Asamblea constituyente: un salto al vacío

En estas elecciones generales hemos escuchado infinidad de propuestas relacionadas con la reforma del Estado y, sin duda, la del candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) es la que más nos preocupa. Este postulante, con énfasis pero absoluta ignorancia, imprecisión e irresponsabilidad, propone la convocatoria a una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático elegido por el pueblo y sometida a ratificación en un referéndum.

En los más de 200 años de vida republicana, nuestro país ha transcurrido en la azarosa e interminable tarea de hacer y deshacer constituciones: ya sumamos 12. Algunas de vida efímera y otras más longevas, la mayoría con congresos bicamerales y solo tres con un Congreso unicameral, entre ellas la de 1993, que a la fecha tiene 33 años de vigencia pero más de 40 reformas, entre las cuales destacamos el retorno a la bicameralidad, recuperando la conformación tradicional del Parlamento desde el 28 de julio próximo.

Como toda obra humana, la Constitución tiene imperfecciones superables mediante el procedimiento de reforma previsto en la propia Constitución, tarea que se ha observado, algunas veces con éxito y otras no, como la regionalización durante el gobierno de Alejandro Toledo, que en la práctica no ha funcionado, pese a los ingentes recursos que se les ha asignado a las regiones, lamentablemente sin capacidad de gestión.

Podríamos enumerar muchas otras modificaciones pendientes en la Constitución del 93, con el fin de adecuarla a las exigencias de la realidad nacional. Por algo se dice que la ley, incluso la Constitución, no está escrita en piedra. La vida en sociedad democrática es dinámica y exige su oportuna adecuación frente a la velocidad con la que se producen los cambios, todo lo cual se puede hacer observando el procedimiento establecido en la propia Constitución.

Pese a los defectos que puede presentar la Constitución vigente, no podemos dejar de reconocer su éxito, en especial por la protección de los derechos fundamentales de la persona, que han dejado de ser simples enunciados para convertirse en derechos con fuerza normativa por la existencia de la jurisdicción constitucional. Igualmente podemos afirmar que el capítulo económico resulta insustituible por la eficacia en el fomento de la inversión privada, nacional o extranjera, que ha generado, de manera irrefutable, el crecimiento económico, el de la clase media, la creación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza, la estabilidad fiscal y monetaria, que la opinión internacional reconoce, destaca y hasta envidia.

El Estado de derecho que impera en nuestro sistema democrático, con todas las imperfecciones que se le puede atribuir, no contempla la convocatoria a una asamblea constituyente, que es y ha sido la única salida para superar situaciones irregulares en la vida democrática, como los golpes de Estado, dictaduras y caudillismos, que hoy, pese a los episodios de crisis política, no existen en nuestro país y que, ojalá, nunca se repitan.

Bajo el imperio de la Constitución de cinco gobiernos constitucionales, incluyendo las gestiones de los presidentes del Congreso que asumieron la presidencia, todos de diferentes tendencias políticas y capacidades, han gobernado el país en automático, con las bondades de una economía liberal de mercado, generando un crecimiento económico que, en algunos casos, no han sabido aprovechar a plenitud para el bienestar de todo el pueblo.

El anuncio de esta propuesta genera incertidumbre, inestabilidad económica y política, desalienta la inversión y pone en riesgo la democracia, todo lo cual nos conduciría al destino y desgracia de Cuba y Venezuela. Por estas razones, el Perú no puede exponerse a tener ese mismo destino, apoyando la iniciativa de convocar una asamblea constituyente. Hacerlo sería, sin duda, dar un salto al vacío.