Peruano busca en el Poder Judicial que se reconozca su unión de hecho homosexual

El único derecho que lo asiste hoy, dice Armando Zorrilla, es recordar a Alejandro con amor. Fueron 25 años y 7 meses de una relación que se inició el 7 de junio de 1989, fecha en que se cruzaron por primera vez mientras caminaban por la avenida Brasil, en Magdalena del Mar.

En aquella mañana, ambos –entonces un par de desconocidos– se animaron a presentarse el uno al otro, recorrer unas cuadras más para encontrar una cafetería y conversar allí durante horas. “Fue tal cual, algo a primera vista”, agrega Armando.

Iniciaron así una larga historia que tuvo un giro inesperado en el 2015, cuando Alejandro murió. Un amor que pasó del departamento miraflorino que compartían, a la habitación de una clínica local, y finalmente a los pasillos del Poder Judicial (PJ).

—Años de convivencia—

Seis meses después de conocerse, viajaron a Arequipa y crearon una empresa. En 1994, la liquidaron para trasladarse a Puno, donde formaron un nuevo negocio. Este prosperó y se hicieron de un capital que les permitió adquirir propiedades: compraron un departamento en Miraflores, en el cual empezaron a convivir desde 1999 y que fue registrado a nombre de Armando.

Años después, en el 2007, se hicieron de un minidepartamento (boutique), en el mismo distrito, que fue inscrito por Alejandro. El lugar es ocupado al día de hoy por la hermana de Armando, quien velaba por la pareja. También compraron un vehículo en el 2012.

Era una relación duradera, sólida y pública. Sin embargo, Alejandro se enfermó a fines del 2014: le diagnosticaron pancreatitis aguda. Estuvo internado durante 45 días hasta que falleció el 26 de enero del 2015. Armando fue la única persona que estuvo a su lado; quien autorizó las operaciones, las firmó como “cónyuge”, decidió su cremación, y escogió el lugar donde echar sus cenizas.

Esto, pese a que Alejandro había tenido dos hijos cuando estaba casado en la década de 1980, varios años antes de iniciar su vínculo sentimental con Armando.

—Un proceso complejo—

Una semana después de la muerte de Alejandro, Armando buscó a sus dos hijos. Les informó acerca de los bienes que había dejado su padre, como el minidepartamento en Miraflores. Luego de unos meses, según la defensa de Armando, ellos mostraron su intención de quedarse con todo.

Por tal motivo, Armando decidió luchar por sus derechos en el Poder Judicial. Presentó una demanda para que se reconociera su unión de hecho homosexual, algo que se hacía por primera vez en el país. Para ello buscó la defensa jurídica en Promsex.

Pero le esperaba un largo proceso; en noviembre del 2015, el Primer Juzgado de Familia de Lima declaró improcedente su demanda. El juez Erick Veramendi Flores desestimó la solicitud de Armando bajo el argumento de que él no tenía legitimidad para obrar, ya que el artículo 5 de la Constitución establece que la unión de hecho (formación de un hogar) solo puede darse entre “un varón y una mujer”, no entre dos varones.

Su defensa apeló y el caso se elevó a la Primera Sala de Familia de Lima, que en enero del 2016 declaró nula la resolución del juez Veramendi y le ordenó que admitiera la demanda. En marzo del 2017, el juez volvió a declarar improcedente la solicitud.

En esa ocasión, sustentó que no podía considerarla porque correspondía al Congreso pronunciarse sobre normas que avalen la unión de hecho homosexual, no a un juzgado.

Armando y Promsex volvieron a apelar, y el caso se elevó nuevamente a la Primera Sala de Familia, que por segunda vez le dio la razón. En junio del 2018, tres años después de la solicitud, el Primer Juzgado de Familia de Lima admitió a trámite la demanda, e inició el proceso.

En octubre de ese mismo año, los hijos de Alejandro contestaron la demanda. Indicaron que desconocían la relación entre Armando y su padre y que no se enteraron de esta “hasta antes” de su muerte. “El señor Alejandro desde la separación con mi madre se desentendió por completo de nosotros”, dijeron.

También explicaron que, si se declaraba fundada la pretensión de Armando, se debía incluir como parte de la sociedad de gananciales el inmueble de Miraflores donde vivía la pareja desde 1999, además del minidepartamento. Este Diario buscó a los hijos de Alejandro a través de su abogado, pero no hubo respuesta.

—Examen psicológico—

Claudia Castro, abogada de Promsex que lleva el caso de Armando, sostiene que no solo se defiende una cuestión patrimonial, sino el reconocimiento de derechos por la unión de hecho. Entre ellos, el derecho de Armando a una pensión de sobrevivencia, a un seguro de salud y a un porcentaje de la póliza de vida de Alejandro.

Así lo considera Armando: “Somos miles dentro de la comunidad LGBTI que estamos desamparados por la ley. Pero hay que luchar, pese a que este proceso judicial es doloroso. El juez ha sido inhumano e indolente, porque eso del examen psicológico es un atropello jurídico”.

El pasado 14 de octubre, el juez Veramendi resolvió que se admita como prueba una “evaluación psicológica” a Armando ante la corte de Lima y una “evaluación psiquiátrica” ante el Instituto de Medicina Legal “a fin de determinar su identidad sexual”.

Un hecho que su defensa ha calificado de discriminatorio y poco pertinente para el caso, razón por la cual Promsex ha presentado una apelación que está pendiente de ser resuelta. “Pese a esto, aún tengo esperanza. Esta es una pequeña batalla que daré hasta el final. Por la comunidad, por mí y por Alejandro”, dice Armando.