Fiscal del Caso Perú Libre ahora investiga robos de celulares

Un nuevo revés ha sufrido la investigación fiscal del Caso Perú Libre, en la que están implicados su líder y fundador, el prófugo exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, y la presidenta Dina Boluarte, quien fue militante del partido político.

El fiscal Richard Rojas Gómez fue retirado de la indagación por lavado de activos relacionada con los presuntos aportes ilegales que el partido político recibió para sus campañas electorales.

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En julio del 2021, el magistrado abrió la pesquisa contra quienes resulten responsables. Su decisión partió de la indagación del Caso Los Dinámicos del Centro, sobre una presunta organización criminal que operaba en el Gobierno Regional de Junín, que Cerrón dirigió en dos períodos. Entre los investigados por este escándalo hay personas allegadas a él.

La salida de Rojas de ese subsistema de lavado de activos pasó desapercibida: se dio hace casi un mes a través de una resolución que lleva la firma del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

El viernes 23 de febrero, en “El Peruano”, se publicó la resolución de la Fiscalía de la Nación 492-2024-MP-FN (de fecha 21 de febrero), que dispuso dar por concluido el nombramiento de Rojas como fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, así como su designación a la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

En la misma resolución se decidió designar a Rojas como fiscal provincial titular del Distrito Fiscal de Lima Centro (un ascenso en la práctica), y destacarlo al Cuarto Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de los distritos de Miraflores, Surquillo y San Borja.

En esta fiscalía, según pudo conocer El Comercio, el fiscal Rojas investiga delitos comunes, en su mayoría el robo de celulares.

A cargo de la investigación quedaría Ángel Astocondor, quien era secretario de su despacho y luego fue ascendido a fiscal adjunto provincial provisional.

La decisión del fiscal de la Nación interino se dio pese a que la coordinadora de las fiscalías de lavado de activos, Elssie Garavito Chang, le pidió a Villena a través de un oficio enviado el 20 de febrero del 2024 que Rojas siguiera encabezando la indagación del Caso Perú Libre es indispensable que continúe a cargo de casos emblemáticos que involucran a Vladimir Cerrón y a la presidenta Boluarte, “que requieren una continuidad para el cumplimiento de los plazos procesales”. El documento señala además que “contar con personal fiscal que tenga conocimiento de las carpetas fiscales es primordial, a fin de cumplir con los plazos preclusorios”.

Sin embargo, Villena decidió que Rojas fuera a la fiscalía distrital en vez de permanecer en el subsistema de lavado de activos.

Una situación distinta a la de Rojas se dio con el fiscal Pedro Nicho Suyón.

El martes 12 de marzo se publicó en las “Normas legales” la resolución de la Fiscalía de la Nación 696-2024-MP-FN (de fecha 8 de este mes y firmada por Villena), por la cual se designó a Suyón como fiscal provincial titular del Distrito Fiscal de Lima Centro, y se le destacó al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Nicho antes era fiscal adjunto provincial transitorio del Distrito Fiscal del Callao.

En el Eficcop, Nicho estará a cargo de la investigación del Caso Los Intocables de la Corrupción, específicamente a la presunta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra (2018-2020), quien sería su líder, de acuerdo con la pesquisa.

En la indagación, Nicho sustituye al fiscal José Luis Quispe Changanaquí, quien dirigió todas las diligencias del caso, incluidos los pedidos de prisión preventiva para algunos investigados, y tuvo contacto con los colaboradores eficaces. Quispe seguirá en la indagación, pero como fiscal adjunto provincial provisional.

Según fuentes de este Diario, Nicho sería cercano a la fiscal del Callao Sandra Castro, quien investigó el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Castro fue cuestionada porque se reunió con Vizcarra cuando ella dirigía la pesquisa del caso y él era mandatario. Vizcarra, además, estuvo implicado.

Las mismas fuentes también cuestionaron el nombramiento de Nicho al Eficcop con base en los resultados del cuadro de ascensos a fiscales provinciales titulares realizado por la Junta Nacional de Justicia.

