Pedro Castillo: Un segundo proceso en marcha y ocho pedidos para levantar su inmunidad, los casos pendientes tras su condena

Durante su gobierno (2021-2022), Pedro Castillo fue investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Estado que se infiltró en distintos sectores para obtener beneficios económicos fruto de actos de corrupción. En paralelo, sus familiares y allegados fueron investigados por esos mismos hechos por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

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Fue así que surgieron casos como el de los Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, el Caso Puente Tarata, el Caso Petro-Perú, el Caso Anguía, el Caso Los Niños y el Caso Sada Goray. A ellos se sumaron otros como las indagaciones por peculado por el uso de aeronaves militares para trasladar a familiares o las de nombramientos irregulares de ministros.

Por entonces, los casos del Eficcop avanzaron más rápido debido a que los investigados no tenían antejuicio (inmunidad), mientras que Pedro Castillo y sus exministros sí la tenían y solo podían ser indagados de forma preliminar. Para levantarles ese beneficio, la Fiscalía de la Nación debía presentar denuncias constitucionales ante el Congreso y este tenía que aprobarles.

Los casos pendientes de Pedro Castillo

Tres años después de la caída de Pedro Castillo, la Fiscalía de la Nación cumplió con presentar distintas denuncias constitucionales por los casos de presunta corrupción atribuidos al expresidente. Sin embargo, el Congreso solo cumplió con darle trámite y aprobar una de ellas en febrero del 2023. El resto de casos permanecen sin respuesta, lo que ha impedido que el Ministerio Público avanza a una acusación penal y se llegue a un nuevo juicio.

El único proceso en el que el Congreso aprobó levantar el antejuicio de Pedro Castillo fue su denuncia constitucional por organización criminal y corrupción, la cual agrupó los casos conocidos como Puente Tarata (corrupción en el Ministerio de Transportes), el Caso Petro-Perú y el Caso Anguía (corrupción en el Ministerio de Vivienda). Se hizo lo mismo con sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Ello permitió que el Ministerio Público formalice la investigación del caso y pida prisión preventiva por esos hechos para Pedro Castillo y ambos exministros, medida que fue dictada por el Poder Judicial y actualmente sigue vigente. El plazo para la investigación es hasta marzo del 2026 y si bien este todavía no se vence, el Ministerio Público aún no presenta la acusación penal contra el expresidente.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, despacho que, desde que se formalizó la investigación, ha estado a cargo de tres fiscales distintos: Uriel Terán, Alcides Chinchay y -actualmente- Zoraida Ávalos. Todo esto en medio de la crisis institucional que ha vivido el Ministerio Público en los últimos dos años, con cuatro fiscales de la Nación distintos.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, la investigación ha presentado retrasos y el equipo fiscal a cargo actualmente trabaja para terminarla dentro del plazo. En esa línea, todo apunta a que el próximo año se tendrá la acusación contra el expresidente por este caso, la cual podría luego derivar en un nuevo juicio en su contra.

La gran barrera que han tenidos los casos que involucran directamente a Pedro Castillo para llegar a resolverse mediante una acusación penal y eventuales sentencia del Poder Judicial ha sido una: el Congreso.

Desde que fue destituido del gobierno en diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación culminó con al menos nueve investigaciones preliminares abiertas a Pedro Castillo por delitos cometidos durante su gobierno. Luego, para poder avanzar con el proceso judicial y eventualmente acusarlo por esos casos, recurrió al Congreso para que este levante su antejuicio (inmunidad) por dichos casos, a través de denuncias constitucionales.

Sin embargo, ocho de esas denuncias constitucionales permanecen estancadas en la Subcomisión de Acusación Constitucionales, que preside por la bancada de Alianza por el Progreso. La novena fue archivada por ese grupo en junio pasado, blindando al exmandatario de responder ante la justicia por el presunto uso de aeronaves del Estado para viajes familiares. Otra denuncia similar sí permanece en trámite, aunque sin resolverse.

Entre los casos que siguen pendientes de resolución en la SAC, el que más tiempo tiene es la del Caso Ascensos. Allí se acusa a Pedro Castillo y a su exministro de Defensa Walter Ayala de delitos de corrupción por presuntamente cobrar dinero a oficiales para que asciendan a generales.

Otro de los casos más sonados de presunta corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo es el de las coimas presuntas pagadas por la empresaria Sada Goray, dinero que habría llegado hasta el expresidente y su familia, de acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces. El caso incluye a los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación en mayo pasado. Recién en septiembre, la SAC la admitió y la Comisión Permanente dio un plazo de 15 días para investigar. A la fecha, aún no hay otro avance significativo.

También está el caso de Los Niños: un grupo de congresistas que, durante el gobierno Pedro Castillo, habrían canjeando ‘blindaje’ político a cambio de favorecimientos en distintos sectores del Estado. La denuncia incluye a tres exministros y 24 actuales parlamentarios, entre ellos Ílich López, integrante de la Mesa Directiva. Fue presentada en julio pasado y hasta el momento, no tiene ningún avance a nivel del Legislativo.

Para la abogada penalista Romy Chang, las carpetas de presunta corrupción contra Pedro Castillo son los casos más sólidos que tiene la fiscalía contra el expresidente, incluso por encima del caso del golpe de estado por el que sentenciado esta semana.

“Los delitos de corrupción que se le vienen a Pedro Castillo tienen penas bastante altas”, comentó a El Comercio. En cuanto a la demora de estos casos en llegar a una acusación penal y a un nuevo juicio, los atribuyó a “intereses ocultos”.

“No se entiende por qué el Congreso no da luz verde (a las denuncias constitucionales). Se entiende la sobrecarga en el Ministerio Público y en el Poder Judicial; pero en el Congreso, siendo un expresidente y con todos estos antecedentes, no hay nada que lo justifique”.

Aun así, consideró que el plazo impuesto como condena por el golpe de estado debería bastar para que el resto de casos pueden llegar a una futura sentencia judicial que determine si Pedro Castillo también cometió delitos de corrupción en su gobierno.

“El Ministerio Público va a estar más que holgado para conseguir rápidamente futuras sentencias y el Congreso también tiene que hacer su labora para que se puedan conseguir esas futuras sentencias”, dijo.

Chang consideró que el caso que ya está en etapa de investigación preparatoria, en particular, es “bastante claro, quizás no en el extremo de organización criminal, pero sí en el de corrupción”. “En el caso de Pedro Castillo, todo lo que se hizo público vino reforzado con elementos de prueba, su situación es complicadísima”, agregó.

A propósito de la reciente condena por corrupción contra Martín Vizcarra, emitida solo un día antes que la de Pedro Castillo por su golpe de estado, el abogado y exprocurador César Azabache consideró que es un error del Ministerio Público no haber acusado penalmente hasta el momento al expresidente por delitos de ese tipo.

“La centralidad que ha tomado el repaso de la condena impuesta a Martín Vizcarra por corrupción debería poner en completa evidencia hasta qué punto es un error que la acusación contra Pedro Castillo por corrupción no haya sido presentada hasta este momento por la fiscalía”, comentó en su cuenta de X.