“Defraudó al Estado peruano”: las claves de la condena de Martín Vizcarra por pedir coimas a cambio de favorecer a constructoras

Martín Vizcarra condicionó su función como gobernador de Moquegua para pedir coimas a cambio de favorecer a empresas constructoras en la licitación de dos obras públicas adjudicadas durante su gestión. Esa fue la conclusión del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional al declararlo culpable del delito de cohecho pasivo (soborno) e imponerle una condena de 14 años de prisión, que comenzó a ejecutarse de inmediato y que -si se confirma en segunda instancia- se extenderá hasta el 2039.

En una resolución leída este miércoles, el tribunal presidido por la jueza Fernanda Ayasta consideró probada la acusación del Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía contra el expresidente (2018-2021): haber solicitado y recibido S/ 2,3 millones de las constructoras Obrainsa e ICCGSA por los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sentencia fue la culminación de un proceso judicial que se extendió por un lustro y que comenzó en octubre del 2020, cuando aún era el jefe de Estado.

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Por entonces, El Comercio reveló que directivos de ambas empresas y el exministro José Manuel Hernández, amigo de Martín Vizcarra, se habían sometido a la colaboración eficaz y habían confesado haber sido parte de ese esquema de pagos. El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, inició la investigación ese mismo mes al entonces presidente y presentó su acusación en diciembre del 2022. En tanto, el Congreso tomó los hechos de la indagación para justificar su vacancia en noviembre del 2020.

Desde que se reveló el caso, Martín Vizcarra y sus defensores políticos y legales aseguraron que no había pruebas del delito, que los colaboradores mentían y que todo era parte de una suerte de conspiración en su contra. Cinco años después, luego de un debido proceso, un tribunal especializado en delitos de corrupción le respondió con lo que distintos juristas habían anticipado: una sentencia contundente que concluye que la acusación sí fue probada en el juicio oral.

Aun así, tal como había anunciado, el expresidente acudió a la lectura de sentencia. Además, afuera del juzgado se instaló desde temprano una ‘portátil’ con simpatizantes, dirigentes y precandidatos al Congreso de Perú Primero, partido con el que su hermano Mario postulará la presidencia. El grupo llevó gigantografías con los rostros de los hermanos, parlantes y hasta a una persona con disfraz de Lagarto para mostrar su apoyo al acusado.

Por parte de la fiscalía llegaron el fiscal provincial Germán Juárez y el fiscal adjunto Osías Castañeda, quien representaron al Ministerio Público a lo largo del juicio. También acudieron Rafael Vela, fiscal coordinador y vocero del Equipo Especial Lava Jato; y el procurador ad hoc Carlos Fernández.

El expresidente , por su parte, llegó al juzgado alrededor de las 8:50 a.m. e ingresó sonriente y aparentemente confiado a la sala de audiencias. Sin embargo, una vez sentado frente a los jueces y acompañado por su abogado, su gesto se fue tornando más serio mientras avanzaba la lectura de la resolución que acabaría, luego de cuatro horas, con su detención.

A lo largo de la sentencia, leída por la jueza Fernanda Ayasta como ponente y directora de debates del juicio, el tribunal abordó cada uno de los aspectos de la acusación. Así, dieron por acreditadas las imputaciones de la fiscalía y fueron desestimando los argumentos con los que la defensa intentó desacreditar el caso.

El juzgado consideró acreditado que Martín Vizcarra sí tenía el conocimiento y la capacidad para condicionar la firma de los contratos de ambos proyectos a un pedido para que las empresas les paguen sobornos. Si bien el proceso de licitación fue desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), los documentos y testimonios evaluados en el juicio lograron acreditar que la última palabra la tenía su gobierno regional.

También se consideró probado que, en noviembre del 2013, se pidieron los sobornos a ambas empresas: a inicios de mes ofreció “información privilegiada” al gerente de Obrainsa, Elard Tejeda, para ganar la licitación de Lomas de Ilo a cambio de S/ 1 millón; y a fines de mes, con José Manuel Hernández de intermediario, se pidió S/ 1.3 millones a Rafael Granados, directivo de ICCGSA, para no observar la firma del contrato para el proyecto Hospital de Moquegua.

