Denuncian la extracción ilegal de material de Las Bambas

El conflicto en torno a Las Bambas lleva más de 50 días sin solución. Mientras seis comunidades campesinas de Cotabambas (Apurímac) denuncian el incumplimiento de acuerdos, la mina mantiene paralizadas sus operaciones por la ocupación de sus terrenos y el gobierno encabeza mesas de diálogo sin éxito – al menos seis en casi dos meses –, ayer se conoció una nueva denuncia que profundiza la crisis.

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El Comercio supo que desde el 15 de abril, un día después de que miembros de la comunidad de Huancuire – una de las seis en conflicto con la mina – ocuparan terrenos de minera en el distrito de Coyllurqui, se realizan actividades de extracción y traslado de mineral no procesado por personal ajeno a la empresa. Esto ocurre en la zona de Chalcobamba, donde se desarrolla la construcción del segundo tajo de Las Bambas.

Una fuente de la zona informó que se trata de mineros ilegales que, con ayuda y participación de algunos comuneros, trasladan el mineral no procesado en camiones hacia la zona de Pamputa. “Cuando los comuneros ocuparon la mina, la empresa dejó todo el mineral no procesado en el lugar y se retiró. A fines de abril ya no quedaba nada porque todo se había acarreado con camiones. A partir de mayo empezaron con las explosiones con cartuchos de dinamita para sacar nuevo material”, indicó. La denuncia fue acompañada con fotos de camiones movilizando material en Chalcobamba entre los días 15 y 24 de abril.

Además de camiones y volquetes, denuncian que se ha usado una retroexcavadora de código LBS02015, propiedad de la empresa Melsar, que alquila maquinaria, y perforadoras manuales. Los vehículos habrían salido desde el óvalo cumbre Chalcobamba por la vía del acceso Bravo 3 con dirección a Pamputa – Progreso. En dicho lugar el material sería procesado para luego ser enviado hacia Pisco y Nazca.

El 31 de mayo pasado, la empresa MMG Las Bambas denunció que comuneros de Huancuire atacaron a personal de mantenimiento de una contratista de la minera que había ingresado al campamento Charcascocha para evacuar los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de dicho campamento. También resultaron heridos policías que acompañaron al personal.

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Polémico proyecto

El último jueves, la bancada de Perú Libre, a través de la congresista Margot Palacios, presentó un proyecto de ley para la “nacionalización del cobre y creación de una empresa estatal Las Bambas SAC” en la zona concesionada a la minera MMG Las Bambas.

La iniciativa plantea establecer una Corporación Nacional de Cobre (CNC), como persona jurídica de derecho privado, que tendría la exclusividad sobre la explotación, extracción, primera industrialización y remediación de pasivos. Además, todas las unidades operativas y empresariales autónomas de extracción de cobre, de capital comunal, estatal y privado, estarían bajo su dirección, supervisión y control.

Aunque el proyecto menciona que se garantiza la continuidad de la actividad productiva en marcha, se le faculta a la corporación la “renegociación de todo contrato vigente para adecuarlo a la ley”.

El constitucionalista Omar Cairo explica que la nacionalización de cobre implicaría que el Estado adquiera los activos de todas las empresas mineras dedicadas a la exploración y extracción de dicho mineral, a las cuales tendría que pagar un justiprecio. “Eso se puede solo por una ley del Congreso que sustente que existen razones de seguridad nacional o necesidad pública que hagan imperioso que el Estado sea el propietario de todas las empresas que realizan la actividad cuprífera”, indicó a este Diario.

Asimismo, se iniciaría una valorización de todas las empresas privadas en operaciones “para determinar su valor neto, descontándoles la deuda tributaria, las exoneraciones y beneficios tributarios, el valor del recurso en subsuelo que ha omitido parara, la exportación de utilidades y el costo de la remediación ambiental”.

Sobre la nueva empresa nacional Las Bambas, el proyecto señala que sería una unidad empresarial autónoma de la CNC que se dedique a la exploración y explotación de cobre en las áreas Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chuicuni, Fuerabamba y Chila, en la provincia de cotabambas.

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, el proyecto de ley no es viable porque la Constitución Política del Perú solo permite la creación de una empresa nacional supletoria donde no exista iniciativa privada o esta sea insuficiente. “Desde el punto de vista constitucional no es posible porque no se permite la competencia entre la actividad privada y la del Estado. Parece una nueva provocación para desviar la atención de las denuncias contra el Gobierno”, opinó.