DINI: ¿Quién es el octavo Director Nacional de Inteligencia de los últimos cinco años?

La movida al interior de la DINI fue oficializada a través de la Resolución Suprema Nº 122-2026-PCM, por el presidente José María Balcázar Zelada, a cuatro meses de concluir su gestión.

La norma que designa a oficial de la PNP en retiro también lleva la rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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Ramírez Aguilar sucede en el cargo al general PNP (r) Alejandro Oviedo, quien fue designado, en junio del 2025, por la ahora vacada expresidenta Dina Boluarte.

Según diversa documentación de la PNP, en el 2016, el actual jefe de la DINI fue procesado disciplinariamente por la Inspectoría Regional PNP Lima y Callao por falta “grave”.

De acuerdo a la Resolución N ° 077-2016-IGPNP-DIRINV-IRLC.N° 06, del 18 de abril de 2016, se le atribuía haber incurrido en faltas de código “MG-11-A y G-13” por presuntamente “haberse rehusado al cumplimiento de normas y procedimiento” y “fracasar en el cumplimiento de la misión (…)”, lo que se sancionaba con “Pase a la Situación de Retiro”.

En ese momento, tenía el rango de comandante PNP y era jefe de Departamento de Inculpados (Requisitorias). Ramírez Aguilar, presuntamente, no habría cumplido con desempeñar adecaudamente dicho rol.

Sin embargo, a través de la Resolución 14714-2016-IGPNP-DIRINV-IRLC-Nº06, del 11 de mayo de 2016, la Oficina de Inspectoría resolvió absolverlo de los cargos.

La decisión quedó firme a través de la Resolución 149-2018-IN/TDP/1°S emitida por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina Policial. La instancia ratificó que durante su gestión como Jefe de Departamento de Inculpados había realizado diversas charlas y que formuló Actas de Recomendaciones e Instrucción al personal de la DCIN-DIVREQ-PNP, demostrando iniciativa en lograr que los efectivos policiales a su cargo, tengan mayor conocimiento sobre su función a desarrollar.

Según la Resolución N ° 158-2018-IN del 12 de febrero del 2018, la Junta de Cambios Generales de Colocación de Oficiales de Superior de Armas de la Policía Nacional del Perú fue asignado desde el Departamento de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de Bellavista (DIVICAJ DEPINCRI BELLAVISTA) a la División de Investigación de Delitos Aduaneros del Callao (DIVIDA DEPIDATM CALLAO).

Luego, a través de la Resolución Ministerial 016-2019-IN del 7 de enero del 2019, Ramírez Aguilar fue reasignado desde la División de Investigación de Delitos Aduaneros del Callao hacia la División de Asuntos Sociales - Departamento de Protección de Obras Civiles (DIVASSOC-DEPPOC).

Sin embargo, fue reasignado a la Jefatura de las Divisiones Regionales Desconcentradas de Investigación Criminal de Junín (JEFDRDIC DIVINCRI JUNIN) y el 3 de abril del 2021, a través de la Resolución 227-2021-IN, fue reasignado de la Divincri Junín (Huancayo) a la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP HUANCAYO AREASADM).

Como se recuerda, a inicios el 2019, Vladimir Cerrón ejerció su segunda gestión como gobernador regional de Junín, pero fue detenido y enviado a prisión preventiva en agosto del 2019 por el Caso “La Oroya”. Dos meses después, fue liberado.

Hoy, pese a la existencia de DINI, Cerrón Rojas lleva más dos años y cinco meses prófugo de la justicia, desde octubre del 2023.

Durante el gobierno de Pedro Castillo y la gestión de Avelino Guillén (en el Ministerio del Interior) fue ascendido al grado de Coronel PNP, a través de la Resolución Ministerial N ° 1047-2021-IN del 26 de noviembre del 2021.

Según la Resolución de la Comandancia General de la PNP N ° 408-2021-CGPNP/ENFPP fue admitido en el “Cuadro de Ingresantes al Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo Nacional (PAMOID)”, de enero a diciembre del 2022.

A través de la Resolución N ° 1973-2022-IN del 21 de diciembre del 2022 fue asignado desde la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú (ESCPOGRAPNP) a la Unidad de Gestión de la Calidad de la Policía Nacional del Perú (UNIGECAL PNP).

El 30 de diciembre del 2023, a través de la Resolución Ministerial N° 1937-2023-IN fue cambiado de la UNIGECAL hacia la División de Seguridad Ciudadana y Escuadrones de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional del Perú (DIVCSSP EQUCSSP LIMA-CALLAO.

El 19 de enero del 2024, a través de la Resolución Ministerial N ° 0071-2024-IN firmada por el entonces ministro Víctor Manuel Torres Falcón, fue trasladado hacia una oficina de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), laborando también para el Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

El 7 de agosto del 2025, a través de la Resolución Ministerial N ° 1597-2025-IN, se dispuso su pase al retiro por causal de límite de edad, puesto que el 7 de setiembre de ese año cumplió 61 años.