Las entregas posteriores, según la acusación acogida por el juzgado, fueron en enero y abril del 2014 por parte de Obrainsa, y entre marzo del 2014 y agosto del 2016 por ICCGSA. Según lo considerado probado en la sentencia, el último pago fue en la casa de José Manuel Hernández, cuando él y Martín Vizcarra ya eran ministros del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El acusado, además, era por entonces vicepresidente de la República.

El núcleo de la prueba de ambos hechos son las declaraciones de los seis colaboradores eficaces: Elard Tejeda y Manuel Tejeda de Obrainsa, Fernando Castillo, Javier Jordán y Rafael Granados de ICCGSA, y José Manuel Hernández. Todos ellos confesaron durante el juicio haber participado y/o tenido conocimiento de las entregas de dinero a favor del acusado.

Sin embargo, no fueron solo sus dichos. Para el tribunal, sus declaraciones se complementaron con las de otros testigos, como los que vieron a Martín Vizcarra en los lugares donde se dieron las entregas, además de chats, pericias, registros de llamadas, correos, movimientos bancarios, los documentos ligados a la licitación, etc.

Entre estas pruebas valorada por el tribunal estuvo, por ejemplo, la pericia reportada por este Diario que demuestra que los montos de S/ 400 mil y S/ 600 mil entregados por Obrainsa al acusado, en billetes de S/ 200, sí caben dentro de sobres manilas A3 como los descritos por el testigo Elard Paul Tejeda.

“Esta judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra Cornejo sí solicitó el pago del 2% del monto de S/ 80.9 millones por la adquisición del proyecto Lomas de Ilo a favor del consorcio Obrainsa-Astaldi al testigo [Elard Paul] Tejeda", concluyó el tribunal sobre el primer hecho.

Sobre el segundo hecho, consideraron que el acusado “condicionó su conducta, en su condición de presidente del gobierno regional de Moquegua, a cambio del pago de S/ 1.3 millón por la adjudicación del proyecto ampliación del Hospital de Moquegua”.

“Luego de haberse realizado un análisis de los hechos imputados y la valoración probatoria de todo lo actuado en el plenario, se puede afirmar que se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado Martín Vizcarra Cornejo en la comisión del delito imputado, tanto en el hecho uno (Lomas de Ilo) como en el hecho dos (Hospital de Moquegua), por lo que deberá ser pasible de una sanción penal”.

Decretada la culpabilidad del acusado, el tribunal determinó que le correspondían seis años de prisión por los hechos ligados a Lomas de Ilo y ocho años por los de Hospital de Moquegua, para una pena total de 14 años. También le impusieron 9 años de inhabilitación, el pago de S/ 94 mil por “días multa” y una reparación civil de S/ 2.3 millones en conjunto con las empresas Obrainsa, su exsocia Astaldi e Incot, exsocia de ICCGSA.

Para imponerle este último pago, se tomó en cuenta que “el accionar del acusado defraudó al Estado peruano” y que produjo “un daño a la ciudadanía que confió en el gobierno regional de Moquegua para ser beneficiada con un moderno sistema de agua que beneficiaría al sector agrario de la zona. ”Asimismo, con la construcción del Hospital de Moquegua, que pudiera mejorar la infraestructura, causando un daño no solo al Estado, sino que también se encuentran afectados los ciudadanos moqueguanos en cuanto a la afectación a la confianza en el Estado".

Finalmente, el tribunal también dispuso que la sentencia se ejecuté de inmediato, sin esperar a que se confirme en segunda instancia. Para ello, tomaron en cuenta la alta pena impuesta y el hecho de que con su “accionar ilícito”, quebró los principios “de neutralidad, imparcialidad en el desempeño de sus funciones” como gobernador regional.

“El acusado ha concurrido a todas las sesiones de juicio. Sin embargo, el colegiado tiene en cuenta el alto cargo funcional que desempeñó en el período de los hechos imputados [...] Se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, siendo un delito que atenta contra la administración pública y que pesa sobre él un concurso real, habiendo concluido esta judicatura que la pena total es de 14 años. Por tanto, esta debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata”, concluyeron.

La fiscalía se mostró conforme con la decisión, mientras que la procuraduría anunció que apelará para que la reparación civil sea el doble. En tanto, el abogado del expresidente anunció que apelará tanto la sentencia como su ejecución inmediata. Culminados los anuncios y levantada la audiencia, agentes de la Policía ingresaron a la sala para detener a Martín Vizcarra.

