Nicanor Boluarte citado por la fiscalía en investigación por presunta corrupción: los detalles del caso

El tercer despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios de Lima citó para este 15 de agosto a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, investigado por presuntos actos de corrupción en los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y Educación (Minedu).

Según la disposición a la que accedió El Comercio, el 15 de julio, el fiscal anticorrupción José Caballero Miranda abrió investigación contra el hermano de la mandataria por el presunto delito de negociación incompatible.

Además, dispuso realizar las diligencias y requerir información a diversas entidades durante 90 días, a partir de la emisión de la medida fiscal. El plazo vencería el 13 de octubre de 2024.

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Junto a Nicanor Boluarte fueron incluidos en la investigación Maritza Sánchez Perales, exsecretaria de Dina Boluarte durante la campaña, así como Víctor Torres Merino, amigo de los hermanos Boluarte; y Kanebo Vargas Campos, exjefe de Lima Metropolitana del Programa Nacional Cuna Más (2021-2022), también por la presunta negociación incompatible.

Los hechos se habrían producido cuando Dina Boluarte se desempeñaba como titular del Midis y vicepresidenta de la República, por lo que también viene siendo investigada por estos hechos en la Fiscalía de la Nación.

Nicanor Boluarte es investigado también por la fiscalía por el caso los Waykis en la sombra". Se le sindica de ser el líder de la presunta organización criminal que habría actuado luego de que su hermana, Dina Boluarte, asumiera la presidencia de la República.

La pesquisa, según la disposición del fiscal Caballero, se vincula a las conversaciones que habrían sostenido los investigados y que fueron difundidas en diversos audios.

Los implicados conversarían sobre los pedidos a Boluarte para la designación de familiares a cambio del apoyo en la primera y segunda vuelta de la campaña electoral del 2021.

Según los audios, habría una propuesta de Nicanor Boluarte a fin que su supuesta sobrina “Vicky” sea designada en un determinado ministerio, que, según fiscalía, sería el Minedu tras su apoyo a la campaña.

De otro audio se desprendería la propuesta realizada por Víctor Torres Merino respecto a una eventual designación de un director (no identificado) ante la Unidad de Gestión Local (no especificada).

En tanto, en un segundo audio atribuido a Torres Merino, se le escucharía decir que “peleará” por la dirección del Instituto Peruano de Deporte (IPD).

Mientras que, en otra conversación atribuida por la fiscalía a Kanebo Vargas Campos, este manifestaría su propuesta para que “un familiar” que pertenecería al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) se incorpore a determinada entidad del Estado (no determinado).

Por ello, luego de analizar los hechos descritos, el fiscal consideró que existían elementos que debían ser investigados, bajo la comisión del presunto delito de negociación incompatible.

“Se verifica la existencia de cierto grado de sospecha mínima respecto a presuntos hechos de connotación penal, vinculados a: Maritza Sánchez Perales, Nicanor Boluarte Zegarra, Víctor Torres Merino y Kanebo Vargas Campos; por lo cual, de manera preliminar el accionar de dichas personas de interesarse en diversas contrataciones (MINEDU, MIDIS, IPD, otros), estaría vinculado a la presunta comisión del delito de negociación incompatible, no descartando que posteriormente y conforme al avance de la presente investigación preliminar, se pueda determinar la presunta comisión de otros delitos de nuestra competencia especial”

José Caballero Miranda, fiscal anticorrupción

Además de la declaración de Nicanor Boluarte Zegarra, programada para el 15 de agosto a las 11 de la mañana, el fiscal solicitó que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones del hermano de la mandataria, así como de su co-investigados. Dicha medida se aplicará para el periodo del 1 de enero del 2021 al 2 de abril del 2023.

Requerir el levantamiento del secreto de las comunicaciones de las personas investigadas, a fín de determinar la titularidad de las líneas telefónicas, así como el estado del servicio y el reporte de llamadas entrantes y salientes que registras durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 02 de abril de 2023. Emítase el requerimiento correspondiente.”

José Caballero Miranda, fiscal anticorrupción

De otro lado, los testigos y co-investigados deberán acudir al despacho fiscal para rendir su versión de los hechos. Por ello, Victoria Dávila Boluarte, sobrina de Nicanor Boluarte, fue citada como testigo para el 15 de agosto a las 9 de la mañana.

