Carlos Gallardo: cuando el hoy titular del Minedu afirmó que la educación no era un servicio público esencial

Como decano del Colegio de Profesores del Perú, Gallardo presentó en agosto del 2007 una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 29062, que modificó a la otrora Ley del Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial. En su escrito, el hoy ministro cuestionó que dicha norma considere que los profesores prestan un servicio público esencial.

“La ley 29062, en su artículo 3, considera la educación servicio educativo esencial, lo que atenta contra el ejercicio del derecho a la huelga […]”, manifestó Gallardo en la demanda. Refirió también que la norma “tiene como único fin que los profesores no ejerciten este derecho” y que “la cuestionada norma resulta inconstitucional, pues los servicios esenciales solo son aquellos cuya interrupción podrá poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas […]”.

Dicha norma establecía también el requisito de no tener condena o estar incurso en proceso penal por delito doloso para postular a la carrera pública magisterial, así como el retiro de docentes que desaprueben –incluso tras ser asistidos con capacitación pedagógica– por tercera vez su evaluación, entre otras medidas. Mas para Gallardo, todo ello era inconstitucional.

En diciembre del 2008, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Por ejemplo, el organismo señaló que “la educación posee un carácter binario, pues no solo constituye un derecho fundamental, sino también un servicio público” que no afecta el derecho a la huelga, el cual tiene límites. Y recordó que ello ya había sido establecido en una sentencia del 2004 sobre otro caso, en la Ley General de Educación (2003) y que incluso en marzo del 2007 se publicó otra ley que expresamente declaró a la educación básica regular como servicio público esencial.

El TC también resolvió que el hecho de despedir a docentes por desaprobar evaluaciones de desempeño no es inconstitucional ni afecta la estabilidad laboral, pues se busca garantizar el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y tener profesores idóneos.

La ley 29062 fue derogada en noviembre del 2012 con la publicación de la Ley de Reforma Magisterial, que está vigente y también considera a la educación como un servicio público esencial.

El constitucionalista Erick Urbina explicó a El Comercio que, de acuerdo a la jurisprudencia, los servicios públicos esenciales son aquellos que en caso de ser interrumpidos ponen en peligro la vida, salud y seguridad de las personas, como el agua, el acceso a las comunicaciones y energía eléctrica.

“También están aquellos servicios que, en caso de ser interrumpidos, ponen en crisis la seguridad nacional, las condiciones mínimas para vivir. Hay un tercer elemento en el que se ha amparado el TC para afirmar que la educación es un servicio público esencial: tienen que tener una importancia trascendental para la vida normal de una sociedad. El Estado tiene que garantizar la idoneidad, adaptabilidad y continuidad del servicio. No se contrapone con el derecho a la huelga, los maestros lo pueden hacer, pero el Estado tiene que prever y si es que peligra el año escolar el Estado tiene la obligación de contratar a otros docentes o cubrir esas plazas de tal manera que no se vulnere el derecho esencial a la educación”, agregó.

Diálogo con antecesor

Gallardo aún no brinda declaraciones públicas sobre los lineamientos de su gestión. El último martes, sin embargo, sostuvo distintas reuniones, una de ellas con su antecesor Juan Cadillo. Este, según el registro de visitas del Minedu, permaneció en el lugar entre las 9:49 a.m. y 2:37 p.m.

Cadillo comentó a El Comercio que acudió al ministerio para entregar informes, pero que como hubo fallos en el sistema tuvo que permanecer casi toda la mañana en el ministerio. Precisó que, hacia las 11 a.m., solo dialogó por unos 15 minutos con Gallardo sobre los avances de la gestión saliente, el proceso de retorno a clases presenciales, normativa para el desarrollo docente, centros comunales digitales, educación superior y otros asuntos.

Si bien indicó que no hablaron de meritocracia ni de la ley de reforma magisterial, Cadillo señaló que el titular del Minedu aseveró que su objetivo es seguir mejorando la calidad educativa.

“[El martes] me dijo que su objetivo es elevar la calidad educativa”, comentó Cadillo. “Una cosa es cuando uno es sindicalista y otra muy distinta cuando se es autoridad. Hay que esperar para ver su postura en ese sentido. Creo que, al contrario, va a continuar con las cosas que se han ido estableciendo y con los criterios de calidad. Esa es la sensación que me llevo”, dijo en otro momento consultado sobre la postura que tuvo el hoy titular del Minedu en el 2007 con la demanda ante el TC.

Mientras por estos días el ministro tiene un perfil público bajo, distinta actitud tuvo en los últimos años al ser activo participante en conferencias, conversatorios y plantones convocados por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Esta es una organización gremial del magisterio fundada por el presidente Pedro Castillo y que le sigue al otrora Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare-Sutep), organización radical magisterial que ha sido vinculada al Movadef.

“La lucha gremial tiene que seguir dando la batalla por lo laboral, salarial, pero tiene que hacerse social también, tiene que hacerse política también. Hay que ir más allá de lo gremial, hay que asumir la lucha política”, manifestó Gallardo, por ejemplo, el 18 de noviembre del 2020 durante un plantón convocado por el Fenate en los exteriores del Ministerio de Educación.

Otras reuniones

Entre otras reuniones, el ministro Carlos Gallardo dialogó el martes con Rogger Chipana, excandidato congresal del partido Unión por el Perú (UPP) por Apurímac en las elecciones 2021 y promotor de la liberación de Antauro Humala. También participó en manifestaciones a favor del voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabezó Guido Bellido, congresista de Perú Libre, y en una condecoración a favor de este último por su labor en favor de las mujeres.

El registro de visitas da cuenta de que Chipana tuvo una “reunión de trabajo” con Gallardo desde la 1:51 p.m. hasta las 3:30 p.m.

El ministro también recibió a Julio ‘Coyote’ Rivera, exfutbolista de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, desde las 2:39 p.m. hasta las 15:25 p.m., según el registro. Rivera postuló también en las últimas elecciones al Congreso por UPP, pero representando a Lima.

“Ha sido una invitación, quería conocerme. Fue por intermedio de un amigo, Rogger [Chipana]. Hablamos de deporte, de mi experiencia, nada más. Más que todo como yo tengo escuela de fútbol, formación de niños, más que todo cómo lo llevaba. Habremos estado unos diez minutos”, contó Rivera a este Diario.

Gallardo también recibió a Gregorio Durand, presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Apafas del Perú (Conapafas), quien sugirió una nueva ley de Apafas (asociaciones de padres de familia), una ley de escuela de padres de familia, la creación de centros médicos escolares, entre otras propuestas.

Durand comentó a este Diario que se conversó también del inicio de clases semipresenciales a partir de marzo del 2022, para lo que planteó reparaciones y limpieza en los colegios públicos.

El ministro conversó también con Edward Flores Alarcón, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Administrativos del sector Educación del Perú (Contase) sobre demandas de este gremio referidas a remuneraciones y capacitaciones.

“El ministro de Educación ha establecido claramente que tiene claro el tema de la comunidad educativa, el respeto a la ley de reforma magisterial y a la meritocracia […] Una cosa es con guitarra y otra con cajón, hoy es ministro. Antes, de repente se ha manifestado como un ciudadano más o representante de alguna institución”, sentenció Flores.

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