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El conflicto que se enciende en Machu Picchu Pueblo

Con marchas y vigilias, grupos de vecinos de Machu Picchu se oponen a la circulación de
buses de otra empresa en la ruta Hiram Bingham 

En el distrito de Machu Picchu Pueblo, ubicado en la provincia
de Urubamba, en el Cusco, se vive un ambiente de tensión. Solo esta semana, varios vecinos y comerciantes han realizado dos paros con sus respectivas marchas y vigilias nocturnas.

Aunque las operaciones turísticas no se han detenido en el Santuario Histórico de Machu Picchu, los manifestantes aseguran que la protesta se radicalizará si el Poder Judicial no atiende sus pedidos.

Las movilizaciones se deben a las decisiones de la jueza Bony Gamarra Flores, del Primer Juzgado Mixto de Santiago (Cusco). Ella es la
encargada del proceso iniciado por la empresa de transportes
Machupicchu Pueblo contra Consettur, la única que traslada turistas desde el distrito (también conocido como Aguas Calientes) hasta el santuario, a través de la ruta Hiram Bingham. Según el Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Machu Picchu Pueblo, que convoca a los paros, los fallos de la jueza los afectan.

—La raíz del problema—
Para ir de Aguas Calientes al santuario de Machu Picchu los turistas tienen dos opciones: ir a pie o en alguno de los buses de Consettur. Este consorcio está formado por varias compañías, entre ellas la Empresa Municipal de Transportes Turisti (Tramusa), propiedad de
la comuna distrital. El camino para llegar a Machu Picchu es la carretera Hiram Bingham, que fue concesionada a Consettur en setiembre de 1995. La vía tiene 9 kilómetros y una capacidad de
carga de 24 buses, debido a las normas ambientales del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Este año, el consorcio Machupicchu Pueblo manifestó su interés en circular en la ruta que hoy opera, en forma exclusiva, Consettur. En julio, presentó al Poder Judicial una demanda de acción de amparo para entrar a la ruta Hiram Bingham.

Debido a su capacidad limitada, no se pueden añadir buses a la vía, sino reemplazar a los vehículos de Consettur.

El 11 de agosto, la jueza Gamarra admitió una medida cautelar que autorizaba el ingreso de 12 buses de Machupicchu Pueblo a la vía. Según la jueza, la concesión de Consettur vulneraba los derechos
a la libre competencia. No obstante, la decisión no se llegó a acatar debido a las protestas.

Luego, en octubre, la Corte Superior de Justicia del Cusco anuló esta medida cautelar. El 19 de octubre, la jueza Gamarra resolvió la demanda de acción de amparo [el proceso principal] y admitió otra vez el ingreso de 12 buses de Machupicchu Pueblo a la ruta.

Además, declaró inaplicables para el consorcio los efectos de otros
procesos que pudiera interponer Consettur ante el Indecopi, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura u otros organismos.

Los representantes de Consettur han apelado el fallo de la jueza. Y pese a que el 8 de noviembre la magistrada declaró procedente el pedido de ejecución anticipada de Machupicchu Pueblo para ingresar sus buses, hoy no hay visos de que se vaya a cumplir esta orden.

El principal inconveniente es que el consorcio Machupicchu Pueblo no tiene buses en el distrito. La única forma de llevar sus vehículos desde Ollantaytambo es con el servicio ferroviario de carga de
la empresa Perú Rail. No obstante, el consorcio denuncia que esta compañía hace “caso omiso” a la decisión judicial.

A través de un comunicado, Perú Rail señaló que no tiene ningún interés en la disputa entre Consettur y Machupicchu Pueblo. Sin embargo, debido a las condiciones de inseguridad, “resultará imposible realizar el traslado [de buses] ordenado por el juzgado”.

Según Mario Uscamayta, dirigente del frente de defensa, se seguirán realizando vigilias para observar que los buses de Machupicchu Pueblo no lleguen al distrito. El frente cree que la entrada de una empresa a la ruta Hiram Bingham reducirá los ingresos de Consettur,
lo que a su vez afectará a la empresa municipal Tramusa, de la cual son socios.

Uscamayta añadió a El Comercio que si se llegan a trasladar los vehículos habrá un conflicto inevitable.

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