Mientras que los investigados Víctor Torres, Kanebo Vargas y Maritza Sánchez, fueron citados para el 16 de agosto.

El fiscal Caballero Miranda también dispuso que se solicite a la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana (DRELM), con carácter de urgente, que remita un informe respecto al vínculo laboral que habría tenido Maritza Sánchez.

Igualmente, solicitó que el Ministerio de Educación remita un informe detallado respecto a Victoria Dávila Boluarte y Víctor Torres Merino, precisando el vínculo laboral o de servicios con dicho sector o en alguna de sus entidades adscritas (Programa de Educación Básica para Todos, otros).

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) también deberá remitir información respecto al vínculo laborar o servicios que tienen o tuvieron Víctor Torres y Kanebo Vargas; y lo mismo deberá hacer el Instituto Peruano del Deporte (IPD) respecto a Torres; entre otras diligencias.

El Comercio buscó la versión de la defensa legal de Nicanor Boluarte, pero hasta el cierre de este informe el abogado Luis Vivanco, no respondió.

Mientras que Víctor Torres no respondió a su dos números telefónicos a los que se trató de contactarlo. En tanto, Kanebo Vargas afirmó que no se pronunciaría. “La investigación está en la fiscalía y no la puedo perturbar, por indicación de mi abogado”, dijo a través del área de prensa de la institución en la que labora.

Mariza Sánchez, por su parte, dijo a este Diario que la decisión de la fiscalía de levantarle el secreto bancario y de las comunicaciones, era “excesiva”, puesto que ella no solicitó los puestos de trabajo para terceros y tampoco tramitó ningún pedido.

“Yo no soy la interesada en esos puestos de trabajo. Si usted está viendo la transcripción ¿Quiénes son los interesados? Las otras personas, ellos han venido a verme como funcionarios (...) No es mi trabajo emplear a la gente; es más, en la DRELM (Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana) solo había dos cargos de confianza que ya estaban ocupados. Yo no podía meter gente. Por ello, jamás he mostrado interés, porque el delito (que se me atribuye) es mostrar interés para contratar, directa o indirectamente, y eso no se ha dado. Yo doy la cara porque yo no hice nada”, enfatizó.

Sánchez cuestionó que la fiscalía le haya abierto ésta y otras investigaciones después de que -dijo- rindiera su declaración para colaborar con la justicia y que recientemente se le notifica de la nueva pesquisa tras haber mostrado interés en participar en la vida política.

“Es desmesurado y abusivo el que quieran levantarle a una persona el secreto bancario, como que yo fuera lavadora de activos. Es excesivo que me estén levantando el secreto de las comunicaciones”, señaló.

Sánchez dijo que tiene “temor” de que algo le suceda debido a su testimonio respecto a los presuntos actos de corrupción denunciados. “Yo no estoy en falta. No soy la interesada en esos puestos de trabajo, porque en eso está la diferencia, entre el delito y la inocencia”, insistió.

La pesquisa se inició luego que la Fiscalía de la Nación derivó parte de la investigación seguida contra la presidenta Dina Boluarte por la presunta designación y favorecimiento en el Midis y el Minedu, a personas que apoyaron su campaña, según diversos audios entre los implicados que fueron difundidos en su momento.

Por ello, a través de una disposición del 21 de marzo del 2024, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, consideró que “la presunta actuación de carácter ilícito de Nicanor Boluarte Zegarra, Maritza Sánchez Perales y Kanebo Vargas Campos, a mérito de presuntos diálogos que guardan relación con la eventual incorporación de personas en entidades del Estado solicitadas e indicadas a Marítza Sánchez Perales”, no eran de competencia de su despacho.

“La Fiscalía de la Nación no es competente para conocer la denuncia conforme al relato que se desprende de los mismos y; corresponde disponer su derivación al despacho fiscal competente para que se avoque al conocimiento de los mismos. Asimismo, es preciso anotar que si como resultado de las actuaciones que despliegue el despacho fiscal competente, se aprecie alguna actuación irregular de algún alto funcionario que goce la prerrogativa del antejuicio político, remitiría copias certificadas a fin de proceder conforme corresponda”, señaló Villena Campana.