En este, Rojas quedó en el puesto 7 mientras que Nicho, quien liderará las investigaciones a Vizcarra vinculadas al Caso Los Intocables de la Corrupción, quedó en el puesto 15.

Luego de abrir la investigación a Perú Libre por lavado de activos, el fiscal Rojas encabezó numerosas diligencias. Una fue el operativo de allanamiento a los locales de Perú Libre en Lima y Huancayo, así como a tres inmuebles de Cerrón. Esta se realizó un mes después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de la República.

Como parte de la indagación, Rojas dictó las medidas para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelara las cuentas de Cerrón por poco más de S/1′581.678 que poseía en varias entidades bancarias, y un monto de S/1′427.751 que estaba a nombre de su madre, la profesora jubilada Bertha Rojas, en el sistema financiero.

Por este caso existe un pedido de detención preventiva de 36 meses en su contra. También tiene otro pedido de encarcelamiento por su participación en la construcción del aeródromo Wanka, por la que el Poder Judicial ordenó tres años y seis meses de prisión preventiva efectiva contra él.

En la pesquisa también está implicada la actual presidenta Dina Boluarte, quien militó en Perú Libre hasta su desafiliación en febrero del 2022. Por esta agrupación, Boluarte postuló a la primera vicepresidencia como parte de la plancha encabezada por Pedro Castillo.

Boluarte es investigada por el dinero que recibió de los militantes de Perú Libre en una cuenta bancaria a su nombre para pagar la reparación civil de Cerrón.

No obstante, desde que la indagación de lavado de activos se abrió, en julio del 2021, la situación del despacho que dirigía Rojas tuvo varias trabas.

En noviembre del año pasado, El Comercio informó que la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación despidió a varios trabajadores que laboraban con Rojas. A este fiscal se le abrieron dos procesos disciplinarios.

Además, según conoció este Diario, actualmente ocho trabajadores de este despacho no perciben una remuneración desde hace seis meses.

Debido a su cambio de fiscalía, quedaron pendientes alrededor de 100 diligencias.

El reemplazo de Rojas, el fiscal Astocondor, también deberá finalizar una indagación relacionada con la universidad César Vallejo, propiedad de la familia de César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso.

“El cambio del fiscal del Caso Perú Libre responde a una injerencia indebida para tratar de que el caso no culmine exitosamente y que el proceso se archive y con ello logre impunidad”.

Víctor Cubas Exfiscal supremo

Para el ex fiscal supremo provisional Víctor Cubas, el cambio responde a “una injerencia indebida para tratar de que el caso no culmine exitosamente y que el proceso se archive y con ello logre impunidad”. Además, sostiene que el fiscal que viene investigando a los líderes de Perú Libre, al señor Cerrón y a la misma presidenta de la República Dina Boluarte no debe ser removido. “Estas diligencias tienen plazos perentorios. El tiempo que le va a tomar a la persona que reemplaza al fiscal es un tiempo muerto para la investigación. El tiempo corre inexorablemente, los plazos pueden vencer y la investigación podría no alcanzar sus fines”, señaló.

A fines de febrero último, el congresista Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley que “declara en emergencia el Ministerio Público y [da] medidas de carácter extraordinario para su reorganización institucional”.

El Comercio buscó al fiscal Rojas fuera de su nuevo despacho. Si bien dijo que no tenía autorización para declarar, indicó que los casos que ahora investiga están relacionados con el robo de celulares. Dijo desconocer los motivos de su sorpresivo cambio de fiscalía.

“La designación de Richard Rojas, como fiscal provincial titular penal de Lima, en el 4° Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal, responde al cumplimiento estricto de la resolución de la JNJ 239-2024, que lo nombra como titular en la referida plaza”.

Juan Villena Fiscal de la Nación

Por su parte, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a través de un comunicado que envió a este Diario, señaló que “la designación del abogado Richard Rojas Gómez como fiscal provincial titular de Lima, en el 4° Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, responde al cumplimiento estricto de la resolución de la Junta Nacional de Justicia 239-2024-JNJ, que lo nombra como titular en la referida plaza”; sin embargo, Villena no actuó de la misma manera en el caso del fiscal Nicho, quien ahora liderará las pesquisas del Caso Vizcarra.