Consejo de Estado: ¿Qué es y para qué sirve esta instancia?

Con el objetivo de discutir temas relacionados con la inseguridad ciudadana, este martes se llevó a cabo la sesión del Consejo de Estado en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, entre ellos la presidenta Dina Boluarte, así como titulares de otras instituciones. Al término de la misma, la jefa de Estado anunció las medidas y los compromisos adoptados.

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Entre las medidas acordadas se encuentra el establecer el marco legal constitucional necesario para que a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se les procese únicamente en el fuero militar-policial cuando se trate de casos en los que hayan hecho uso de la fuerza y sus armas reglamentarias durante el cumplimiento de su labor.

• “Formulación del marco legal constitucional que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde podrían ser juzgados cuando hagan usos de sus armas de reglamento y siempre con previo informe de la inspectoría como requisito de procedibilidad”.

Cabe mencionar que si bien esta reunión entre los representantes de los tres poderes del Estado fue pactada inicialmente para el 30 de octubre, apenas unas horas antes de que se lleve a cabo, la cita fue reprogramada según lo confirmó en su momento el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Agregó que el inconveniente fue la agenda de los asistentes, por lo que finalmente la sesión se convocó nuevamente para el 5 de noviembre, a las 9 de la mañana.

La presidenta Boluarte detalló que en la sesión del Consejo de Estado se hicieron presentes no solo los representantes de los tres poderes del Estado, entre los que se encuentra ella; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; sino que también acudieron otras instituciones: Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Asociación de Municipalidades del Perú, el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., el comandante General de la PNP y el superintendente de Migraciones.

En ese sentido, Frank Casas, experto en seguridad y criminalidad organizada, explicó a El Comercio que el Consejo de Estado no tiene un sustento o un marco normativo, sino que más bien se trata de una figura política que se forma precisamente para evidenciar una imagen de articulación entre los distintos poderes del Estado (el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo), y así tomar grandes decisiones que repercutan en todo el país o que incurran en temas de asuntos públicos de muy alto nivel.

“Lo que hay que tomar en cuenta es que lo ocurrido este martes es un Consejo de Estado orientado a tomar decisiones netamente en materia de seguridad ciudadana. Por ello, considero que lo se debería más bien es fortalecer es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana (Conasec), en el cual tienen que participar no solamente el Ejecutivo sino también el Poder Judicial y el Legislativo; así como el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc). Estas dos instancias sí tienen un reglamento, una normatividad, y están justamente orientadas a tomar grandes decisiones de Estado en materia de seguridad”, sostuvo.

Asimismo, debido a la falta de una normatividad clara, Casas señaló que las decisiones tomadas desde el Consejo de Estado podrían generar un debate posterior desde el ángulo constitucional. “¿Qué es lo que va a tener fuerza? Las decisiones que se están estableciendo en este Consejo de Estado, que no necesariamente tiene una normatividad o están en la Constitución, o más bien lo que se establece en esas dos instancias (Conasec y Conapoc) que sí tienen una ley y un reglamento”, dijo.

La figura del Consejo de Estado surge en el gobierno de Alejandro Toledo. En aquel periodo comenzaron las reuniones entre los titulares del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tras una pausa de varios años, las reuniones se retomaron en 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Estos consejos también se dieron en los periodos presidenciales de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. Ya con Pedro Castillo como jefe de Estado, en noviembre del 2022, la entonces presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, convocó una sesión de Consejo de Estado a la que invitó al mandatario y al Congreso. No obstante, no llegaron a asistir los representantes del Congreso, la Fiscalía de la Nación y el Ejecutivo.

En tanto, la presidenta Dina Boluarte ya había instalado anteriormente un primer Consejo de Estado de índole municipal en febrero de este año. El propósito de esta reunión fue impulsar la articulación intergubernamental entre el Ejecutivo y las municipalidades.

“La agenda de un Consejo de Estado no se circunscribe únicamente al tema de seguridad ciudadana, sino que en realidad puede abordar distintos temas de acuerdo a la coyuntura. En su momento ha habido reuniones de este tipo para tomar decisiones alrededor de un desastre natural, como también en los tiempos de la pandemia”, explicó Casas.

