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El video fue grabado desde un techo y, aunque no se logran distinguir rostros, sí se pueden ver acciones claras. Los conductores de tres camionetas intentan desesperados dar la vuelta y escapar de la zona, mientras varios sujetos sacan del interior mochilas, bolsas y paquetes, los colocan en la mitad de la carretera y les prenden fuego.
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Sucedió esta semana en Loromayo, una localidad de la selva de Puno, donde en los últimos años se ha incrementado de una manera descontrolada el cultivo de hoja de coca. Los vehículos habían sido contratados por el Proyecto Corah, ente encargado de la erradicación de hoja de coca, y las pertenencias destruidas eran de los erradicadores.
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Semanas antes, el 23 de setiembre, hubo en el Vraem un hecho que también causó alarma. Un grupo de policías de la base antidrogas de Palmapampa llegó en dos camionetas a una vivienda donde se acopiaba droga. Antes de que pudieran intervenir en el lugar, fueron atacados con piedras y palos por una turba de hombres, mujeres e incluso ancianos. Los policías tuvieron que disparar al aire, subir a sus autos semidestruidos y escapar.
Esto sucedió en un caserío de Samugari, distrito de la provincia ayacuchana de La Mar, una de las zonas donde se cultiva la mayor cantidad de hoja de coca.
Pero detrás de todo estos aspectos sociales, políticos y hasta policiales, hay un factor que silenciosamente moviliza toda la dinámica en torno a la hoja de coca y su uso más común.
Como cualquier otra actividad económica legal o ilegal, la inequívoca ley de oferta y demanda explica qué está sucediendo en la selva de Puno, en el Vraem y en aquellas zonas donde el conflicto gira en torno a esta planta.
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–Mercado subterráneo–
La Convención, Yanatile y Kosñipata, en Cusco, son los únicos valles donde el cultivo de hoja de coca es legal y está regulado. De esta producción se extrae la coca que se usa para uso tradicional o industrial. Es un producto orgánico de alta calidad, sembrado en zonas controladas y formales, pero equivale apenas al 10% del total de producción de este cultivo.
En el Vraem el asunto es distinto. Allí casi nadie consume la hoja de coca en infusiones o chacchado, por la cantidad de agroquímicos que se emplean en su proceso. Estos productos permiten que haya hasta cuatro cosechas al año (en los valles como La Convención máximo son tres) y que cada hectárea sembrada tenga una productividad de hasta cinco veces más que en las zonas de cultivo orgánico.
En las zonas del Vraem donde están la mayoría de esos cultivos –Samugari es un ejemplo–, muy cerca se esconden las pozas de maceración. Allí se produce la pasta básica de cocaína (PBC), que luego es llevada a otros laboratorios clandestinos para transformarla en el producto final, el clorhidrato de cocaína.
Debido a la presión policial, y a efectos diversos de la pandemia, en los últimos cuatro meses los acopiadores de hoja de coca y PBC se concentraron en la selva de Puno. Mientras el precio de venta de la arroba de hoja de coca en el Vraem disminuyó hasta S/30, en Puno aumentó día tras día y se situó hasta en S/250.
El entusiasmo que esto provocó se transformó en más áreas cultivadas en la zona. Por eso, el Proyecto Corah concentró sus esfuerzos recientes en erradicar plantas en la selva puneña, y por eso la reacción violenta de los cocaleros, como la que hubo en Loromayo.
Los acopiadores, que siempre van adonde hay insumos, comenzaron entonces a mirar otra vez hacia el Vraem, donde actualmente no se está erradicando. Por efecto de la misma ley de oferta y demanda, en las últimas semanas la arroba de hoja de coca aumentó su precio hasta situarse en S/80.
En el Vraem, además, la situación es aun más delicada por la presencia de las columnas narcoterroristas. “Sembremos coca. Y si algún demente se atreve a erradicar [...] hay que defenderlo con armas en la mano”, dijo la cabecilla terrorista ‘Vilma’ en un audio difundido en setiembre.
“Por eso es tan importante que no se interrumpan los planes de erradicación”, dice Rubén Vargas, especialista en el tema. Y por eso preocupa, como dijo esta semana a El Comercio el renunciante jefe de Devida Fidel Pintado, que siempre haya “intereses políticos de organizaciones radicales que pretenden hacer daño a la lucha contra el tráfico de drogas”. Aún no hay reemplazo para este cargo tan delicado
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