Operación en Cuba

Los días pasan y aún no se advierte el objetivo principal de la presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de Cuba. Uno puede ser una transición hacia elecciones democráticas; es decir, el fin de la dictadura. Otro, más factible, lograr cambios mientras la cúpula del Partido Comunista se mantiene en el poder. El telón de fondo es la crisis humanitaria que se expandirá por la falta de energía. El presidente Donald Trump ha dicho que el régimen está a punto de caer e hizo un llamado para negociar antes de que fuera demasiado tarde. Su par, Miguel Díaz-Canel, respondió que es posible hacerlo siempre y cuando los asuntos internos cubanos no sean parte de la agenda. Estos discursos para el público no siempre son exactos. Existen versiones encontradas sobre conversaciones secretas.

A diferencia del operativo que descabezó el régimen de Venezuela, contra los dirigentes cubanos no hay acusaciones de narcotráfico. Estos cargos fueron un elemento fundamental en la retórica previa al secuestro de Nicolás Maduro. Sin embargo, entre 1979 y 1981 Cuba permitió que narcotraficantes de Colombia llevaran droga a Estados Unidos por la isla, y los usó para hacerle llegar armamento a la guerrilla del M-19. Dos implicados, Johnny Crump y Jaime Guillot Lara, testificaron en una investigación federal estadounidense, revelando sus tratos con funcionarios cubanos, uno de ellos el embajador en Bogotá, Fernando Ravelo Renedo, quien fue expulsado del país. Hubo mayor escándalo en 1989, cuando un tribunal revolucionario ordenó fusilar a militares que habían acordado con el cártel de Medellín el transporte de cocaína hacia Florida. Fidel Castro se adelantó: los detalles de la operación estaban a punto de reventar en Miami.

La conexión cubana se iba a descubrir porque el operador principal, Reinaldo Ruiz, se declaró culpable en Estados Unidos, y empezó a detallar sus acuerdos con el coronel Tony de la Guardia –uno de los fusilados–, que reportaba al ministro del Interior, José Abrantes, del cogollo gobernante. Lo más dramático de las ejecuciones fue que comprendieron al general Arnaldo Ochoa, un héroe de la revolución. No participó en el narcotráfico, pero era un líder incómodo para los Castro. Los juicios tuvieron la coreografía de los Procesos de Moscú. Una descripción detallada, producto de fuentes primarias, puede leerse en el libro “La hora final de Castro”, de Andrés Oppenheimer, publicado en 1992. Al año siguiente, “The Miami Herald” reveló el contenido de un borrador de acusación contra Raúl Castro y el Gobierno Cubano por traficar cocaína hacia Estados Unidos.

La propuesta se basaba en testimonios de narcotraficantes detenidos. Carlos Lehder, el transportista del cártel de Medellín que cumplía prisión en Estados Unidos, declaró que se entrevistó con Raúl Castro en La Habana (lo ratificó en sus memorias, publicadas en el 2024). El documento señalaba a 15 miembros del gobierno como integrantes de la red criminal, sin mención a Fidel Castro ni Arnaldo Ochoa. Pese a que describió acciones a lo largo de 10 años, el Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Bill Clinton, archivó la investigación. Los delitos han prescrito. A su vez, el régimen cubano abandonó las actividades de narcotráfico en sus operaciones de inteligencia, ya fuera para contrabandear armas, generar divisas o perjudicar a Estados Unidos. En el 2006, Raúl Castro reemplazó a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba. En el 2015, acordó con Barack Obama el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 1961.

La falta de un mandato judicial contra un gobernante de Cuba debilita la opción de replicar el operativo de Venezuela. No puede descartarse la construcción de un caso a partir de lo que aparezca en el juicio contra Maduro. De otro lado, un sector del exilio plantea acusar a Raúl Castro del asesinato –un delito que no prescribe– de tres norteamericanos que viajaban en dos avionetas derribadas por misiles cubanos en 1996, supuestamente en aguas internacionales. Pero una extracción de Castro, próximo a cumplir los 95 años, ni siquiera tendría un fin punitivo. Menos uno político. Además, de ser factible un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, él mismo podría contribuir, como lo hizo en el 2014 a través de su hijo Alejandro, un militar de inteligencia, quien según el diario español “ABC” ya estaría tratando con los norteamericanos.

Obama levantó ciertas restricciones con la idea de que, a la larga, favorecerían una democratización. Cuando Donald Trump empezó su primer mandato, en el 2017, quiso desandar el camino del deshielo, pero se convenció de que a Estados Unidos le convenía tener más personal en Cuba. Fue cuando adquirió mayor importancia el llamado síndrome de La Habana: zumbidos, náuseas y cefaleas que afectaron al personal de la embajada y la CIA. Ninguna investigación resolvió el misterio y se llegó a especular que los síntomas procedían de artefactos manipulados por un servicio de inteligencia ruso o chino o iraní. Estados Unidos retiró de La Habana a su personal afectado, causando que un número similar de funcionarios cubanos dejara Washington. El discurso de Trump se volvió más agresivo, mientras que Cuba se cerró cada vez más. El sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, desató una implacable persecución contra los manifestantes del estallido social del 11 de julio del 2021.

Ahora, el mensaje público del gobierno de Trump es que el Partido Comunista abandone el poder para evitar que la población se muera de hambre. No parece que lo haría por las buenas. Ni es seguro que habrá una fractura interna para que alguien parecido a Delcy Rodríguez haga de aliado de los norteamericanos. Incluso una apertura política será difícil de negociar. La represión persistió con vigilancia física y digital, arrestos y enjuiciamientos sin debido proceso. Prisoners Defenders contabilizó, al 30 de enero del 2026, 1.207 presos políticos, la más alta cifra en el hemisferio occidental. Miles de personas padecen condenas predelictivas, por su proclividad a atentar, en el futuro, contra la moral socialista. Hay delatores por doquier. Las personas temen manifestarse no solo porque podrían ser detenidas, sino porque perderían su trabajo. Estas condiciones empeorarán cuando la falta de energía produzca el colapso de los servicios públicos.

Cubadata, una encuestadora especializada en mediciones de opinión en sociedades cerradas, consultó a 2.160 personas con acceso a Internet residentes en todas las provincias de Cuba, entre el 15 de enero y el 6 de febrero del 2026. Al pedírseles calificar la situación del uno al 10, un 52,3% indicó el extremo mínimo. Solo el 5,6% cree que el Estado resolverá la situación. El 83% afrontará la crisis por sus propios medios o apoyado en redes familiares. Arístides Vara, un académico peruano que dirige las investigaciones, dijo que los últimos estudios demuestran un estado de miedo: la población ya no cree que los problemas son causados por Estados Unidos, sino por la ineficacia del gobierno, pero en su mayoría prefiere no arriesgarse a protestar. “No hay una parálisis social, sino una suspensión dinámica”, dice Vara.

La resistencia del Gobierno Cubano se basará en su capacidad de control sobre sus rehenes, mientras apela a la solidaridad internacional. Descartada, por no convenir a nadie, una intervención militar norteamericana, puede haber una larga puja por ver qué lado cede primero. El secretario de Estado, Marco Rubio, estaría más interesado que Donald Trump en el objetivo máximo de democratizar el país. La gran pregunta es cómo reaccionará la población de Cuba, que hace cinco años conmocionó a la dictadura por demandas de mejores servicios y más libertad, y que ahora buscará desesperadamente sobrevivir. Los próximos meses serán decisivos.