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El CNM tras los audios, la vida después de la emergencia [Crónica]

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La sala donde los candidatos eran entrevistados hoy es ocupada por personal de la contraloría. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Han pasado siete meses desde que el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) fue declarado en emergencia el 24 de julio de 2018. Sus miembros titulares fueron “removidos del cargo por causa grave declarada por el Congreso”. El detonante: el escándalo de corrupción de los CNM audios, que reveló que jueces y fiscales negociaban e intercambiaban favores con miembros del CNM.

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Las siglas del extinto CNM aún están escritas en diversas partes del edificio. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

El local de Paseo de la República 3295, en San Isidro, ha dejado de tener el nombre de Consejo Nacional de la Magistratura en la fachada. Pero en el pasadizo de la entrada aún quedan las huellas de sus siglas inscritas en la pared y un cartel que informa de las funciones del CNM que tiene escrito el hashtag “SomosUnNuevoCNM”, un eslogan que viene de la gestión de los tristemente célebres “hermanitos”.

Después de meses de debate de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta fue finalmente aprobada por el Congreso, pero aún no ha sido promulgada. La emergencia del CNM se declaró hasta por nueve meses y aún le quedan dos. Mientras tanto, el antes consejo –o lo que queda de él– sobrevive en un proceso de reestructuración y reevaluación, y prepara un caudal de tareas que heredarán sus futuros representantes.

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El CNM tenía 280 trabajadores y hoy quedan 110 para tareas administrativas. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Reestructuración
La institución no está paralizada. Sigue operando sin consejeros, pero con un personal reducido aunque activo. Cuando se declaró en emergencia, tenía 280 trabajadores y hoy son 110. Solo quedan los necesarios para las tareas administrativas.

Buena parte de las oficinas están vacías y las computadoras, apagadas. Cada consejero, por ejemplo, tenía dos asesores –uno del CNM y otro, personal–, una secretaria, un chofer y dos guardaespaldas –que les da el Ministerio del Interior–. El asesor personal se fue con el consejero destituido (eran cargos de confianza), pero el resto se distribuyó en otras áreas.

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Los escritorios han quedado vacíos y las computadoras apagadas. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

“El asesor de planta, la secretaria y el chofer quedaron sin hacer nada y los han reubicado; nadie ha estado ocioso. Nos hemos dedicado hasta fines de noviembre a responder pedidos de información a la fiscalía, Poder Judicial, procuraduría”, señala una fuente de la JNJ que prefiere mantener su nombre en reserva.

El CNM tenía tres sedes. En el local de Miraflores, despachaban los consejeros y su equipo (ahora está lacrado por la fiscalía). En el local de San Borja, estaba el archivo de documentos y expedientes previos al 2015, pero ya no se usa y son S/12 mil menos de gasto de alquiler. Ahora todo está en Paseo de la República, pero dentro de poco se mudarán al nuevo edificio de al lado: 12 pisos de altura y cinco sótanos. Ahí despacharán los futuros miembros de la JNJ.

Además de las funciones ordinarias que han de ejercer, heredarán los procedimientos en curso pendientes de culminar y tendrán el trabajo de revisar las decisiones irregulares de la anterior gestión.

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Pronto los trabajadores de la Junta Nacional de Justicia se mudarán al edificio de al lado. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Funciones en suspenso
El desactivado CNM no ha dejado de recibir quejas por inconducta funcional contra jueces o fiscales. “Nosotros extendemos un oficio al jefe de la OCMA o a Control Interno de la fiscalía”, cuenta un funcionario de mesa de partes.

Ambos órganos aplican sanciones menores (amonestaciones, multas, suspensiones) a los jueces o fiscales que no son supremos. Pero la destitución por faltas disciplinarias muy graves es una medida que no se puede aplicar sin miembros de la JNJ.

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Casos pendientes que deberá heredar la nueva Junta Nacional de Justicia.

“No pueden ser inmediatamente separados del cargo porque no hay autoridad que lo haga”, señala el jefe de la OCMA, Walde Jáuregui. Desde julio del año pasado a enero de 2019, la OCMA ha propuesto destituir a 36 jueces. Los pedidos han sido derivados a la Presidencia del Consejo Ejecutivo, pero no pueden tramitarse sin JNJ.

En el caso de la fiscalía, de julio a la fecha, Control Interno ha solicitado destituir a ocho fiscales a la Junta de Fiscales Supremos, dos fueron aprobados por esta última en agosto y diciembre. Ahí esperan los expedientes hasta que una JNJ los tramite y, eventualmente, confirme. “Esta situación no permite depurar a los operadores jurídicos que no reúnan la idoneidad, probidad para estar en el cargo y eso genera incertidumbre en la ciudadanía”, señala la jefa de Control Interno, María Isabel Sokolich.

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El Consejo Nacional de la Magistratura guarda copias de las convocatorias de los magistrados. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Ahora no todo se reduce a destituciones. El CNM también veía nombramientos y ratificaciones, pero la ley que lo declaró en emergencia suspendió varios de estos procesos. Postulantes que incluso pasaron todas las etapas del concurso hasta la entrevista personal –última fase– no pueden ser nombrados hasta que lleguen los miembros de la JNJ. “Se quedaron, como se dice ‘en la puerta del horno’”, sostiene Sokolich.

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Algunas de las oficinas se encuentran lacradas por disposición de la contraloría. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

Sobre las plazas que faltan llenar, información de la JNJ precisa que, hasta julio del 2018, había en el Poder Judicial 208 plazas vacantes pendientes y en el Ministerio Público, 860. Hasta que no se instale la JNJ, no hay quien haga una convocatoria.

Asimismo, queda pendiente el concurso para reemplazar al jefe del Reniec, Jorge Luis Yrivarren, que debía darse en octubre del año pasado. Este año, además, 1.660 magistrados, entre jueces y fiscales, cumplirán siete años en sus cargos, por tanto, deberán ser sujetos a un procedimiento de ratificación.

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Varios procedimientos en curso fueron suspendidos con la ley de emergencia del antiguo CNM. (Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

“¿Podrán hacer todo a la vez? Lo que se viene es un panorama de mucho trabajo y yo no sé sinceramente si se va a poder cumplir; a veces, las normas son muy ideales y van divorciadas de la realidad”, señala Sokolich sobre la carga pendiente que los futuros miembros de la JNJ deberán gestionar.

—Revisión de casos de anterior gestión—
La Ley 30904 que aprobó la nueva JNJ, en base a los resultados del referéndum, señala que los futuros miembros de la JNJ deberán revisar en no más de 18 meses, los “nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República”, donde existan “indicios de graves irregularidades”.

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La institución recibe varios pedidos de información. Debe entregar copias de lo que le soliciten. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

Entre marzo del 2015 y julio del 2018, participaron para una plaza de juez o fiscal 1.453 postulantes: 726 jueces y 727 fiscales. Pero de estos solo podrán revisarse los que tienen “indicios graves de irregularidades” y no hay una lista de cuántos son. Sí estarían incluidos, según cuenta una fuente de la JNJ, los que aparecen en el escándalo de los CNM audios y quienes tienen una denuncia de parte en su contra.

Para que la Junta Nacional de Justicia empiece a operar es necesario que el Congreso envíe la autógrafa de ley al Ejecutivo. No obstante, aún está pendiente que la Comisión Permanente revise el documento antes de derivarlo al gobierno.

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