La Dirección Nacional de Inteligencia es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que se encuentra adscrito al gobierno central y depende del Consejo de Ministros.

Como entidad central, es la que recibe todo lo que se produce en materia de inteligencia en el aparato estatal, manejando información sensible.

Como rector del SINA, tiene la facultad de recibir información de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interio, la Direccion de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN), la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de los órganos de Inteligencia de Relaciones Exteriores.

En enero del 2026, la Dirección emitió la Resolución 012-2026-DINI-01 y un Compromiso de Integridad, donde se indica que la DINI tiene como misión, proveer de inteligencia al presidente de la República y a la PCM para la toma de decisiones.

“La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI tiene como misión institucional Proveer inteligencia estratégica al Presidente de la República y el Consejo de Ministros, ejerciendo la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional, para la formulación y ejecución de las acciones y políticas, con el objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos; defender la soberanía nacional; promover el bienestar general y el desarrollo integral de la Nación; y proteger a la población de las amenazas internas y externas contra su seguridad."

DINI

De acuerdo a la Resolución 195-2025-DINI-01 del 19 de diciembre del 2025, se estableció que a la Dirección Nacional de Inteligencia se le asignó un pliego presupuestal 2026 ascendente a S/99’553,563 millones por toda fuente de financiamiento.

El 6 de marzo, la Contraloría General de la República envió un informe de seguimiento sobre el “Estado de implementación de Recomendaciones” que se realizaron a través de informes de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la institución.

En el mismo se indica que la Contraloría había hallado cuatro recomendaciones “pendientes” de implementar, tres “implementadas” y una en proceso.

El informe de control, que efectúa un seguimiento desde el 1 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025, tiene información clasificada como “secreto”.

Sin embargo, en el 2025 la Contraloría también emitió dos informes: uno sobre la ejecución del presupuesto asignado a proyectos de inversión al 30 de setiembre de 2025 y otro sobre la “publicación de la lista de exfuncionarios y exservidores en la plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público”.

En noviembre y diciembre del 2025, la DINI informó que había impuesto “penalidades” a diversos proveedores.

El coronel PNP en retiro Yonny Narciso Ramírez Aguilar, sucede en el cargo al General de la PNP en situación de retiro, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, nombrado por Dina Boluarte, en junio del 2025.

Su designación no estuvo alejada de las críticas, luego de conocerse que un informe de la Contraloría del 2020, donde se le hallaba presunto responsable penal -en su condición de jefe de la VI Macrorregión Policial Junín- por la adquisición de 20 mil mascarillas reutilizables, sin sustento técnico y a una empresa cuyo gerente era un oficial en actividad.

Durante el breve gobierno de José Jerí, como presidente de la República interino, Oviedo permaneció al frente de la DINI.

Antes de Oviedo, Boluarte había nombrado en el cargo al exdirector de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), Max Orlando Anhuamán Centeno, en febrero del 2025. Sin embargo, el coronel de la PNP en retiro renunció luego de tres meses.

El contralmirante en situación de retiro, Luis García Barrionuevo, había sido designado como director de la DINI por Boluarte Zegarra, en enero del 2024. Sin embargo, poco más de un año fue removido del cargo tras darse a conocer en medios de prensa que durante su gestión se habían comprado equipos de vigilancia que habrían sido usados para identificar a opositores.

Su antecesor, el general de la PNP en situación de retiro Roger Arista Perea, también fue removido de su cargo luego de la agresión que sufrió Boluarte a fines de enero del 2024, cuando realizaba una actividad oficial en Ayacucho.

Arista había sido nombrado por Boluarte Zegarra como cabeza de la DINI en enero del 2023.

El coronel PNP en situación de retiro, Juan Carlos Liendo O’Connor tuvo un paso fugaz en la dirección de la DINI. Fue nombrado el 18 de diciembre del 2022; sin embargo, tres semanas después, el 3 de enero del 2023, renunció al cargo luego de registrarse diversas protestas en el país tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción por sucesión de Boluarte Zegarra.

El general del Ejército Peruano en situación de retiro, Wilson Fredy Barrantes Mendoza, había sido nombrado previamente cuando aún se encontraba en ejercicio Castillo Terrones.

Su designación se produjo el 4 de diciembre del 2022, tres días antes del Golpe de Estado del ahora sentenciado mandatario.

Castillo Terrones había inaugurado su gestión nombrando como director de la DINI a José Luis Fernández Latorre, en setiembre del 2021, pese a que su expediente registraba una condena condicional de 1999 y arrastraba diversas investigaciones desde el 2001.

En noviembre del 2022, aún en el cargo de director de la DINI, Fernández Latorre fue arrestado luego de que el Poder Judicial dictó su detención a pedido de la fiscalía.

Según la hipótesis fiscal, el entonces jefe de la DINI y Henry Shimabukuro (exasesor de Castillo Terrones) fueron incluidos dentro de los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal, que habrían ayudado a desaparecer pruebas en contra de Pedro Castillo, quien es investigado por liderar una presunta red criminal en su gobierno.