Nuevas inconsistencias alrededor del cuestionado proyecto Parque de las aguas en Piura. Esta vez se conoció que el municipio presentó dos documentos completamente distintos a la hora de sustentar la viabilidad de esta obra.
El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) vio la luz en 2023 y se llamaba “la herramienta técnica de viabilidad ambiental”. El segundo se presentó el 26 de enero de este año y, para sorpresa de muchos, era otro texto, esta vez una declaración de impacto ambiental, reveló Norte sostenible.
Además de la diferencia en el número de páginas, uno de 36 y otro de 182, hay otros aspectos que también difieren entre sí, por ejemplo, en los impactos considerados, el contenido, así como en el experto encargado de los estudios, entre otros.
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Al respecto, el decano del Colegio de Arquitectos de Piura, Leopoldo Villacorta, lamentó las inconsistencias que siguen saliendo a la luz y reiteró que este es un proyecto innecesario para la ciudad.
“Es la muestra de que no se ha respetado la zona en cuanto al impacto. Lo que entendimos en un principio era que se necesitaba un mejoramiento del parque Néstor Martos, pero no un parque de Aguas. Lo que se requiere con urgencia en Piura son espacios públicos basados en arborización y en áreas verdes, no en cemento y concreto como se está estableciendo en este proyecto”, aseveró a Norte sostenible.
¿Por qué se oponen al proyecto?
Como ya se conoce, diversos colectivos y defensores del medio ambiente están en contra de la implementación de este proyecto porque consideran que atenta contra el medio ambiente. Entre sus principales trabajos está talar 21 árboles para poder colocar piletas de agua en el Parque Néstor Martos.
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Entre los árboles que retirarán hay 6 de la especie algarrobos. Para el biólogo piurano Paul Viñas, esta tala, definitivamente, originará un desequilibrio ecológico.
“Los árboles, sobre todo los algarrobos, demoran entre 20 y 30 años en alcanzar una madurez como la que tienen ahora. Impacto negativo hay de todas maneras, sobre todo considerando que Piura es una ciudad que necesita más árboles, no queremos más cemento”, subrayó.
Residentes de la zona han presentado una medida cautelar ante el Poder Judicial con la esperanza de que se declare fundada y así evitar que la obra, a cargo del Consorcio Santa Ana, continúe.
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