A pocas semanas de iniciar las clases presenciales en el país, el presidente Pedro Castillo dijo en Lambayeque que declarará en estado de emergencia la educación. “Vamos a agendar la infraestructura a nivel nacional de todas las instituciones educativas para declarar en emergencia la educación del pueblo peruano”, declaró.
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En el Perú hay en total 111.654 servicios educativos públicos y privados. A inicios de enero, el 83,2% se encontraba habilitado para brindar clases con algún grado de presencialidad. Este hecho se dio debido a que según el Sistema de Seguimiento y Alerta del Retorno Seguro cumplían con las condiciones sociales y de bioseguridad.
No obstante, y pese a que a fines de agosto el Gobierno ya había declarado en emergencia el sistema educativo nacional, a través de una norma que disponía que se apruebe y publique el Plan de Emergencia Educativa con medidas para el retorno a clases, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha reportado que a la fecha 7 de cada 10 escuelas públicas requieren una mejor infraestructura.
Del mismo modo, Rosendo Serna, ministro de Educación, declaró ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República, que el 39.3% del total de locales educativos públicos se encuentran en riesgo de demolición.
La Unidad de Datos analizó las cifras del Panorama de la Realidad Educativa según los registros de todas las direcciones regionales de educación del país y halló que el 84% de locales educativos de colegios públicos y privados tienen información de riesgo.
En las regiones de Amazonas, Huancavelica y Pasco el 100% de sus locales presentan algún tipo de problema: mala infraestructura; ausencia de lavaderos, de agua y desagüe, de mobiliario; falta de mantenimiento; ventanas que no pueden abrirse; espacios cerrados y no acondicionados, entre otros.
Otras 13 regiones tienen más del 90% de sus locales educativos con información de riesgo: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.
De igual forma, hasta el 2021, 29% de locales educativos de instituciones públicas y privadas se encontraban en riesgo de demolición. Es decir, más del 70% de su infraestructura requiere de una sustitución total. En las regiones de Puno, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Amazonas, Apurímac y Cajamarca, más del 40% de locales tienen este problema y aún no se ha hecho nada para solucionarlo.
Medidas urgentes
Entre el 2020 y el 2021, alrededor de 350 mil estudiantes de colegios privados migraron a escuelas públicas. “Hay un aumento de la demanda del servicio educativo presencial”, dice Daniel Contreras, especialista en Educación de Unicef. Según explica, debido a esta situación se requiere de más espacios, mobiliario, docentes, material educativo, y una revisión de los protocolos sobre el distanciamientos físico en las aulas.
Contreras menciona que si bien el problema de la deficiente infraestructura educativa se arrastra desde hace 20 años y probablemente requiera de una solución a largo plazo, se deben encontrar alternativas de emergencia que puedan asegurar un retorno a clases seguro.
“El abandono en el que pudieron estar algunas instituciones educativas es un problema que se suma a las deficiencias ya existentes y que se debe solucionar de inmediato”, sostiene el experto quien enfatiza en que se está jugando el desarrollo completo del país en las siguientes épocas. “Perú se enfrenta a un desafío en el que la única opción es reabrir las escuelas porque hay que recuperar estudiantes y aprendizajes”, recalca.
Ejecución presupuestal
Según los reportes emitidos por la direcciones regionales de educación del país, en promedio solo el 49% de locales educativos a nivel nacional cuentan con servicios higiénicos en buenas condiciones. Solo Tacna, Ica y Arequipa tienen más del 60% de locales con servicios higiénicos adecuados. Las regiones con el menor porcentaje de servicios en óptimas condiciones son Puno, Apurímac, Pasco y Huancavelica.
Durante el 2020 y el 2021, el Ministerio de Educación (Minedu) realizó transferencias de recursos para el mantenimiento y la compra de mascarillas, lavamanos, e incluso para mejoras de infraestructura.
A la fecha, solo se ha ejecutado, en promedio, el 58% del fondo para mascarillas, que superó los 154 millones de soles. Madre de Dios y Lambayeque ejecutaron menos del 2% del fondo transferido, mientras que Lima Metropolitana y Pasco apenas superan el 15%. Otras seis regiones no llegan al 50% de ejecución.
Por su lado, si bien el promedio de ejecución del fondo de más de 37 millones de soles para la compra y mantenimiento de lavamanos supera el 90%, durante el 2021 la Contraloría de la República emitió diferentes informes en los que señala que no todas las instituciones educativas gastaron el dinero para dicho fin. Además, ninguna región ejecutó el 100% de los fondos.
A pocas semanas del inicio de clases, organizaciones como Unicef se han pronunciado y han pedido al gobierno que se brinden las condiciones de un retorno seguro. “Son más de 700 mil estudiantes que no han abandonado sus estudios o han estado apunto de hacerlo”, asegura Contreras, quien recalca que todavía no se sabe cuál ha sido la afectación de los aprendizajes. “Se tienen que tomar las medidas. No podemos esperar más”, advierte.
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