En el Perú hay miles de personas que siguen sin aparecer desde hace más de 18 años. Según el primer listado base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (Renade), un total de 20.329 personas desaparecieron en los años más crueles del terrorismo, entre 1980 y 2000. De ellas, apenas 865 han sido halladas y restituidas a sus familiares. Hay, en cambio, 19.464 personas cuyos restos faltan localizar o identificar.
El Comercio conversó sobre estas lamentables cifras con Ariel Dulitzky, argentino, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas (Estados Unidos) y ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. De acuerdo al especialista, aunque no hay datos comparativos país por país, la cantidad de desaparecidos estimada por el Renade coloca a nuestro país entre las naciones de América Latina con más casos de este delito de lesa humanidad.
Guatemala, Argentina y Colombia han reportado más casos de desapariciones que Perú hasta el momento, según las cifras disponibles. Solo en Guatemala, por ejemplo, la Asociación Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) calcula que más de 45 mil personas desaparecieron durante el conflicto armado interno que azotó a ese país entre 1960 y 1996.
“Entre estas personas se incluyen a 5 mil niños y niñas. Estas desapariciones se dieron en el marco de una política represiva de detención, negación y ocultamiento de la existencia de la persona, además en las acciones de tierra arrasada y masacres las fuerzas militares enterraron en fosas clandestinas a las víctimas y ocultaron cualquier evidencia sobre los hechos”, informó a este Diario José Flores, miembro de Famdegua.
Respecto al caso guatemalteco, Ariel Dulitzky coincide que gran parte de las desapariciones se dieron debido a la metodología de “tierra arrasada” que aplicaron las fuerzas armadas de ese país. “Se considera que Guatemala es el primer país que empieza a utilizar de manera sistemática las desapariciones a mediados de los sesenta”, añade.
En el caso de Argentina, las organizaciones de derechos humanos reconocen que durante la dictadura militar (1976 – 1983) desaparecieron aproximadamente 30 mil personas. Y en Colombia, donde existe un Registro Nacional de Desaparecidos, se contabilizaron 25.102 personas desaparecidas durante su largo conflicto armado.
“Hay que leer los momentos históricos en los que ocurren estas desapariciones. En el imaginario social, estas están asociadas con las dictaduras de los países del cono sur como Argentina, Chile y Uruguay y con la Operación Cóndor, donde hubo una cooperación entre distintas fuerzas armadas. Hay un altísimo número de desapariciones en periodos muy corto, como en Argentina donde se estiman 30 mil fundamentalmente ente 1976 y 1978. En el caso peruano, las estadísticas abarcan 20 años”, explica Dulitzky.
El especialista argentino advierte que hay diferencias regionales notables respecto al tipo de víctimas de desaparición. “No es lo mismo la masividad de las víctimas quechuahablantes en Ayacucho que la violencia indiscriminada y selectiva frente a poblaciones urbanas como en Chile y Argentina o, incluso, el que ocurrió en las zonas urbanas de Perú, como el caso de La Cantuta. Estas disparidades regionales o del interior de los propios países ayuda a entender cuáles eran las prácticas y quiénes los responsables”, comenta Dulitzky.
-La búsqueda debe continuar-
Según Dulitzky, conocer con exactitud la cantidad de personas desaparecidas durante el terrorismo es crucial para entender este fenómeno y establecer políticas públicas de reparación, memoria y justicia. No obstante, precisa que el registro de desaparecidos debe complementarse con la búsqueda efectiva de las personas en las fosas que ya han sido identificadas en el país.
“Hay que buscar más fosas clandestinas y protegerlas si es que aún no se pueden realizar exhumaciones. Hay que esclarecer la suerte y el paradero de estas víctimas. Esto es algo que todavía no ha ocurrido en el Perú, incluso con la creación del laboratorio especializado del equipo forense en Ayacucho”, recomienda.