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El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, su ex presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar y al resto de su gabinete por la disolución del Poder Legislativo del 30 de setiembre del 2019.
El parlamentario presentó su acusación ante la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, en la que incluye a Salvador del Solar y al resto de los ministros de aquella época como Vicente Zeballos (Justicia), Jorge Moscoso (Defensa), Carlos Morán (Interior) y otros.
Contra Vizcarra Cornejo, el texto lo sindica de no haber permitido el funcionamiento del Congreso de la República al impedir la elección de miembros del Tribunal Constitucional que se realizaba aquel día.
En segundo lugar, lo denuncian por disolver “de forma ilegal e inconstitucional” el Parlamento antes que concluyera la votación en la cual aseguraban que aprobaban la cuestión de confianza que había solicitado Salvador del Solar, entonces primer ministro, pidiendo que se transparente el proceso de elección de integrantes del TC.
Denuncia de Alejandro Muñante contra Martín Vizcarra.
A Del Solar lo acusan de ingresar “de manera irregular” a la sala de sesiones del Legislativo para solicitar su cuestión de confianza sin ser convocado, y también por plantear una cuestión de confianza por la elección del TC, labor que aseguran es competencia exclusiva del Congreso.
Para justificar su denuncia, Alejandro Muñante menciona la sentencia del 19 de junio del 2023 en la que el Tribunal Constitucional resuelve que el Congreso es el que interpreta el rechazo de la cuestión de confianza.
En esa línea, señala que el fallo del TC anterior del 14 de enero del 2020 que validó la disolución del Parlamento cayó en “excesos” al señalar que el Ejecutivo podría interpretar las acciones del Congreso y asumir una “denegatoria fáctica” de la confianza por más que haya un voto a favor de otorgarla.
Muñante asegura en su documento que no hay cosa juzgada que impida procesar a Martín Vizcarra y su gabinete ministerial porque se trata de un “acto político” y no una inconstitucionalidad de una ley.
