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No se puede patear debajo de la alfombra a un elefante armado con granadas. La percepción, no solo de cuán vulnerables somos a la extorsión, sino de que las autoridades minimizan o niegan esa realidad mientras se distraen en sus cuitas; es explosiva. Ya provocó el paro de transportistas del jueves 26 de septiembre, que contó con la simpatía silenciosa de muchos peruanos. Una facción de transportistas convocó a otro paro para el pasado jueves 3 de octubre, pero se desactivó al no plegarse los gremios más importantes.
No fue una derrota de los transportistas, fue un repliegue táctico. La ira puede retornar más organizada y extendida a otros rubros. Martín Valeriano, el líder de Anitra, y Edgar Vítor, vocero de Transportes Unidos, anunciaron el martes la formación de un comité de varias agrupaciones a nivel nacional que, a su vez, confluiría en una suerte de ‘comité de gremios’ o ‘unión nacional de gremios’, junto a organizaciones de propietarios de restaurantes, bodegueros, peluqueros y demás. Valeriano dijo algo más, que habían acordado dar un ultimátum al Congreso para que derogara la Ley 32108 sobre el crimen organizado. La narrativa de que esa ley ayuda a los delincuentes allanados porque obliga a fiscales y policías a esperar al abogado para consumar la incautación de pruebas, ha marchado sobre ruedas.
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En la noche del miércoles entrevisté a Edgar Vítor, dirigente de Transportes Unidos y, sin subrayar una discrepancia con Valeriano, relativizó el enredo del Congreso con una ley que les han prometido ajustar. Mis fuentes congresales me cuentan que Eduardo Salhuana habló con algunos dirigentes prometiéndoles que habría ajustes tras la revisión que una mesa técnica de congresistas con expertos, estaban haciendo a la ley. Los dirigentes han preferido concentrarse en los reclamos al gobierno y a la PNP. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se reunió con varios de ellos, ofreciendo redoblar acciones contra los extorsionadores. Se ha creado el GOREX (Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión) y el viernes se inauguró la Línea 111, a cargo de la Dirincri (Dirección Nacional de Investigación Criminal) para atender exclusivamente denuncias de extorsión.
“Una facción de transportistas convocó a otro paro para el pasado jueves 3 de octubre, pero se desactivó al no plegarse los gremios más importantes. No fue una derrota de los transportistas, fue un repliegue táctico. La ira puede retornar más organizada y extendida a otros rubros”. Foto: GEC
El jueves visité, para esta crónica, al Gral. Marco Conde, jefe de la Dirincri. Hizo delante mío una llamada de prueba al 111. El efectivo que lo atendió titubeó ligeramente cuando el general se identificó, pero mostró su capacidad de dar orientación. Conde me contó que la extensión del delito (el sistema de registro de denuncias, el Sirdic, recibió 22,403 denuncias en el 2023 y este año, hasta el 30 de setiembre, ha recibido 15,385; lo que ya avizora un aumento importante) se debe a que “se está estereotipando el delito, es decir, muchos que llamamos ‘ocasionales’, que pueden ser una sola persona, se lanzan a extorsionar. Hacen un ‘escopetazo’, como si dispararan varios perdigones a ver a si aciertan a 3 o 4. En grupos de Telegram, que aparecen y desaparecen en pocos días, consiguen comprar información sobre las víctimas, les mandan fotos de los hijos, ahí los quiebran. Contratan a un fumón y le dicen ‘ve a dejar un arreglo floral’ o ‘pon una rata blanca en la puerta de su casa.’”.
Conde me contó del caso de una banda compuesta por una colombiana y su hijo, que extorsionaban a colegios. Conocer algunos detalles permite comprobar cuánto se ha facilitado el delito con las redes sociales, pues en ellas los criminales no solo consiguen la información que les ahorra el seguimiento a sus víctimas, sino que prolonga la comisión del delito hasta en la cárcel misma. “Algo más”, me dice Conde con gravedad, “los hackers de los grupos de Telegram consiguen acceso hasta a las denuncias hechas por las víctimas. Los extorsionadores les mandan la copia a sus víctimas y les dicen ‘así que me has denunciado’. Ahí los quiebran por completo”. En efecto, el líder del gremio de bodegueros, Andrés Choy, me contó que ese es uno de los detalles más dramáticos que le cuentan sus asociados. En ese momento, pierden la confianza de la policía, pues asumen que está confabulada con los criminales. Conde me dice que es un tema que están atacando especialmente, para evitar esas filtraciones que destruyen la confianza en hacer las denuncias. “También podemos detectar a los extorsionadores a través de informantes, pero es fundamental que haya denuncias, sin estas no podemos combatir el delito”. Por supuesto, el factor de la corrupción policial está presente. Conversé con el Gral. Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima y no negó que hay policías en actividad y retirados que participan en bandas de extorsionadores. Volviendo a las redes sociales: así como potencian la capacidad perniciosa de los criminales también facilitan su captura. Se ha desbaratado bandas siguiendo la pista de geolocalizaciones telefónicas y de montos de ‘yapeo’. Será una larga batalla.
