Muy poco cambió después de media hora de exposición. Al contrario, el testimonio de los fiscales solo había reforzado la principal preocupación de la justicia de Estados Unidos: que el expresidente Alejandro Toledo saliera en libertad y no se lo volviera a ver.
“Ordeno que el señor Toledo continúe detenido”, decretó el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California. Las camisetas blanquirrojas se agitaron fuera del edificio federal Phillip Burton, en el centro de San Francisco.
A la salida de la sala, un grupo de peruanos asistentes a la audiencia aplaudía el resultado y agradecía al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, presente entre el público cual invitado silencioso.
Eliane Karp, quien venía detrás, arremetió furiosa. “¡Mentiroso! ¡Hijo de puta!”, dijo con un acento belga inconfundible. “Vela, ¡eres un ladrón!”. Sus acompañantes, no identificados, tuvieron que hacerla a un lado, mientras Joseph Russoniello, abogado de Toledo, intentaba dispersar al resto de la prensa.
Toledo le había dedicado una sonrisa a su esposa al ingresar a la sala de la audiencia. Ahora volvían a llevarlo a prisión.
—Rojo presidiario—
Los colores en prisión denotan el estatus de un recluso. Naranja: preso común; blanco: condenado a muerte; rojo: alto riesgo. Alto riesgo de fuga, según argumentó la fiscal federal Elise LaPunzina, quien representó a Estados Unidos en la audiencia y, por lo tanto, a sus socios en tratados de extradición.
El concepto de libertad bajo fianza ya es antitético en un proceso internacional de extradición. Como redactó la fiscalía federal el jueves en un memorándum, Estados Unidos tiene un “interés primordial” en cumplir las obligaciones establecidas en el tratado.
“La extradición no se trata de una adjudicación de culpa en los casos que se investigan, sino de encontrar causa probable para extraditarlo y que la investigación continúe en el Perú,” explicó LaPunzina.
Por encima de eso, la fiscal federal argumentó que su pasaporte vencido y sin viajes desde el 2017, la falta de arraigo en forma de propiedades en la bahía de San Francisco y la cantidad de dinero que maneja Toledo forman un “riesgo de fuga significativo” del expresidente.
Agregó un detalle desconocido hasta el momento: cuando el FBI fue a buscarlo la mañana del martes a su casa en Menlo Park, Toledo tenía consigo un maletín con US$40.000, dinero de fuente no identificada. Hixson, de cabello blanco y lentes sin marco, se preguntó si se trataba de un plan de contingencia para escapar. “Esa podría ser una interpretación”, dijo LaPunzina.
—Sano y sagrado—
Configurada en diagonal, la sala del juez está cubierta en madera, desde las paredes hasta el mobiliario y las bancas para la audiencia, largas como las de una iglesia. En cuatro de ellas entraron unas 45 personas, una de ellas Eliane Karp, quien le enviaba besitos volados a su esposo desde la tercera fila.
Después de oír la exposición de la fiscal, a su derecha, Hixson se dirigió al acusado. Jorobado y un poco cabizbajo, pero siempre atento, Toledo no dijo una palabra. Russoniello, a su lado, le había preparado una defensa por todos los flancos. Según el abogado, no había “riesgo moral” de fuga. Bastaba con saber quién es el expresidente.
Russoniello pasó a exponer la vida de Toledo desde que llegó a la Universidad de San Francisco, en 1969, con media beca para jugar fútbol y un trabajo en un grifo. Contó cómo estudió sus maestrías en Stanford, donde ha pasado buena parte de su vida académica, y casi la mitad de su vida adulta. De eso, argumentó, se trata el arraigo. “Cuando fue presidente, la economía mejoró en el Perú”, continuó. “Bill Clinton y otros lo suscriben en su libro [‘La sociedad compartida’] donde explica todo lo que hizo como presidente”.
En la parte más apasionada del argumento, Russoniello defendió los orígenes indígenas de Alejandro Toledo y lo que tuvo que atravesar por ello, y cómo sorteó amenazas del fujimorismo a fines de los noventa. “Es una persona extraordinaria”, aseguró.
También dijo que eran el prejuicio y la hostilidad fujimoristas los que le impedirían conseguir justicia en el Perú. “El señor Toledo cree que solo la encontrará en las cortes de Estados Unidos”, acotó.
Hixson intervino con la pregunta que faltaba: si Toledo era moralmente incapaz de fugarse, ¿para qué era el dinero de la maleta?
“El dinero era guardado por Eliane Karp, y era el dinero del que vivían”, explicó el abogado. “Todas sus propiedades han sido expropiadas, e incluso su pensión ha sido suspendida. ¡Ni siquiera a O.J. Simpson se le confiscó la pensión!”.
En las réplicas, LaPunzina espetó que Toledo no se había movido de EE.UU. en todos estos años por el temor a la orden de arresto en su contra. Su pasaporte, vencido en junio, ni siquiera ha sido renovado.
Según Russoniello, “Toledo habría sido un tonto si hubiera viajado a otro país donde pudiera ser arrestado por Interpol, que lo habría mandado a un país donde no se respetan sus derechos”.
Hixson había escuchado suficiente. Sin mayor preámbulo, ordenó que Toledo continúe detenido en la prisión del edificio Phillip Burton.
Tras la decisión del juez, Russoniello solicitó retirarse de la representación de Toledo. Este alejamiento –cuyas causas no han podido ser consultadas con el abogado– deberá ser aprobado por los jueces de la sala, quienes deberán determinar el estado de insolvencia del expresidente antes de aprobar el ingreso de un abogado público en su defensa.
La resolución de ese tema y el desarrollo de los siguientes pasos en el proceso de extradición han sido programados de manera preliminar para el viernes 26 de julio a las 10:30 a.m., en la misma sala.
Alejandro Toledo aún puede apelar el fallo, pero la situación de su defensa debe resolverse primero.