Mineros ilegales en Pataz llevan una vida de lujos

Casas con piscina y canchas de fulbito, hoteles de lujo, discotecas, centros de recreación, edificios de 10 y hasta 12 pisos, bares, grifos, antenas repetidoras propias. Niños que se desplazan en cuatrimotos a la escuela. Una ciudad con evidentes signos de riqueza que crece sobre los cerros del distrito de Pataz, en la provincia que lleva el mismo nombre en La Libertad, región hasta donde viajó un equipo de El Comercio.

La Libertad es la principal región productora de oro en el país, y la minería ilegal e informal representa el 32,5% de toda la producción nacional.

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De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en mayo pasado, el Perú es el país que exporta el mayor porcentaje de oro ilegal en Sudamérica, con el 44%. Supera con gran distancia a Colombia, Bolivia, entre otros.

La explotación ilegal de oro se ha convertido en un negocio tan rentable y atractivo para los mineros de la zona y los foráneos que son clanes familiares los que han decidido asentarse en Pataz y levantar su imperio con viviendas con todos los lujos y comodidades.

Del 100% de oro que produce el Perú, el 50% es legal y el otro 50% es ilegal. Esto quiere decir que la minería genera en promedio US$12.000 millones al año (US$6.000 millones legales y US$6.000 millones ilegales) .

Este monto que mueve esta actividad ilegal supera a otras economías criminales, como el narcotráfico, que mueve cerca de US$4,8 mil millones y la trata de personas.

Hace casi una década, los mineros artesanales de Pataz trabajaban con pico, lampa y carretilla, pero eso cambió radicalmente durante la pandemia. En esos años, el precio del oro subió estrepitosamente y el negocio de las carretillas se transformó en el de la maquinaria pesada, remolques, volquetes, grupos electrógenos, bombas de agua, etc. Pero los mineros ilegales se enfrentaron a un gran problema: en el recorrido hacia las plantas procesadoras ubicadas en Trujillo y Nasca los volquetes con grandes cantidades de minerales eran asaltados por los delincuentes. Los mineros ilegales e informales buscaron protección y seguridad criminal.

El grave error que cometieron fue contratar a delincuentes, sicarios de las bandas más peligrosas de La Libertad, como Los Pulpos, La Gran Familia, Tren de Aragua, entre otras, para que brindarán seguridad a la carga. En promedio un volquete de mineral podía llegar a costar hasta S/200.000. Esa practica criminal se realizó entre el 2020, 2021 y 2022. A finales de ese año e inicios del 2023, los delincuentes se dieron cuenta de que ese era un gran negocio y decidieron que ya no le darían protección al minero, sino que entrarían juntos al negocio. “Yo voy a hacer tu socio. Y vamos a medias, de 50 a 50; pero entonces el minero le dice que no está de acuerdo. Al final, el minero que se opone amanece en el fondo del río”, nos dijo un poblador que prefirió mantener su nombre en reserva.

Para el ex consejero regional de La Libertad y expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Greco Quiroz, la responsabilidad de que la minería ilegal continúe en crecimiento recae en las autoridades.

“Como tú has podido ver, ahí no existe ni pequeña minería ni minería artesanal. Sin embargo, el gobierno regional se hace el ciego ante esa realidad. El Ministerio de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho, el ministro actual, se hace el ciego ante esa realidad porque basta con ver, basta con ir a la zona y darse cuenta de que por ningún lado ahí hay pequeña minería, sino maquinaria pesada, volquetes”, remarcó Quiroz.

También señaló al actual gobernador de La Libertad, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, como uno de los principales actores responsables de esta situación.

“Los gobiernos regionales [son el] primer fiscalizador [...] César Acuña no tiene ninguna intención de luchar contra la minería ilegal. No ha hecho absolutamente nada en estos dos años que está en el gobierno regional. No ha habido un solo fiscalizador que en los dos años de César Acuña haya ido a Pataz. No ha ido nunca”, remarcó.

Según su testimonio, en los años que estuvo al frente de la Comisión de Energía y Minas del GORE La Libertad descubrió hechos muy graves.

“Yo he registrado 240 muertes en estos años, desde el 2018 hasta el 2022 más o menos, finales del 2022, que ya luego perdí el registro porque ya no estuve en el consejo regional”, apunta Quiroz.

Respecto a Pataz, describe la localidad de la siguiente manera: “Lo que yo veo es que toda esta zona es de gran riqueza. Creo que, si hay una ciudad que tiene más camionetas 4x4, supermodernas, es Pataz. Es increíble: edificios, casas con piscina con todos los lujos producto de la minería. […] El problema está en que hoy día ese minero informal, esa minería informal está vinculada ya directamente a la criminalidad organizada”.

Según las cifras analizadas por Quiroz, la cantidad de oro que sale del país es el doble de lo que se produce y registra legalmente.

En el informe “Cadena de valor de la minería ilegal del oro y el desvío de insumos primarios destinados a este delito en el Perú”, publicado por el Ministerio del Interior en julio de este año, se expone que entre el 2010 y el 2022 existe una brecha importante entre la cantidad de oro producido en el país y la cantidad de oro exportado. En el 2022, por ejemplo, se registró la producción de 96,6 toneladas de oro. Sin embargo, el Perú exportó casi el doble, alcanzando las 174,8 toneladas.

En entrevista con El Comercio, el coronel PNP Javier Méndez, jefe del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada (Greco) en La Libertad, informó que, según las estadísticas, la minería ilegal “está generando más activos y más dinero”. Por lo tanto, se ha convertido en una economía ilegal “más rentable que el narcotráfico”.

Recientemente, Greco desactivó la organización criminal dedicada a la minería ilegal de Gregorio Palermo Segura, conocido como Palermo. De acuerdo con la investigación policial, esta red movía cientos de millones de soles. “[Palermo] desde el 2020 [hasta el] 2024 ha amasado un ingreso de 500 millones de soles [...] en lo que es explotación y traslado de mineral”.

Según el coronel Méndez, durante la pandemia la minería no se detuvo y esa situación fue aprovechada por las organizaciones criminales. “Los cabecillas direccionaron su accionar hacia la zona de Pataz y cómo lo realizan: efectuando chalequeos, dando seguridad a estos parqueros [...]. Los parqueros son los mineros ilegales, son las personas que se dedican a sustraer el mineral de manera ilícita”, comentó a este Diario.

Informó que la Policía Nacional tiene identificadas a alrededor de 6 bandas criminales que operan en La Libertad.

Méndez también brindó detalles sobre como operan estas redes: “Estos mineros ilegales [...] han abierto socavones tanto en el distrito de Pataz como en la zona de Pueblo Nuevo que son los lugares principales donde ellos ejercen sus actividades […]. Por ejemplo, en la organización criminal de Palermo nosotros ubicamos una bocamina que estaba dentro de su domicilio. Abrían el portón. Estaba la reja y había un socavón que tenía más o menos una distancia de entre 5 a 6 kilómetros. Entonces, ese es el socavón donde ellos ingresan, pero se desvían en zonas donde el mineral es sustraído por parte de las empresas”.

Según información policial, en el campamento de Poderosa se registraron 17 fallecidos por ataques de mineros ilegales, cuando se encontraban en el desarrollo de las actividades.

Por otro lado, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha permitido que los mineros ilegales operen bajo la fachada de ‘informales’. No pagan impuestos porque esto ocurre solo cuando el mineral extraído ha sido declarado legalmente.