Contraloría indaga por decretos emitidos por gobierno de Boluarte a favor de gestión Wilfredo Oscorima

El ente de control acudió por la mañana a ambas entidades para ejecutar un ‘operativo’ de forma simultánea para, según se indicó, recabar información sobre la ejecución de contrataciones, desembolsos a favor de proveedores, designación de funcionarios, entre otros, entre el periodo enero de 2023, cuando iniciaron su gestión los dos gobernadores, hasta abril de este año.

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Esto, con el fin de “evitar” posibles irregularidades. “El propósito de estas intervenciones, que se llevan a cabo de manera simultánea y focalizada, es prevenir, evitar y revelar posibles irregularidades en los procesos de contratación, la ejecución de obras y proyectos realizados y que se vienen realizando por ambos gobiernos regionales”, se indicó desde el órgano de control.

Fuentes de El Comercio confirmaron que, en el caso de Ayacucho, la Contraloría General de la República ha puesto la mira en los tres decretos emitidos por la jefa del Estado y que, en la práctica, beneficiaron, entre otros, a la gestión de Oscorima, el amiguísimo presidencial que le “prestó” tres relojes Rolex a Boluarte y una pulsera.

En junio y julio de 2023, así como marzo de este año, se emitieron tres dispositivos legales desde el Ejecutivo (N°020-2023, N°161-2023 y Nº 006-2024, respectivamente) que permitieron transferencias de partidas presupuestales al Gobierno Regional de Ayacucho para proyectos por más de S/180 millones. Todo en la gestión de Oscorima.

Las fuentes indicaron que se busca seguir el rastro de las contrataciones realizadas por la entidad regional a partir de esos decretos, así como determinar “si las adjudicaciones de los contratos de ese dinero se han hecho legalmente”.

Al respecto, el gerente regional de Control Ayacucho, Johannes García, confirmó a El Comercio que se vienen efectuando acciones entorno a los tres decretos emitidos por el Ejecutivo, sobre los cuales se han emitido informes –remarcó– desde el inicio de las transferencias, y por los cuales se continúa recopilando información. “En las inversiones de los tres decretos estamos efectuando labores de control”, apuntó.

Entre los proyectos llevados a cabo adelante con los decretos en cuestión están la carretera Luricocha (Huanta) y la ampliación de un estadio en Huamanga.

Pero los decretos no es lo único que ha encendido las alarmas al interior de la Contraloría General de la República. Un análisis interno de la entidad arrojó operaciones sospechosas (es decir, “con patrones de mayor riesgo”) de un grupo de proveedores asiduos a los gobiernos regionales, así como y sus respectivas unidades ejecutoras.

Se trata de proveedores que se adjudicaron, por ejemplo, un inusual número de órdenes de servicio y compras en ambos gobiernos regionales, algunas de ellas incluso emitidas el mismo día, así como se detectó que un solo proveedor abarcó una diversidad de rubros.

En el caso de Ayacucho se habrían identificado unos 30 proveedores con presuntas irregularidades, mientras que en el caso de Cusco aproximadamente 60. Tras acudir a recopilar información, los auditores determinarán las acciones a adoptar de confirmarse las irregularidades.

“Estamos pidiendo la data de todas las contrataciones menores de 8 UIT respecto a bienes y servicios que contrata el Gobierno Regional de Ayacucho, lo cual también va a poder determinar diferentes servicios de control que podamos ejecutar”, remarcó García sobre el caso de dicha región.

Además…

Otro decreto bajo la lupa

Uno de los decretos emitidos por el Ejecutivo y que también ha sido cuestionado es otro respecto a los Juegos Bolivarianos 2024 que se efectuarán en Ayacucho; y por el que, tal como informó El Comercio, el gobernador Wilfredo Oscorima es investigado preliminarmente actualmente por la fiscalía anticorrupción de Ayacucho.

Esto a propósito de la millonaria adjudicación a un consorcio representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta y fundadora del movimiento regional Wari Llaqta, con el cual llegó al poder en Ayacucho, por tercera vez. En el caso de esta adjudicación, si bien las obras se ejecutarán en la citada región, el proceso de licitación se efectuó desde el Proyecto Especial Legado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Tras un proceso de selección —al amparo de un marco normativo especial dado vía decreto por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y en donde además cinco postores ofertaron el mismo monto y se produjo un quíntuple empate— finalmente resultó ganador el citado consorcio y se le adjudicó una obra por S/22′447,577.34.

El proyecto se trata de la construcción de un comedor al interior de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para los Juegos Bolivarianos 2024, que se llevarán a cabo en esa región en los próximos meses.

Tanto Legado, la entidad a cargo del proceso, así como el propio Gobierno Regional de Ayacucho, se han pronunciado tras revelarse el caso en el dominical ‘Punto Final’. Este último, descartó la haber participado en la licitación, “por lo que negamos categóricamente que se haya beneficiado, en modo alguno, al Consorcio Bicentenario y a su representante la señora Esperanza Nemicia Rojas Gutiérrez”.

El consejero ayacuchano por Huanta, Julio Valdez Cárdenas, vio positiva la intervención de la contraloría y dijo esperar que el proceso sea transparente pues “hay mucha duda en la opinión pública sobre la gestión del señor Oscorima”.

“Toda intervención para transparentar el manejo del dinero público está bien y desde luego que se dé resultados”, remarcó.

Respecto a Cusco, el gerente regional de Control Cusco, Joel Rodriguez, sostuvo a la prensa que se han identificado “riesgos” en “aproximadamente unos 60 proveedores” y que se viene recopilando la información para que, tras la pesquisa, “poder evacuar un informe correspondiente y vamos a ver qué mecanismos se van a adoptar”.

Ambos gobiernos regionales se pronunciaron tras la intervención y aseguraron que brindaron todas las facilidades para la recopilación de información.

“En el marco de una política de gestión transparente, el Gobierno Regional de Ayacucho brindó todas las facilidades al personal de la Contraloría General de la República en el proceso de recopilación de información del estado situacional de la ejecución de los proyectos de inversión pública”, se indicó desde la entidad regional ayacuchana.

En tanto, desde el Gobierno Regional del Cusco, se dijo desmarcar “categóricamente” de todo acto de corrupción, indistintamente del rango o posición. “Este es un llamado a todos los funcionarios y colaboradores del Gobierno Regional a continuar trabajando con honestidad y abiertos al escrutinio público, asegurando que la gestión pública no solo sea eficiente, sino digna de la confianza ciudadana”, también se indicó.