El TC elegirá a su nuevo presidente: ¿Cuáles son los principales casos pendientes?

Según fuentes de El Comercio, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse se perfila como el sucesor del actual presidente Francisco Morales, quien concluye su mandato este 5 de setiembre.

Otras fuentes no han descartado que la sorpresa pueda darla la magistrada Luz Pacheco, como una de las candidatas para ocupar la presidencia.

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Todo se maneja en reserva desde el interior del TC. “Morales apoya a Gutiérrez”, han comentado las fuentes.

Lo cierto es que, en el escenario de haber dos candidatos, sería electo aquel que obtenga la mayoría simple. Es decir, son cuatro votos necesarios para erigirse como nuevo titular del TC.

Si bien los siete integrantes del Pleno buscan la presidencia, en algún momento de su gestión, las alianzas al interior de dicho órgano autónomo hacen prevalecer las candidaturas e intereses de algunos.

En esa línea, Gutiérrez Ticse estaría buscado los votos necesarios para obtener las riendas del TC; y con ello, indicaron las fuentes, continuarían los lazos con el Congreso de la República.

Otras fuentes han comentado la posibilidad de que el magistrado Morales Saravia podría considerar reelegirse -siguiendo así los pasos de sus antecesores Javier Alva Orlandini y Óscar Urviola- pero sería solo para un período de un año.

En este tercer escenario, de existir tres candidatos, podría darse una segunda vuelta para la presidencia -como ocurrió en el 2016, con los exmagistrados Manuel Miranda, Ernesto Blume y Marianella Ledesma- y la presidencia se la llevaría quien obtenga tres votos.

Este Diario buscó la versión del magistrado Gutiérrez Ticse respecto a su intensión de llegar a la presidencia; sin embargo hasta el cierre de este informe no respondió.

Por su parte la magistrada Luz Pacheco no negó ni confirmó su postulación a la presidencia, por lo que indicó que todo se conocería concluida la elección.

“En este tema ocurre como con las sentencias: hasta que no se publique la decisión, todos son rumores. En cuanto se realice la elección tendrán los datos exactos”, comentó a El Comercio.

Morales Saravia no respondió a nuestras consultas hasta el cierre de este informe.

El magistrado Gustavo Gutiérrez es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, fue jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso de la República y también fue asesor parlamentario.

Gutiérrez Ticse fue electo por la actual conformación congresal por 97 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones.

Según el registro de afiliación política del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado fue uno de los fundadores del Frente Independiente Moralizador (2005 – 2007). Además, en el historial político de Infogob registra tres postulaciones a cargos públicos, sin haber obtenido un resultado favorable: Candidato al Congreso con el Frente Independiente Moralizador, por la región Junín. Además, fue candidato a consejero regional con el Movimiento Independiente Regional La Carita Feliz, por Junín; y, con Perú Posible postuló una vez más al Congreso por Lima.

Gutiérrez Ticse, además, fue fundador del Estudio de Abogados ‘Gutierrez Ticse Abogados & Consultores Asociados S.R.L.’ que asesoró al ahora alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; y al partido Renovación Popular.

Gutiérrez Tisce se ha caracterizado por opinar abiertamente sobre diversos casos que se debaten el TC. Uno de ellos fue sobre la situación del etnocacerista Antauro Humala y sobre el expresidente Pedro Castillo.

En el caso de Humala Tasso, durante una audiencia donde el pleno del TC revisaba una demanda del etnocacerista en junio del 2022, el magistrado “recomendó al abogado del sentenciado que recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Posteriormente, Gutiérrez Ticse decidió inhibirse de continuar participando en la causa.

Recientemente, en una entrevista para un canal de Youtube, Gutiérrez Ticse consideró que Castillo Terrones puede demandar al Estado Peruano por el proceso que se le siguió debido al golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Según el magistrado Castillo “leyó un mensaje a la Nación” disponiendo el cierre del Congreso. Además, cuestionó cuál sería el delito “por leer” y, adelantando su opinión, consideró que no existe el delito de “tentativa” de rebelión tal como lo ha señalado el Poder Judicial.

Además, aseguró que todo el proceso penal que se le ha seguido por el Golpe de Estado tendría que declararse nulo y ser sometido a un proceso parlamentario. Agregó que el exmandatario podría demandar al Estado Peruano ante instancias internacionales.

“A criterio mío, la detención ha sido inconstitucional porque no se han cumplido los presupuestos que exige la Constitución para la detención de un dignatario (…) Claro que sí (puede demandar al Estado), no sé si el objetivo sea una indemnización, probablemente aquí hay un tema más importante, el destino de un expresidente imputado de hechos delictivos que pueden llevar a una condena ¿no?”, dijo Gutiérrez Ticse.

Por su parte, la magistrada Luz Pacheco, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctora en derecho y profesora en la Universidad de Piura.

Se desempeñó como vocal del Tribunal Nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) antes de ser electa magistrada del TC.

Durante su elección obtuvo 92 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones del Congreso de la República y es la única mujer que actualmente integra el colegiado en el TC.

