Susana Villarán pide a la Municipalidad de Lima que pague su defensa legal en un proceso pendiente por colusión y negociación incompatible

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán ha solicitado formalmente que la comuna metropolitana le pague los gastos que irroga su defensa legal en un proceso judicial que todavía sigue pendiente en su contra por presuntas irregularidades en obras durante su gestión en la Plaza de la Bandera.

Según el documento de fecha 16 de julio , al cual tuvo acceso El Comercio, Villarán de la Puente pide a la Municipalidad de Lima que se le brinde la defensa legal institucional que le corresponde por su calidad de exalcaldesa.

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Precisa que se encuentra actualmente imputada en un proceso que se encuentra en etapa intermedia de control de acusación ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios.

Susana Villarán detalla que la fiscalía anticorrupción a cargo de este caso por presunta colusión agravada y negociación incompatible se abogó a un caso ocurrido durante su gestión como alcaldesa de Lima entre los años 2011 y 2014 por presuntamente otorgar valorizaciones adicionales a favor del Consorcio Villa en una obra de la Plaza de la Bandera.

“Actualmente, el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento del caso, pero la Procuraduría ha formulado oposición, por lo cual el proceso continúa”, precisa la exalcaldesa.

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De acuerdo a otro documento mostrado en el programa “Al final del Día”, de Canal N, la exalcaldesa incluye en su solicitud una propuesta de defensa legal valorizada en 31 mil soles, los cuales espera sean asumidos por la comuna metropolitana. Adicionalmente, incluye firmados compromisos de devolución en caso no sea hallada responsable y la sea ordenado por la autoridad competente, y de reembolso de este monto si es que ocurre lo contrario y sí se determina que cometió estos delitos.

Cabe recordar que Susana Villarán actualmente cumple 36 meses de impedimento de salida del país mientras enfrenta su juicio por el caso de los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas municipales, tanto en contra de la revocatoria como para su reelección.

Pese a estas restricciones y en aplicación de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, el juez Víctor Chávez Tamariz rechazó que se le imponga la restricción de comunicarse con testigos y coacusados por este juicio.