Los abogados alternativos

Para la opinión pública, no hay dudas de que el presidente Pedro Castillo tiene como abogados a Benji Espinoza y Eduardo Pachas (José Palomino se suma cuando son casos en materia constitucional). Allí están esos dos penalistas en las diferentes audiencias y diligencias que se realizan por las investigaciones que enfrenta el mandatario en fiscalía. Pero la realidad es que nos quedamos cortos si solo consideramos a ese par como las únicas personas que se comportan como si el presidente fuera su cliente. Hay más y seguro otros que aún no conocemos.

El miércoles de la semana pasada, por ejemplo, un nuevo abogado apareció en escena: Ananías Narro Culqui, tío del breve exministro de Justicia Ángel Yldefonso Narro, presentó a un juzgado constitucional una acción de amparo para anular las acciones del Congreso contra el jefe del Estado. Narro dijo que su escrito era resultado de una coordinación previa con el presidente. Lo llamativo del caso es que ni Espinoza ni Pachas sabían lo que había pasado. Castillo se había mandado por su cuenta.

Algo similar ocurrió a mediados de año, lo que generó también la indignación de Espinoza, con las reuniones entre el presidente y dos abogados y amigos del congresista Guillermo Bermejo: Raúl Noblecilla (socio del exministro del Interior Luis Barranzuela) y Ronald Atencio. Ambos regresaron al grupo de abogados alternativos del presidente en estos últimos días a raíz de las denuncias penales que presentaron en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y si seguimos con las denuncias, está la que presentó en el Congreso la ministra de Cultura, Betssy Chávez, que busca destituir a Benavides.

El caso de los ministros-abogados es un capítulo aparte. Más allá de las válidas defensas políticas que puede tener el Gobierno, estamos viendo cómo ministros dejan prácticamente de lado sus despachos por un solo tema en agenda: la defensa total y cegada de Castillo. Allí están, por ejemplo, Alejandro Salas (Trabajo), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), Félix Chero (Justicia) y, desde luego, el primer ministro Aníbal Torres, quienes son los primeros en promover un discurso de victimización a favor del mandatario y repiten la frase vacía de “no hay pruebas” (cuando en realidad hay más de 180 elementos de convicción acopiados por la fiscalía).

Todo esto viene a cuento, más allá del desorden en torno de la defensa de Castillo, debido a que el Ministerio Público considera que la presunta organización criminal en Palacio cuenta con un brazo obstruccionista que intimida a testigos y persigue a quienes lo investigan. Una acusación que ya cuenta con testimonios directos sobre desaparición de pruebas y amenazas. En ese caso, no hablamos de gente que defiende legítimamente al presidente, sino de aquellos que, en ese afán, cruzaron la línea.