluarte leía su discurso de despedida para reconfirmar la idea de que vivía en otra realidad. Cuando el mensaje empezó a transmitirse, el Congreso la estaba destituyendo. Era una vacada satisfecha de su labor, una sensación que no la abandonó durante los 1.038 días que duró su mandato. Buena parte de los pertinentes reproches que se le hicieron chocó con esta inconsciencia. Tenía una personalidad renuente a las críticas, y por eso estuvo rodeada de ministros que no la contradecían, algunos visiblemente aduladores. También fue caracterizada de otra manera: como asesina y corrupta, para mencionar lo más fuerte, cuestiones que finalmente serán determinadas por la justicia. Quien ya la condenó –y son muchos– asumirá que su último discurso fue un ejercicio de cinismo y nada más.

La izquierda la consideró traidora por haber aceptado completar el período de Pedro Castillo luego de su destitución por golpista. La derecha le agradeció lo mismo. Durante el año y medio en que fue vicepresidenta, hizo tres cosas que aseguraron su supervivencia. Primero, se apartó de Vladimir Cerrón para plegarse al castillismo, lo que le valdría la expulsión de Perú Libre. Segundo, logró mantenerse como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pese a la desconfianza de Castillo –dos veces intentó sacarla–, quien la veía con ganas de reemplazarlo. Recién en diciembre del 2022, a pocos días del intento de golpe, tuvo que salir del Gabinete cuando Castillo nombró primera ministra a Betssy Chávez.

El tercer logro de esa etapa fue conseguir que el Congreso no la acusara constitucionalmente por haber ejercido como directiva del club Apurímac mientras era ministra. Son funciones incompatibles. La salvó un variopinto grupo de bancadas que quería una carta alternativa a Castillo. Eligió como abogado a Alberto Otárola, cuyos honorarios consideró más razonables que los de otros dos candidatos. Vencer en el Congreso resultó más importante que la permanencia en el Gabinete, porque le permitió ser presidenta. Sin embargo, cuando tuvo en el pecho la banda presidencial, no le dio importancia a la irritación que la vacancia de Castillo causó en una población identificada con él. Otro sector quería la convocatoria a elecciones. Le correspondía quedarse hasta el 2026, pero cuando lo dijo, calentó los ánimos.

Al designar primer ministro al abogado Pedro Angulo, empezó a demostrar su pésimo criterio para los nombramientos. Cuando principiaron las protestas y estalló la indignación por los muertos, sacrificó al inoperante Angulo, que solo duró 10 días. Puesta a buscar un reemplazante, nadie quería aceptar. A Otárola prefería mantenerlo en Defensa porque retirarlo era desautorizar la represión de las protestas a través de las Fuerzas Armadas. Tampoco él deseaba dejar la cartera. Sin embargo, Otárola terminó siendo primer ministro porque Boluarte se quedó sin opciones, y se vio precisada a conminarlo: o aceptaba o dejaba el Gabinete.

El principal error de su gobierno fue el manejo nefasto de las protestas en varios lugares del país, que comenzaron el mismo día de su juramentación, el 7 de diciembre del 2022, y fueron creciendo en intensidad. Sin información de inteligencia, el primer ministro era un fantasma, y los ministros de Defensa y del Interior hacían control desde sus escritorios. El 10 de enero del 2023, al día siguiente de que se produjeran 17 muertes en Juliaca, Otárola y su Gabinete obtuvieron el voto de confianza del Congreso. Desde entonces, en los gobernantes se instaló la creencia de que este respaldo era lo único que necesitaban para seguir en el poder.

Cuando ya había 50 muertos, Boluarte no impulsó ninguna investigación, cerrándose en la versión, en buena medida cierta, de que las protestas eran vandálicas y que atacaron aeropuertos y comisarías. El cómo se llegó a esa cifra no le importó. Me consta que alguien le propuso crear una comisión independiente que mostrara al menos que ella estaba interesada en castigar excesos.

