Hotel Sheraton del Cusco: la cronología de una polémica obra que destruyó muros de época inca y que hasta hoy no puede demolerse

De acuerdo al informe de Contraloría, a inicios de la construcción en el año 2011 la inmobiliaria R&G SAC desmontó tres muros prehispánicos sin cuidar la intangibilidad. Los otros vestigios también habrían desaparecido. Siete años después la Contraloría determinó que esas evidencias de la época inca y colonial fueron destruidas, por lo que la afectación “es irreversible”. Otra controversia alrededor de esta obra es que cuando una comisión ad hoc, integrada por representantes de la Municipalidad Provincial de Cusco y de colegios profesionales, cuyo alcalde provincial en ese momento era Luis Flores García, decidieron mantener el permiso de obra cedido a la empresa inmobiliaria R & G S.A.C para levantar el hotel Sheraton.

En otro informe de la entidad fiscalizadora se menciona además que el alcalde de ese entonces por el año 2014, Luis Flores, y Lenin Zegarra Díaz, gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la municipalidad, sabían oportunamente de la ejecución del proyecto por parte de la empresa inmobiliaria R&G SAC, cuando el proceso de aprobación de la nueva licencia estaba en trámite. Además, el proyecto era contrario a los planos de la licencia aprobada y se omitió aplicar una sanción administrativa a la empresa por un millón 736 mil soles, conforme a la escala de multas y sanciones de la municipalidad, por realizar cambios arquitectónicos que iban contra las normas de construcción.

Aquel tiempo, Luis Flores García salió al frente y aseguró que no tenía ningún tipo de responsabilidad en el otorgamiento de la licencia, culpó de las presuntas irregularidades y las autorizaciones dadas a la obra a los integrantes de la Comisión Técnica Calificadora del Proyecto.

“Se está direccionando como el responsable al alcalde, pero no es así, ya que la comisión técnica era autónoma en sus decisiones y el alcalde no tenía nada que observar. Aunque parezca una lavada de manos como Poncio Pilato, pero es así, porque la ley no me faculta a intervenir en esa comisión técnica”, declaró en su momento Luis Flores, ex autoridad provincial.

En el 2017, por esa obra se sancionó con dos multas a la misma compañía por más de 4 millones 500 mil soles, pero en enero de ese mismo año las resoluciones directorales con las medidas sancionatorias fueron anuladas por el entonces ministro de Cultura, Rogers Valencia, mediante dos resoluciones ministeriales que dejaron sin efecto el pago del millonario monto.

Durante todos los años la ciudadanía cusqueña mostró su indignación por la construcción. Tanto así que realizaron varias denuncias, paros, movilizaciones, etc. El caso escaló a nivel mundial pues en el año 2018, el comité peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios - Icomos, asesora de la Unesco, advirtió que, de no demolerse las cinco plantas superiores del edificio del Sheraton, Cusco perdería su calificación de patrimonio de la humanidad. Opinaron que la construcción transgredía todos los principios técnicos sobre intervenciones en el centro histórico cusqueño.

Un año después de conocer que la postura de la población fue respaldada por la decisión del Poder Judicial, expresaron su satisfacción y refirieron que la orden de demolición contra el Sheraton marca un antecedente, pues permite que la ciudadanía y las autoridades tengan en cuenta las consecuencias que acarrea la vulneración de las leyes que protegen el patrimonio cultural.

Por su lado recién en el año 2022, la Fiscalía Anticorrupción abrió investigación preliminar contra sesenta ex servidores/funcionarios de las dependencias involucradas. Son investigados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita para delinquir y organización criminal. Entre los implicados se encuentran tanto los propietarios del inmueble donde se construyó el hotel, funcionarios de la DDCC como sus ex directores, Edwin Ricardo Ruiz Caro, José Miguel Zegarra Balcazar, José Carlos Silva Gonzáles, José David Vega Centeno, Juan Julio García Rivas, supervisores, jefes del área de patrimonio, entre otros.

En el caso del municipio provincial, se encuentra implicado el ex alcalde Luis Flores García y sus ex funcionarios de confianza. En ambas dependencias, se sospecha de permisos irregulares, procedimientos erróneos y actuaciones anómalas

En junio de este año, el Tribunal Constitucional (TC) solicitó al Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco ejecutar la demolición (dispuesta en resolución del 13 de setiembre del 2019) de los nueve pisos y dos sótanos del hotel Sheraton. Además, deberá realizar un informe técnico sobre las acciones que se tomarán respecto a la restauración de los muros arqueológicos para proceder con la restitución de cinco andenes y muros incas de piedra que fueron retirados durante las obras.