Pese a haber sido vinculada al Opus Dei, votó a favor de la demanda interpuesta por el productor y conductor de televisión, Ricardo Morán Vargas, permitiéndole inscribir a sus hijos ante el Reniec solo con sus apellidos, sin considerar la información de la madre.

Ello, enfatizando en su fundamento de voto que el Congreso debe legislar para que, aquellas personas que en su momento fueran inscritas sin el nombre de alguno de sus progenitores, pueda saberlo posteriormente “a través de un registro reservado al que pueda tener acceso”.

La magistrada fue la ponente de la resolución que ordenó ejecutar la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. Y, en una reciente entrevista con RPP, consideró que “hicieron lo correcto” al disponer su libertad, pese a las exhortaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“En lo jurídico, la decisión que tomamos es la que correspondía. Sigo pensando que hicimos lo correcto. Nosotros no dimos el indulto, ya había sido dado, lo que nos correspondía era ejecutar la sentencia”, dijo.

No obstante, también precisó que el indulto humanitario que se le otorgó al exmandatario, solo suprime la pena. “El indulto perdona la pena, pero no el delito”, afirmó.

Según su Declaración Jurada de Intereses, participó como asesora en la comisión de evaluación de los postulantes a la Junta Nacional de Justicia entre el 2019 y 2020. En el registro de proveedores del Estado también figuran dichas órdenes de servicio.

La nueva conformación del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) deberá resolver diversos casos de impacto político, jurídico y social que aún están pendientes de resolverse, pese a que ya fueron evaluados en audiencias.

Uno de ellos es la demanda competencial que interpuso el Congreso de la República contra el Poder Judicial, por haber ordenado la reposición de los abogados Inés Tello y Aldo Vásquez como titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La resolución de la causa, en el papel, tenía como plazo para emitir pronunciamiento a fines de agosto. Sin embargo, hasta el momento el Pleno del TC no ha tomado una decisión, indicaron las fuentes, debido a que aún no cuentan con los cinco votos necesarios para declarar fundada la demanda del Legislativo.

También está pendiente de emitir pronunciamiento sobre dos demandas de hábeas corpus interpuestas por el prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, contra sus procesos judiciales y sentencias por corrupción.

También está una demanda interpuesta por el exasesor de Fuerza Popular (FP) José Chlimper Ackerman, quien ha cuestionado la vulneración a sus derechos fundamentales en el “Caso Cócteles”. Por ello, solicitó que el caso se retrotraiga hasta antes de la acusación formulada en su contra y se aparte del caso al fiscal José Domingo Pérez.

Mientras, entre las causas que aún están para que el Pleno del TC señale fecha para escuchar las demandas en una audiencia pública, se encuentra dos demandas interpuestas por la presidenta Dina Boluarte.

Se trata de un recurso de hábeas corpus contra la investigación que se le sigue por el “Caso Rolex” debido al allanamiento que realizó la Fiscalía de la Nación a su domicilio; y el segundo, una demanda de amparo contra la investigación que se le sigue por las muertes producidas durante las protestas en el 2023.

Vinculado también al gobierno actual, el Ejecutivo presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial, cuestionando las investigaciones seguidas a Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República. Por ello, ha demandado que el TC interprete el artículo 117 de la Constitución respecto a la investigación contra un presidente en ejercicio.

Otro caso que deberá resolver es la demanda de Inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra el Decreto Legislativo 1373, vinculado al procedimiento de Extinción de Dominio.

También tiene pendiente recursos de amparo y hábeas corpus presentados por la lideresa de Fuerza Popular (FP) Keiko Fujimori, a través de su abogada Giulliana Loza, contra el “Caso Cócteles” y presuntos aportes ilícitos de Odebrecht.

Además, el recurso del expresidente Martín Vizcarra, mediante el que busca anular la inhabilitación de cinco años que le impuso el Congreso por su vinculación a empresas privadas cuando se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Junto a ello, también deberá analizar las demandas que presentará el Ministerio Público -como lo anunció- contra la Ley N° 6951/2023- CR, “Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra”; y contra otros cuatro decretos legislativos que a su consideración socavan las atribuciones y funciones de la fiscalía.

El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, señaló que durante los dos primeros años del actual pleno del Tribunal Constitucional (TC) han demostrado que no están a la altura de las circunstancias, puesto que con sus fallos han demostrado estar de parte de “ciertos poderes”.

En contexto, Maldonado señaló que el Tribunal Constitucional, como órgano, tiene una labor fundamental que va más allá de interpretar la Constitución, ya que la Carta Magna es un “edificio sin vida” que cobra realidad, fuerza y legitimidad, con la labor del TC, a través de una política constitucional.

Por tanto, consideró que su labor es buscar la consolidación y aporte a la camino democrático, por tanto debe integrar todos los valores y principios incluso; los que están más allá de la normativa constitucional interna. Ello, yendo en consonancia con el derecho internacional, la incorporación de Derecho Penal Internacional y de normas del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, indicó, marcar “una luz de la ruta” que debe seguir un país para consolidar el estado constitucional.