–No, de ninguna manera –dijo, haciendo un movimiento con la mano como para apartar la idea.

Con todo, en cualquier investigación, Boluarte tiene evidencias para mostrar –testimonios, mensajes de texto– que no quería muertes. Además, se la ha visto llorar, conmocionada por los fallecimientos. La investigación pendiente, que el Congreso ha archivado, pondría más en aprietos a Otárola que a ella. Cuando Otárola supo que el Ministerio Público, entonces bajo el mando de Patricia Benavides, procuraba la incriminación de ambos, surgió la conspiración que haría caer a la ex fiscal de la Nación. Un mensaje de chat enviado a una parlamentaria fujimorista por el asesor de Benavides, Jaime Villanueva, fue el elemento que sirvió a la Diviac y a la entonces coordinadora de del Eficcop, Marita Barreto, para fabricar un expediente. Luego Villanueva, en un proceso regular, brindaría declaraciones que permitieron investigar por varios delitos a Benavides. Pero Otárola y Boluarte no estaban destinados a terminar juntos.

El primer ministro articulaba con soltura un discurso político, y empezó a poner alfiles dentro del Gabinete a medida que el ambiente social se tranquilizaba. Los domingos recibía en su casa al hermanísimo Nicanor Boluarte, desayunaban pan con chicharrón, y pasaban revista a ciertos asuntos públicos. Un hombre de Nicanor, Riving Yangali, transmitía de lo lindo las pretensiones de los partidos que apoyaron al régimen y terminaron resolviendo su vacancia. Especialmente Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la izquierda oficialista y Somos Perú. Si Dina hablara, ahora que está suelta en plaza, haría sonrojar a sus representantes, suponiendo que pudieran. El actual presidente, José Jerí, estaría en el relato. También César Acuña, a quien Dina visitaba en su casa, y a quien hoy podría considerar, dolorosamente, un traidor. Ella recibía informes maquillados sobre la realidad nacional provenientes de su primer ministro, del Gabinete y de la DINI, a cargo de Roger Arista. Pero el país no estaba yendo bien, como todo el mundo sabía.

Boluarte, pues, estaba en el país de las maravillas, pero los maquilladores fracasaron cuando quisieron malquistarla con personajes de su entorno personal. Descubrió que era espiada. Su secretaria, Patricia Muriano, le habría sembrado un llavero que tenía un micrófono. El secretario general de la presidencia, Enrique Vílchez, fue incriminado con un chat falso de haber querido proteger a Vladimir Cerrón, como se lo demostraron a ella oficiales de inteligencia de un arma militar. (Dicho sea de paso, es posible que el prófugo sea apoyado por determinados círculos policiales, pero Cerrón y Boluarte tienen una enemistad cierta, que en él es desprecio y en ella odio.) De todos modos, el tema Cerrón formó parte de un sórdido conflicto interno en el cual la presidenta le perdió la confianza a Otárola y le exigió renunciar cuando circularon unos videos íntimos en los cuales él era protagonista. Pasaron a ser enemigos.

Los primeros ministros que reemplazaron a Otárola, Gustavo Adrianzén y Eduardo Arana, carecían de la ambición y voracidad del primero, pero presidieron gabinetes insensibles en un país agobiado por el crimen. Un grupo de ministros aduladores de la presidenta reemplazó a la DINI en el empeño de mostrarle a Boluarte una realidad mejorada. En esa labor, Juan José Santiváñez, el exministro del Interior y de Justicia, destacó incluso más que el de Educación, Morgan Quero. “Solo ella lo soporta”, me dijo un miembro del último Gabinete. Dina cayó creyendo en sus altas virtudes y en lo bien que hacía las cosas. No estaba preparada para dirigir un país, pero sus falencias no solo pudieran deberse a la ineptitud o a la falta de experiencia política. La evolución en el poder de una personalidad carente de empatía potenció sus defectos.