(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Enzo Defilippi

En un publicado el último lunes en este Diario, el congresista Jorge del Castillo me acusa de pretender “desacreditar con mucha ligereza” su proyecto de ley para crear un mecanismo de control de fusiones en el Perú. Lamentablemente, no dice cómo lo hago. 

En su artículo, el congresista explica que su proyecto de ley ha seguido lo que, a su parecer, es la metodología adecuada, y que consiste en invitar a autoridades y especialistas a debatir en audiencias públicas y recibir las opiniones de los ciudadanos. Señala, y es cierto, que me disculpé de asistir a la reunión para la que me convocó. 

Explicaré aquí las dos razones por las que no quise ir. La primera, porque no creo que implementar un control de fusiones sea una buena idea. Ya he explicado mis argumentos en columnas anteriores: no hay evidencia de que funcione (la poca que hay apunta a que no), y que en un país tan poco institucionalizado como el Perú encuentro muy peligroso abrir la puerta al Ejecutivo para que intervenga en las decisiones empresariales. Por ello, dudo de que un mecanismo como este, poco confiable y fácilmente manipulable, sea conveniente para los consumidores, aunque entiendo que el hecho de que se aplique en las principales economías del mundo lleve a muchos a creer que funciona bien sin cuestionárselo. 

La segunda razón por la que no acepté la invitación del congresista Del Castillo es porque intuí que a él no le interesaban las opiniones, como la mía, que cuestionaran su iniciativa. Y, como lo demuestra en su artículo, no me equivoqué. Para él, quienes creemos que su idea no es buena somos “muy” ligeros y punto. Ni siquiera encuentra necesario explicar por qué. No importa que yo sustente mi opinión en criterios científicos (la falta de evidencia). Tampoco que su actitud contradiga su afirmación de que su proyecto de ley ha seguido la metodología “adecuada”, pues bajo ningún estándar se puede considerar adecuado descartar las opiniones contrarias descalificándolas sin más ni más.  

Por cierto, el congresista también se equivoca al afirmar que la creación de este mecanismo es una exigencia de la OCDE. Ese no es uno de los compromisos asumidos por el Perú.  

Es necesario señalar que no solo los respetables especialistas que menciona el congresista están a favor de este tipo de controles. También lo están muchos académicos reconocidos y hasta algunos ganadores de premios Nobel. Sin embargo, no creo que estas opiniones sustituyan la falta de evidencia de que este mecanismo funciona (que, a estas alturas, debería ser contundente) ni invalide la que mencioné en mi último artículo y que sugiere que esta política no es efectiva para prevenir los efectos que busca evitar (y que proviene de un estudio realizado por un ardoroso defensor de este tipo de regulación). Por ello, tiene mucho más sentido asignar recursos para fortalecer la capacidad del Indecopi de castigar el abuso de posición de dominio cuando se produce que dotarlo de un mecanismo cuya eficacia se basa en adivinar si se producirá.  

Esta es mi opinión. Dudo de que convenza de algo al congresista Del Castillo. Pero yo no me atreveré a decir que, por eso, la suya es ligera.