El pleno del aprobó este miércoles la inhabilitación por 10 años de la suspendida fiscal suprema para el ejercicio de cargos públicos, tras prosperar un pedido de reconsideración que dio marcha atrás a una votación realizada horas antes.

La inhabilitación fue avalada por 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones. El Parlamento atribuyó a Espinoza la responsabilidad por la aprobación de un reglamento en el Ministerio Público que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, la cual establece que la investigación preliminar de los delitos corresponde a la Policía Nacional.

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Héctor Villalobos

Se pronunciaron a favor de la sanción principalmente las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y Honor y Democracia. En tanto, se opusieron la Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, algunos legisladores de Juntos por el Perú y otros no agrupados.

Horas antes de la votación definitiva, el Congreso había reunido solo 63 adhesiones, cinco menos de las necesarias para sancionar a la suspendida fiscal suprema.

Sin embargo, pedidos de reconsideración presentados por Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Norma Yarrow (Renovación Popular) reabrieron el debate.

En la segunda votación, a diferencia de la primera, se sumaron los votos de José María Balcázar (Perú Libre), Edhit Julón (Alianza para el Progreso), Ana Zegarra (Somos Perú), Guido Bellido, Francis Paredes (Podemos), Silvia Monteza (Acción Popular), Katy Ugarte (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) y Kira Alcarraz (no agrupada), lo que permitió superar el mínimo requerido.

La mayoría de estos congresistas no había participado en la primera votación. En tanto, Katy Ugarte, Kira Alcarraz y José María Balcázar pasaron de abstenerse a respaldar la inhabilitación.

Así votaron los congresistas:

El tablero electrónico del Congreso marcó 62 votos a favor. Luego se informó del respaldo a la sanción de otros 9 legisladores.

Como se trataba de un informe aprobado previamente por la Comisión Permanente, no pudieron votar los 28 integrantes de dicha instancia. El número mínimo de votos requerido era 68.

Mira aquí la sesión plenaria de la tarde

En la mañana, el pleno del Congreso aprobó resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, prevaricato y falsedad genérica.

El expediente de la acusación constitucional será remitido a la Fiscalía de la Nación.

Mira la sesión plenaria de la mañana:

La acusación constitucional y la sanción es por la aprobación de un reglamento que “contraviene algunos extremos” de la Ley 32130, que establece que la investigación preliminar del delito es una tarea de la Policía Nacional.

Dicha acusación - por presunta infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución - había sido aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, con 16 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones.

Ante la prensa, a su llegada al Parlamento, la suspendida fiscal suprema afirmó que se trata de una persecución política y venganza por investigar al poder político. Precisó que no participó en ninguna de las fases para elaborar, revisar y aprobar el mencionado reglamento.

Durante la sesión plenaria, Espinoza cuestionó a los parlamentarios que apoyan la acusación en su contra, aseguró que sus derechos han sido vulnerados y señaló que no ha cometido ninguna falta, ni delito como se le imputa.

“Desde el inicio de mi gestión la verdad ha sido un principio fundamental (…) Estoy aquí no por haber cometido una falta o un delito contra la Constitución y la ley, sino porque a través de este proceso inconstitucional se quiere enviar un mensaje: ‘o te sometes o pierdes tu trabajo’”, exclamó.

La acusación constitucional alcanzaba a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, pero esos casos fueron archivados.

La denuncia constitucional fue presentada en octubre del 2024.

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