“La sentencia es del año 2019, pero por resistencia en el cumplimiento de la resolución de la DDCC y municipio provincial del Cusco, así como la empresa destructora del patrimonio (inmobiliaria R&G) se ha estado discutiendo y nos hemos visto obligados en recurrir al TC para que se ejecute la sentencia. El 22 de junio saco su resolución dándonos la razón y que se proceda a la demolición y restitución de andenes incas. Estamos alegres de este logro son diez años de lucha jurídica con acompañamiento de la población. El informe donde Cultura quedó sin efecto con el mandato del PJ, tiene que proceder a la demolición total y restitución integra de los andenes incas hasta la que la última pieza lítica sea colocada en su lugar”, manifestó la integrante de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social, Tik´a Luizar Obregón.

Actualmente, la obra está paralizada y desde cualquier punto elevado de la ciudad puede divisarse el esqueleto del edificio, pese al fallo la demora en devolución del expediente no permite proceder con la ejecución de demolición y reposición de andenes incas, además el tema presupuestal expuesto por DDCC es una traba más para este proceso, según denuncia la Comisión de Juristas Cusco.

“La situación del Sheraton es que el expediente en físico se encuentra en Lima en el TC, tenía que ser devuelto en el trascurso de la última resolución emitida en junio, esperábamos de que el expediente pudiera retornar inmediatamente, pero lamentablemente la DDCC ha presentado un documento para que se aclaren algunos temas de carácter económico presupuestal y otros detalles, lo que consideramos que es una justificación para demorar y retrasar la ejecución de esta sentencia desdiciendo de la funciones que tiene la DDCC y perjudicando los intereses nacionales”, explicó Tik´a Luizar.

De acuerdo a Luizar las instituciones involucradas han enviado escritos a los que califica como “justificaciones irracionales” para demorar la ejecución de la sentencia.

“La empresa, así como la DDCC han señalado de que en caso se ejecute la demolición se vendría abajo todo Sacsayhuamán lo que es una situación totalmente absurda porque para fines que ellos ejecuten y hagan tremendo forado de excavación hasta por debajo del rio Saphy, allí Sacsayhuamán no se ha caído, son justificaciones que quieren invocar como supuestas justificaciones técnicas, totalmente irracionales. Lamentablemente Cultura ha presentado un escrito ante el TC para que se esclarezca los niveles de proporción, participación a nivel presupuestal de la ejecución de la sentencia, esto significa una demora intencional, entonces tenemos que esperar que el TC resuelva esta petición de cultura y luego recién pueda retornar el documento”, agregó la jurista.

La Comisión de Juristas viene fomentando la campaña “Un Sol por el Cusco” que busca recaudar un millón de soles para concretar las acciones de restauración integral de los muros arqueológicos prehispánicos e incas afectados

“Los anteriores directores de Cultura hablaron de tres millones aproximadamente para la demolición y restitución de andenes incas, sin embargo, conversando con técnicos aliados de la defensa del patrimonio refieren un monto de un millón de soles. Cultura dijo que no cuenta con los fondos para realizar demolición por lo que nosotros estamos emprendiendo una campaña de colecta. Como es una orden judicial tanto Cultura como la municipalidad de Cusco tienen la obligación de habilitar un presupuesto, resulta risible que digan que no cuenten con presupuesto, ambos sí cuentan por presupuesto, pues por ley recaudan por nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, una vez que retorne el expediente a Cusco y en previsión de más demoras en el tema presupuestal nosotros conjuntamente con las organizaciones sociales, la ciudadanía en general, habilitaremos cuentas bancarias bajo el título ‘Un Sol por el Cusco’ en soles y dólares para recaudar el monto de un millón de soles, los que al lograr el objetivo serán puestos a disposición del juzgado para ejecutar la restitución de los andenes incas, hemos esperado tiempo más que suficiente para que esto se ejecute. Si Cultura no tiene funcionarios capaces para restituir andenes incas, entonces convocamos a la comunidad internacional para que vengan sus técnicos y hagamos posible esta realidad de recuperar estos andenes” finalizó Tik´a Luizar.