La Comisión de Constitución del Congreso debatió y aprobó por mayoría este viernes el dictamen sobre la inmunidad parlamentaria, el mismo que difiere del proyecto que sobre ese tema presentó el Ejecutivo y que fue elaborado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.
La propuesta gubernamental planteaba que no sea el Congreso el que autorice el levantamiento de la inmunidad cuando un parlamentario sea condenado por un delito penal, sino el Poder Judicial. Sin embargo, la comisión presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular) aprobó por mayoría el dictamen que señala que ese Poder del Estado siga siendo el único que puede levantar el fuero.
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El documento aprobado solo establece plazos perentorios para que el Congreso, a través de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad y el pleno, decida si levanta el fuero de un congresista a solicitud de la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen fue aprobado con los votos de María Melgarejo, Milagros Takayama, Gladys Andrade, Karina Beteta, Ángel Neyra, Mario Mantilla, Luz Salgado (todos ellos de Fuerza Popular), Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).
Se opusieron a esa dictamen los congresistas Miguel Torres (Fuerza Popular), Gino Costa (Bancada Liberal), Indira Huilca, Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio).
Este lunes, el documento será sometido a debate y votación en el pleno del Congreso. Su aprobación implica modificar el artículo 16 del reglamento del Congreso, sobre inmunidades de arresto y de proceso, para que los pedidos de levantamiento del fuero se resuelvan en menos de un mes; y el artículo 93 de la Constitución.
Los congresistas Indira Huilca, Gino Costa y Jorge Meléndez señalaron que el dictamen aprobado significa un retroceso, pues ahora se necesitará que haya sentencia firme contra un parlamentario para levantarle la inmunidad. “Esto no estaba en el reglamento ni en la Constitución y beneficia al congresista sentenciado en primera instancia”, manifestó Costa.
Los congresistas Alberto Quintanilla y Miguel Torres discreparon con el hecho de que el mismo Congreso autorice el levantamiento de la inmunidad. “Un tercero independiente debe ser el que levante la inmunidad por casos de delitos penales y debería ser el Tribunal Constitucional”, dijo Torres.
En tanto que Meléndez manifestó que el dictamen aprobado no respeta el compromiso ético que se tomó cuando se aprobó la cuestión de confianza.