El escandaloso aumento de la minería ilegal en regiones amazónicas: solo en Huánuco la deforestación se triplicó en un año | INFORME

Veinte comunidades indígenas de la cuenca del río Tigre, en la región Loreto, acatan desde hace quince días una huelga indefinida -con bloqueo del tránsito fluvial incluido- ante el avance de la minería ilegal de oro y la contaminación por mercurio. Denuncian que están bebiendo agua contaminada, que el Estado los ha abandonado, que organizaciones internacionales financian la extracción ilegal del mineral y que existen pasos ilegales que conectan esta cuenca con el río Nanay para movilizar combustible y suministros sin que nadie haga nada. Un mes antes habían advertido que más de 20 dragas operan con total impunidad desde enero en las comunidades del alto Tigre. Aún no hay solución ni pronunciamiento del Gobierno aunque ya hubo un enfrentamiento a balazos.

Esta es apenas la punta del iceberg. Un informe de Conservación Amazónica – ACCA revela que la minería ilegal sigue aumentando en la amazonía peruana y ahora está presente en nueve regiones, sumando en el último año a Cajamarca y Pasco.

Aunque Madre de Dios sigue siendo el epicentro de esta crisis ambiental con más de 11.500 hectáreas deforestadas en el 2024, en Huánuco la extracción ilegal de oro se ha triplicado en un año. En este departamento la deforestación pasó de 558 hectáreas en 2024 a 1.763 hasta agosto de 2025, gran parte en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira y dentro del Área de Conservación Privada Panguana.

“Huánuco es, sin duda la región, que ha tenido el crecimiento más agresivo. Hay otras dos que también nos causan preocupación: Loreto, donde en el río Nanay se ha alcanzando un nuevo récord en cuánto al número de dragas operando al mismo tiempo con 42 el 16 de junio; y Ucayali, donde ha surgido un nuevo frente de minería como la quebrada Novo, un afluente del río Abujao”, explicó a El Comercio Sidney Novoa , director de tecnología de la conservación de ACCA.

En total, la minería ilegal afecta a 250 cuerpos de agua y 73 comunidades nativas de las nueve regiones amazónicas afectadas, que incluyen también Amazonas, Cusco, Ucayali y Puno.

En Cajamarca, una nueva zona de extracción de oro ha sido identificada en la cuenca del Río Chinchipe, donde ha habido enfrentamientos entre mineros de Perú y Ecuador. “Ya se puede percibir los impactos de la minería en este río. Han afectado cerca de 36 hectáreas de bosque y en el último año se han dado concesiones a trámite en el 100% de la cuenca del Río Chinchipe hasta su desembocadura en el Marañon. Mientras que en Pasco hay deforestación cerca del río Chinchihuani, vinculada con la minería que hemos detectado en puerto Inca”, agregó.

Solo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata se concentra el 13 % de toda la minería ilegal de Madre de Dios, mientras que en La Pampa, otrora símbolo de la lucha contra estas actividades criminales, se contabilizan más de 1.600 dragas, un aumento del 21 % respecto al año pasado. Estas cifras fueron brindadas durante el evento Minería de oro en la Amazonía Peruana, ¿cómo vamos? 2025, realizado el último martes en Lima.

“En las áreas naturales protegidas amazónicas hemos encontrado que la mayor amenaza sigue siendo Tambopata, la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Madre De Dios, Puno y Cusco donde hay un frente fuerte y activo de minería ilegal. En Loreto, las áreas más afectadas son el Área de Conservación Regional Alto Nanay - Pintuyacu Chambira y el Parque Nacional Yaguas”, añadió Novoa a El Comercio.

Estas cifras evidencian la ausencia de acciones concretas de fiscalización y control en zonas críticas. “Hay recortes en presupuestos como los del Ministerio Público, a través de sus fiscalías especializadas en materia ambiental o de crimen organizado, que han visto limitado su accionar en campo. Otra situación se dio con el intento del Ministerio del Interior de retirar el apoyo policial en zonas de emergencia. No se llegó a concretar pero dio una nuestra clara de la posición actual frente a esta problemática”, dijo el especialista.

Para tener una idea de la cantidad de dinero que mueve esta economía ilegal, el informe actualizado del Grupo Técnico Contra la Minería Ilegal de Loreto (GTCMI) revela que la minería de oro en la región de Loreto genera ingresos estimados de más de 108 millones de soles mensuales, una cifra que representa un incremento significativo respecto a los S/ 20.9 millones reportados en el año 2024.

En una entrevista previa con este Diario, el fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió que existen al menos una decena de zonas críticas donde el avance de la minería ilegal amenaza con desencadenar niveles de violencia similares a los de Pataz, entre ellos Condorcanqui, Amazonas, en la frontera con Ecuador. El problema es que aunque los focos estaban identificados, no hay recursos para fiscalización. “Solo se accede a Condorcanqui por vía fluvial, pero no tenemos chalupas o deslizadores. Para movernos en selva necesitamos brújulas, GPS, linternas, ponchos, bolsas de dormir. Lamentablemente este año no se nos ha designado presupuesto para las fiscalías ambientales. No podemos cubrir los recursos para que fiscales y personal FEMA puedan realizar sus trabajo”, dijo entonces a El Comercio como ejemplo de los limitados recursos para luchar contra la minería ilegal.

Mientras avanza estas economías ilegales, desde el INGEMMET se han entregado nuevas concesiones mineras en zonas protegidas. De acuerdo con ACCA, de las 1.036 nuevas solicitudes presentadas, 136 se superponen con comunidades nativas, 48 con áreas protegidas y 3 con reservas indígenas, además de 693 que coinciden con ríos y quebradas.