Suicidio constituyente

Uno de los puntos de la agenda maximalista de quienes han protestado y continúan protestando contra el gobierno de Dina Boluarte es la convocatoria a una asamblea constituyente. Un viejo anhelo de la izquierda peruana que hoy se persigue a sangre y fuego, con la toma de aeropuertos, el bloqueo de carreteras, el incendio de edificios públicos y privados, y hasta con el secuestro de policías.

Si nos basamos en una encuesta publicada este mes por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el reclamo por esta medida parece haber aumentado, con un 69% de la ciudadanía expresándose a favor en enero del 2023. Una diferencia significativa con respecto a la medición anterior, de mayo del 2022, en la que un 47% se mostraba a favor. Sin embargo, es importante notar que el IEP compara ambos resultados a pesar de que las preguntas que se hicieron para obtenerlos son distintas entre sí. En el 2022 se preguntó: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta presentada por el presidente Castillo al Congreso de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución?”. Este mes se preguntó: “¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución?”.

La primera es explícita en aquello de redactar “una nueva Constitución”; la segunda apenas se refiere a “cambiar la Constitución”. Una circunstancia que quizá explique, en parte, la contradicción que registra el sondeo, pues mientras tantos aseguran querer una asamblea, solo un 40% asevera querer una nueva Carta Magna (un 45% quiere que se reforme la actual). En todo caso, el sesgo (involuntario, esperamos) de la encuesta hace evidente algo: la mayoría de los ciudadanos no sabe lo que hace una constituyente. No sabe que implica un borrón y cuenta nueva.

Y ese es el principal problema con este pedido: se trata de un camino que la mayoría del país estaría emprendiendo con los ojos vendados. Y habría que ser muy ingenuos para creer que desde la izquierda se preocuparán por poner los puntos sobre las íes, especialmente si han sido ellos los que han querido ordeñar este desconocimiento desde hace décadas, promoviendo la búsqueda de una nueva norma fundamental como la solución mágica a todos los problemas del país.

Pero la encuesta del IEP nos da más razones para temerle a un proceso como este cuando consulta sobre qué habría que añadirle a la nueva Constitución y qué no. Así, un 74% dijo que quiere servicio militar obligatorio y un 72% que se permita la pena de muerte. A contrapelo, el 73% se mostró en contra, por ejemplo, de que esta ampare el matrimonio entre personas del mismo sexo. Datos que dan a entender que una asamblea constituyente desembocaría en un mamotreto autoritario muy alejado, incluso, del paraíso progresista que algunos en la izquierda quisieran que fuera.

Aunque eso seguramente es lo que menos les importa, frente a un 51% que asegura que el Estado debería retomar el rol empresario que la actual Constitución atinadamente le quitó. Una victoria por la que la ‘gauche’ peruana es capaz de sacrificar cualquier idilio ‘progre’.

Pero los problemas de una potencial asamblea constituyente empeoran cuando se enfrentan a nuestra situación política. Esta institución tendría que constituirse con los partidos políticos que hoy tenemos en oferta. Y basta con pensar en el Congreso actual, con su inoperancia, populismo y radicalismo, para saber a quiénes estaríamos dándole el poder de definir nuestro futuro institucional.

Y si además de todo consideramos que en realidad no existen razones sensatas para buscar una nueva Constitución, solo caprichos ideológicos y mentiras, es claro que este camino no lleva a otro lugar que al suicidio.