“El paro ayudó, sirvió para que las autoridades nos vean. En general estamos en contra de las paralizaciones, paralizar aunque sea una calle afecta mucho, pero si es que no vemos acciones, lo tendremos que evaluar. Las autoridades están distraídas en los problemas que ellas mismas generan, están de espaldas a los ciudadanos”, dice Fernando Calmell, líder de ASEP (Asociación de Emprendedores del Perú). Foto: César Bueno/GEC
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENOTerror en la urbe
Las aguas de la protesta se habían aquietado hasta que el jueves, cuando apareció el proyecto de ley sobre terrorismo urbano que incluye, entre los delitos agravados en estado de emergencia, las tomas de carreteras (por extensión, el cierre de vías urbanas) como una variante de esa ominosa calificación. La sensación de que se estaba metiendo de contrabando en ese proyecto, la criminalización y ‘terruqueo’ de la protesta, volvió a sublevar a varios dirigentes. Hablé el jueves en la noche con Julio Campos, vocero de la Alianza Nacional de Transportistas, y me dijo que evaluaban un paro nacional para el próximo jueves 10 de octubre. El viernes, Valeriano descartó esa fecha y recordó que desde el paro del 26, le dieron al gobierno un plazo de un mes para evaluar los resultados de la represión contra los extorsionadores. Estos cambios de humor, dilemas ante la convocatoria de medidas que podrían desbordar a los gremios y torpes provocaciones incendiarias del gobierno, se decantará en los próximos días. La CGTP y uno de sus puntales, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil –según mis fuentes- evalúan ya una paralización precedida de una marcha de miles de trabajadores.
La confluencia de gremios en torno a un reclamo de seguridad ante la delincuencia podría generar chispazos de furia si se percibe que el gobierno responde al reto con desidia o frivolidad. Por eso, a pesar de la impericia de Boluarte y Adrianzén para manejar coyunturas delicadas, se lo están tomando en serio y con menos parsimonia que el Congreso. Pero hay otros actores, empresariales, que pueden entrar a tallar. Conversé con Fernando Calmell, líder de ASEP (Asociación de Emprendedores del Perú). Calmell no se subleva ante la ley de crimen organizado, pues entiende que se puede precisar en un reglamento o en una simple reforma lesgislativa. Lo que lo subleva es el impacto de la extorsión en sus asociados: “Esto no empezó hace unos meses sino hace cuatro años, cuando terminó la cuarentena de la pandemia. Los más afectados son los que tienen negocio con puerta a la calle. Incluso, algunos que pueden hacer su negocio sin local abierto al público, se han replegado y lo hacen sin exponerse. Se pierde muchísimo”, me dice. Por eso, aunque no participó del paro del 26, lo vio con buenos ojos: “El paro ayudó, sirvió para que las autoridades nos vean. En general estamos en contra de las paralizaciones, paralizar aunque sea una calle afecta mucho, pero si es que no vemos acciones, lo tendremos que evaluar. Las autoridades están distraídas en los problemas que ellas mismas generan, están de espaldas a los ciudadanos”.
La capacidad de confluencia y convocatoria de las dirigencias gremiales es limitada. Al evaluar una medida de lucha surge en los dirigentes el doble temor de ser desairados o desbordados. Ante la segunda posibilidad, la del desborde, el gobierno maneja las mismas hipótesis de ‘terruqueo’ que, en sus inicios, diciembre del 2022 y el verano del 2023, causaron medio centenar de muertos. El proyecto de terrorismo urbano insiste en eso e implica una irresponsable provocación a los gremios de corte opositor. La posibilidad de que a la actual crisis de inseguridad se sume una crisis de violencia política desatada por la protesta y su represión; y que los mismísimos delincuentes se metan a dirimir en el torbellino, como sucedió en Ecuador en el 2023; es el escenario que los actores de este drama tendrán que evitar en los próximos días.