Entre las medidas dispuestas, además de establecer un marco legal constitucional para que a policías y militares se les procese exclusivamente en el fuero militar-policial en caso utilicen sus armas al cumplir con su labor, están las siguientes:

Seguridad ciudadana:

• Se fijará un “régimen excepcional” a aplicarse cuando menores de edad sean autores de actos criminales.
• Se aprobó establecer un marco normativo para que los gobiernos regionales y locales usen para la seguridad ciudadana recursos que dichas instancias hayan recaudado directamente.
• Se autorizará al Ministerio del Interior transferir recursos a los municipios declarados en emergencia por causal de seguridad ciudadana para que estos compren de inmediato material logístico destinado a dicho rubro.
• Emitir una ley para que los docentes que militen en el ilegal Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se mantengan alejados de los menores de edad.
• Se comprarán los días de franco (descanso) y las vacaciones de los agentes de la PNP, “para mejorar las capacidades operativas” de la institución. También se legislará respecto al pase a situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario en dicha institución.
• Respecto la lucha contra el crimen organizado, se elevarán las penas para quienes corrompan a servidores públicos, policías y militares.
• Se establecerán medidas para proteger a los denunciantes, víctimas y testigos de actos de sicariato, extorsión y banda criminal. También se permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera congele las cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores.

Control migratorio:

• Se ha acordado incrementar las penas para aquellos extranjeros que, habiendo sido expulsados del Perú, ingresen nuevamente de manera irregular. Asimismo, se ampliarán y fiscalizarán los requisitos formales para su ingreso y permanencia.
• Se regulará la prestación del servicio de transporte que realizan personas extranjeras “estableciendo requisitos y sanciones” al respecto.
• Se dispondrá que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) haga visitas y operativos a centros de trabajo para cotejar si hay extranjeros laborando irregularmente.

*Vale precisar que también se anunciaron otras cuatro medidas en materia de crecimiento económico.

Por su parte, Casas indicó que la pregunta crucial es si estas decisiones tomadas en el Consejo de Estado realmente representan las grandes medidas que requiere el país para avanzar en materia de seguridad. En términos generales, consideró que no se trata de grandes medidas que afecten a la ciudadanía, sino de un sinfín de anuncios o deseos, pero sin nada claro ni aterrizado. No hay ni siquiera un indicio de que algo diferente se va a hacer, agregó.

“Prácticamente se nos está proponiendo lo que ya sabemos, lo que ya se ha anunciado y discutido en otras fechas, como generar mayores penas, crear cárceles, elevar el presupuesto en materia de seguridad, entre otras cosas. Yo pensé que eso ya no requería una discusión, básicamente lo que tenía que hacer el Ejecutivo era implementar las medidas. En términos generales, no hay grandes novedades. No me parece que sean realmente las grandes decisiones que el país necesitaba para enfrentar la inseguridad”, opinó.

No obstante, el experto mencionó que la medida que sí podría generar repercusiones es la creación de una normatividad para que los policías y militares solo sean juzgados en el fuero policial-militar. Resaltó que ello seguramente va a despertar un debate entre aquellos que están a favor y en contra. Pese a ello, dijo que le parece una mirada bastante reduccionista de lo que realmente la policía necesita para fortalecerse y enfrentar con eficacia el tema de la seguridad.

“Pero aún así, aun cuando inicie un debate, sobre todo en términos de derechos humanos, yo me pregunto si esto realmente era una decisión clave, si era algo que requiere nuestra policía o nuestra fuerza del orden para realmente cumplir una gran labor en materia de seguridad. Para mí no lo es, pues la gran discusión que se requiere respecto a la Policía Nacional es justamente fortalecer su capacidad de logística, su capacidad de tecnología, que tenga un proceso de incorporación transparente, tratar de romper la “argolla” que siempre existe, esos mecanismos que están fuera de la competitividad interna”, comentó.

Para Casas, el hecho de por qué se decidió hacer un Consejo de Estado en materia de seguridad este martes y no la semana pasada, o antes, es difícil de saber. En principio, dijo que hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de una reunión que cuenta con un reglamento claro, en el cual podemos tener fechas concretas de los tiempos en que se tienen que juntar los participantes, sino que más bien funciona como un aparato simbólico de unión de esfuerzos entre los tres poderes del Estado para dar una imagen pública de que trabajan de manera consensuada para enfrentar los grandes problemas del país.

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“El problema es que con ello, en realidad, más allá de ese imagen o ese símbolo, pues no tenemos cómo hacerle seguimiento. No se conoce que se haya hecho un seguimiento de los anteriores consejos y los acuerdos tomados. ¿Quién lo reporta? ¿En dónde aparecen esos reportes? No existe ninguna institución que haya informado ni información que se encuentre en alguna página web. Esa información no existe”, subrayó.

Por esa razón, señaló que se debería exigir que se respeten más bien los espacios que sí tienen un determinado mecanismo y procedimiento, reuniones en fechas específicas, con una agenda de trabajo que debe ser pública y a la que cualquier ciudadano pueda hacerle seguimiento. “Nos siguen ofreciendo símbolos políticos, pero pocas cosas concretas. Bueno, esperemos que más allá de esos temas, algo de lo que se está prometiendo pueda ejecutarse”, puntualizó.