En esa línea, Maldonado Paredes consideró que con decisiones trascendentes, adoptadas en los últimos dos años por la mayoría del TC, han demostrado tener la autonomía en una actualidad donde se evidencia la captura del poder en el Congreso o el Ejecutivo.

“Este Tribunal Constitucional no está a la altura de las circunstancias, a pesar de dos de sus magistrados César Ochoa Cardich y Manuel Monteagudo, del resto del grupo no están cumpliendo la tarea, en un contexto, como el que vive el Perú, donde hay un grave o serio ataque de la criminalidad organizada contra el Estado de Derecho. En un contexto caracterizado por la captura de poderes del Estado como el Congreso, el Ejecutivo o entidades independientes como al Defensoría del Pueblo que ha sido capturado por intereses contrarios al Estado de Derecho.”

Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción.

Uno de los casos más cuestionados, señaló el exprocurador, fue disponer la libertad del expresidente Alberto Fujimori, decisión que desconocía las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y “de abierto desconocimiento del cumplimiento de derecho internacional, de una dolosa y deliberada ceguera jurídica de parte del Tribunal Constitucional frente al sus obligaciones internacionales”.

“Yo no puedo admitir que sea solamente a una interpretación de desconocimiento de la ley yo señalo que hay una actuación dolosa del Tribunal Constitucional que lleva incluso a un acto de prevaricato; esa sentencia es la muestra de lo que es el Tribunal Constitucional y que muestra complacencia con el poder de facto capturado por algunos grupos que están en el Congreso”, comentó.

En otros casos resueltos, señaló Maldonado, el TC ha demostrado que no tiene una política constitucional ya que sus fallos van en consonancia con los requerimiento de un poder como el Congreso.

“Nada nuevo, ni positivo espero yo de este Tribunal Constitucional, excepto su ya probada vocación de servir al poder de facto, de hacer construcciones arbitrarias e ilegítimas, sobre falacias y no sobre argumentos jurídicos”, advirtió.

En esa línea, consideró que el futuro que se avisora en el TC, es que realizará “una labor de desarme y desnaturalización” de lo poco que se ha avanzado en materia constitucional que ya habían forjado sus predecesores. Y por el contrario, dijo, continuará generando “deterioro, agregando más combustible del que ya existe en los bosques de la constitucionalidad peruana”.

“Van a continuar con sus decisiones lesionando competencias del Poder Judicial, revirtiendo sus decisiones y atribuyendo competencias a otros poderes que no le corresponde, generando arbitrariedad y abuso de poder del Congreso, desvirtuando los principios de la separación de poderes”, expresó.

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, señaló que la gestión del Pleno del TC, que ha cumplido dos años, ha sido “positiva”.

El exmagistrado explicó que contar con la presencia de un Tribunal Constitucional en líneas generales, marca su importancia en sus intervenciones, sobre todo a través de sus decisiones competenciales entre instituciones del Estado y como garante del orden constitucional del Estado de Derecho.

“Creo que en términos generales ha sido positiva la actuación de este nuevo colegiado que ya cumple dos años”, señaló.

En ese contexto, rescató que la actual conformación no solo ha enfatizado en la resolución de diversos casos; sino también de mejorar la infraestructura para el cumplimiento de sus labores jurisdiccionales y administrativas.

De otro lado, sostuvo que la vinculación que se hace en la opinión pública entre el actual TC y el Congreso de la República, “es una apreciación muy subjetiva” que podría tener su origen en la forma cómo se eligen a los magistrados del TC.

En ese sentido afirmó que el Parlamento tiene la facultad constitucional de elegir a los magistrados del TC, y que ello debe ser así puesto que sus integrantes deben tener un mandato popular a través del Congreso para tener la facultad de expulsar del ordenamiento jurídico las leyes que son inconstitucionales.

Empero, aseguró que los magistrados del TC, “están sujetos al deber de ingratitud”, que es un principio arraigado, en virtud del cual los magistrados electos por el Congreso o por el Ejecutivo, no se deben a esos electores; sino que se deben a la función o misión para la que han sido elegidos que es el control de constitucionalidad.

“Por tanto, que hayan sido elegidos por el Congreso de la República no los obliga a mantener o tener vínculo de gratitud con sus electores; sino, más bien de cumplir con el control del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional es un árbitro dentro de los poderes del Estado; y si últimamente ha tenido que dictar sentencias reconociendo las facultades del Congreso de la República, eso no puede ser interpretado de ninguna manera como estar devolviendo el favor de la elección.”

Óscar Urviola, expresidente del TC.

Urviola Hani recalcó que los fallos a favor del Congreso no significan que los magistrados están respondiendo con obediencia a los mandatos del Congreso de la República; sino que lo hacen en cumplimiento a sus funciones que le corresponde como TC.

Finalmente, dijo que espera que en lo sucesivo, el TC actúe con apego al orden constitucional.

“Yo estoy convencido de que así será y en los casos que usted ha citado (que están pendientes) se resuelvan oportunamente para que la crisis que se genera por incertidumbre, esperando sus resultados, no se prologue más. Confiemos en que el Tribunal Constitucional debe actuar como manda la Constitución, en estricto apego a sus normas para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho”, comentó.