Nueva estrategia para destrabar obras públicas

A inicios del año en curso, la Contraloría General de la República publicó el “Informe de obras paralizadas en el Perú”, que señalaba que en nuestro país había 2.324 obras paralizadas. Sin embargo, más allá de la estadística, cabe preguntarnos: ¿qué representa la paralización de estas obras?

Partamos del concepto de un contrato de ejecución de obra pública, el cual se define como un acuerdo en el que un contratista se compromete a llevar a cabo todas las acciones necesarias para cumplir la ejecución de una obra, que está destinada a satisfacer un interés público. En síntesis, estos contratos se caracterizan por tener un inherente componente social.

Para efectos prácticos, si el Estado convoca una licitación para la ejecución de un hospital, el objeto de esta será garantizar el acceso a la salud de los ciudadanos de las zonas aledañas. Lo mismo sucederá con la construcción de colegios, carreteras, espacios deportivos, entre otros. Es así como resulta ilógico que, en un país en el que es tan necesario mejorar los sistemas públicos, existan obras paralizadas que representan un impedimento para la satisfacción del interés público.

Ahora bien, recientemente se publicó la nueva Ley de Contrataciones Públicas, y se introdujeron nuevas reglas de juego para este campo. A mi juicio, una de las más interesantes es la incorporación del principio “valor por dinero”, pues este regula que las entidades contratantes deberán asegurarse de contratar, no con quien presente la oferta económica más barata, sino con quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

Este nuevo componente genera un panorama expectante en el campo, pues ratifica que el objetivo de contratar con el Estado, y aún más de contratar con el Estado para la ejecución de una obra pública, debe ser el cumplimiento de la finalidad de la contratación. Solo el tiempo podrá demostrar si esta incorporación generará un cambio tangible, pues, aunque podría parecer redundante reiterar el objeto de las contrataciones con el Estado, las cifras de obras paralizadas en nuestro país nos dicen lo contrario.