Martín Vizcarra, a quien se vio escribiendo en su celular durante buena parte de la lectura de la sentencia, conversó con su abogado por unos segundos antes de ponerse de pie y ser escoltado por los agentes a otro espacio del juzgado para su detención. Ante un llamado de los periodistas gráficos presentes en la sala, volvió a sonreír y saludar ante las cámaras. “Presidente, su último saludo”, le había gritado uno de ellos.

Según conoció este Diario, ya lejos de las cámaras, Martín Vizcarra finalmente se mostró desencajado. El sentenciado permaneció hasta las 5 p.m. en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, donde se realizó la audiencia. A esa hora, fue llevado a otra sede judicial en La Victoria antes de su próximo internamiento en el penal de Barbadillo, la cárcel peruana para expresidentes.

En Barbadillo, donde ya estuvo por unas tres semanas cumpliendo prisión preventiva por este mismo caso, Martín Vizcarra compartirá penal con otros dos exmandatarios condenados por acusaciones del Equipo Especial Lava Jato: Alejandro Toledo y Ollanta Humala. También está recluido allí Pedro Castillo, quien recibirá este jueves su sentencia por su golpe de Estado.

A su salida de la audiencia, el fiscal Germán Juárez destacó la contundencia de la sentencia dictada contra Martín Vizcarra y la “fuerza de la evidencia”. “Nosotros estábamos confiados en el trabajo que hicimos, un trabajo de bastante esfuerzo, de amanecernos, de preparar la estrategia con las pruebas que deben actuarse”, comentó.

“La fuerza acreditativa del Ministerio Público ha estado limpia de cualquier persecución política. Al señor Martín Vizcarra se le acusó por hechos concretos de corrupción y ahí están las evidencias que hoy fueron valoradas. Por eso el fallo de 14 años”, declaró, en medio de los insultos de la portátil vizcarrista que seguía en el lugar. “Es falso (que no haya pruebas), eso es no querer ver los hechos concretos y las pruebas que se han valorado por los jueces”, añadió ante una consulta de El Comercio.

Agregó que se trata de “una sentencia ejemplar para que la población entienda que las instituciones sí funcionan” y “un mensaje para todos los funcionarios que ocupan altos cargos: la justicia llega, tarda pero llega”. “A mí y al coordinador Rafael Vela nos tildaron de ‘golpistas’. Hemos demostrado que no fuimos ninguno de golpistas. Simplemente hicimos nuestro trabajo, el de perseguir el delito y llevar a juicio a las personas que cometen delitos y ahí está el fallo que se ha obtenido el día de hoy”.

La condena de Martín Vizcarra es la séptima que obtiene el Equipo Especial Lava Jato en los últimos dos años como fruto de juicios. Entre estas estuvieron las de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia, el Caso Metro de Lima. En ese contexto, actualmente en la Junta de Fiscales Supremos se evalúa una propuesta para desactivar este y el resto de equipo especiales del Ministerio Público.

Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial, declaró luego de la condena que esta es un “reconocimiento al trabajo del fiscal Germán Juárez, pese a las presiones e incomodidades que resultan de la intromisión en el trabajo del Ministerio Público, de la autonomía fiscal”.

“Es el tercer expresidente que está siendo sentenciado. Se privilegia la aplicación de la ley (...) Esto nos da la nota de que el sistema judicial está resistiendo a la intromisión política y, pese a todo, ahí están los resultados. Nosotros hemos sufrido presiones permanentemente, pero los resultado son estos, para quien los quiera ver".

En alusión a los intentos para desactivar los equipos especiales, el fiscal manifestó que “mientras nos permitan hacer nuestro trabajo, las investigaciones y las acusaciones terminarán en sentencias de condena”.

En tanto, Martín Vizcarra apuntó a politizar su defensa. En un post publicado en X antes de que termine la lectura de su sentencia, pero cuando ya se conocía que iba ser una condena, aseguró que “me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza".

“Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, aseguró. Su hermano, precisamente, se sumó a la ‘portátil’ afuera del juzgado para dar un discurso en el mismo sentido y aseguró allí que “su único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos”.

En tanto, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, criticó que la sentencia “prácticamente solo se sostiene en las afirmaciones del Ministerio Público que citan a los colaboradores eficaces”. “Vamos a apelar apenas nos notifiquen. Es una sentencia que no ha respetado la rigurosidad jurídica (...) Vamos a procurar hacerlo en el menor tiempo posible, porque una persona inocente no puede estar privada de su libertad”.